Confinamiento de comunidades registró el nivel más alto de los últimos ocho años, según informe de CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó que la situación humanitaria en Colombia durante el año pasado alcanzó niveles de violencia y afectación a la población civil que no se registraban desde hace más de ocho años. Según el Informe Humanitario 2025 - Colombia, la fragmentación y reconfiguración de los grupos armados, sumadas a la intensificación de las hostilidades, agravaron la vulnerabilidad de las comunidades en distintas regiones del país.

El organismo señaló que uno de los hechos más preocupantes fue el aumento del 89 % en las víctimas por artefactos explosivos, así como el incremento del 102 % en los eventos de confinamiento de comunidades. 

El CICR insistió en que el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) “no es opcional” y advirtió que las partes involucradas en los conflictos armados incumplieron principios fundamentales como la distinción, la proporcionalidad y la precaución para proteger a la población civil.

Durante 2025, el CICR documentó 382 presuntas violaciones al DIH. Del total de casos registrados, el 44 % correspondió a actos cometidos fuera de las hostilidades contra la integridad física y mental de personas protegidas, el 33 % estuvo relacionado con la conducción de las hostilidades y la falta de medidas para proteger a civiles y bienes civiles; y el 23 % restante se vinculó con restricciones al acceso a necesidades básicas, servicios de salud y afectaciones a la propiedad privada.

Por otra parte, se reveló que 719 personas resultaron heridas o murieron por artefactos explosivos durante el año pasado. De las víctimas, el 67 % eran civiles, el 23 % integrantes de la Fuerza Pública y el 10 % miembros de grupos armados.

Los departamentos más afectados fueron Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia y Bolívar, que concentraron el 85 % de los casos. El CICR también alertó sobre la expansión del uso de explosivos a nuevas zonas del país, ya que por primera vez en ocho años se reportaron víctimas en el departamento de Amazonas.

Según el organismo, los explosivos lanzados mediante drones, “tatucos” y dispositivos de detonación controlada causaron el 63 % de los casos registrados, además, el impacto de las minas antipersonal y restos explosivos de guerra aumentó un 42 % frente al año anterior.

El CICR indicó que el confinamiento de comunidades registró el nivel más alto de los últimos ocho años. En total, 88.874 personas fueron afectadas por restricciones a la movilidad impuestas por grupos armados, lo que representó un aumento del 89 % en la población afectada y del 102 % en los eventos reportados.

Más de la mitad de las víctimas pertenecían a comunidades indígenas y afrodescendientes. Chocó fue el departamento más golpeado, al concentrar el 41 % del total nacional de casos.

En cuanto al desplazamiento masivo, el organismo reportó 41.228 personas afectadas. Aunque el número total de víctimas disminuyó frente a 2023, el número de eventos aumentó un 34 %, lo que significó que en el país ocurrió un desplazamiento masivo cada tres días en promedio.

El desplazamiento individual también mantuvo cifras elevadas, en este sentido, el Registro Único de Víctimas contabilizó 117.697 personas desplazadas, con Valle del Cauca como el departamento más afectado. Solo en Buenaventura se reportaron 11.532 casos.

El CICR documentó 252 nuevos casos de desaparición relacionados con el conflicto armado durante el año pasado, lo que representó un aumento del 13 % frente al año anterior. El 82 % de las víctimas eran civiles y el 75 % correspondía a hombres.

El informe también advirtió sobre el impacto creciente del conflicto armado en niños, niñas y adolescentes, mencionando un aumento en los casos de reclutamiento y utilización de menores, mediante estrategias como incentivos económicos, manipulación emocional y uso de redes sociales.

Además, se alertó que las escuelas continuaron siendo afectadas por los enfrentamientos armados, ocupaciones temporales y daños a la infraestructura, limitando el acceso a espacios seguros para la infancia. Durante 2025, 66 menores de edad fueron víctimas directas de artefactos explosivos, frente a los 24 casos registrados en 2023.

En materia de salud, el organismo documentó 201 infracciones contra la misión médica, incluidos cinco homicidios de trabajadores del sector. Cauca y Antioquia fueron identificados como los departamentos de mayor riesgo para el personal sanitario.

El CICR también advirtió sobre un aumento de la violencia sexual en zonas afectadas por el conflicto armado, utilizada como mecanismo de intimidación y control social. La organización señaló que existe un alto subregistro debido al miedo, la vergüenza y la normalización de estas violencias en algunas comunidades.

Por último, se reiteró el llamado a todos los actores armados, estatales y no estatales: “No hay excusas: la protección de los civiles y el cumplimiento del DIH no son opcionales”, afirmó Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia.

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