Centro Democrático exigió protección inmediata para sus líderes ante amenazas
A través de una carta dirigida al Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Dr. Augusto Rodríguez Ballesteros, el Director Nacional del partido Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, exigió medidas urgentes de seguridad para los miembros de su colectividad, señalando una preocup
A través de una carta dirigida al Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Dr. Augusto Rodríguez Ballesteros, el Director Nacional del partido Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, exigió medidas urgentes de seguridad para los miembros de su colectividad, señalando una preocupante falta de respuesta institucional ante reiteradas amenazas.
En el documento, Vallejo advierte que desde 2023 han insistido en la necesidad de “revisar, fortalecer y garantizar los esquemas de seguridad para todos los miembros y líderes políticos de nuestra colectividad”. Agrega que la situación actual se ha agravado por “las múltiples amenazas reportadas”, lo que demanda una respuesta “urgente y efectiva” por parte de la entidad que dirige Rodríguez.
La solicitud incluye protección para:
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- Precandidatos presidenciales
- Diputados y concejales amenazados
- Otros miembros del Partido cuya exposición pública y rol político los hace vulnerables
Vallejo considera “inaudito e incomprensible que después de 24 meses, la Unidad Nacional de Protección haya incurrido en una omisión sistemática y negligente” ante las solicitudes de seguridad. Añade que esta conducta constituye “una flagrante y grave violación al marco legal que protege el ejercicio de la oposición en Colombia”.
En un tono contundente, el dirigente responsabiliza directamente a la UNP y al Gobierno Nacional “por cualquier afectación a la vida e integridad de nuestros militantes y dirigentes políticos”. Asimismo, advierte que esta omisión “no solo compromete la seguridad de nuestros líderes, sino que pone en entredicho la credibilidad del Estado como garante de la democracia y del pluralismo político”.
La carta también fue enviada con copia a altos funcionarios y organismos nacionales e internacionales, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


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