Andrés Santamaría cuestionó instalación de zonas para disidencias en Putumayo tras decisión judicial

Tras la decisión de un juez de suspender las actividades relacionadas con la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo para las disidencias lideradas por Walter Mendoza, comenzaron a surgir reacciones desde distintos sectores institucionales del país. Una de ellas fue la del director de Asocapitales, Andrés Santamaría, quien respaldó el alcance del fallo judicial y advirtió sobre los riesgos de implementar este tipo de medidas sin las garantías necesarias.

El pronunciamiento se da en medio de un contexto de tensión en el territorio, donde comunidades locales, autoridades regionales y distintos actores han manifestado preocupaciones frente al impacto que estas zonas podrían tener en la seguridad y estabilidad de la región.

Santamaría fue enfático en señalar que la decisión del juez ratifica principios esenciales dentro del Estado colombiano. “La decisión judicial que suspende las actividades relacionadas con la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo reafirma un principio fundamental: la paz debe construirse dentro del marco de la Constitución, con respeto por las comunidades, las instituciones y el Estado de Derecho”, afirmó.

El director de Asocapitales recordó que, desde etapas iniciales del proceso, se habían planteado alertas frente a la forma en que se estaban adoptando este tipo de decisiones. En ese sentido, insistió en que cualquier medida que tenga implicaciones en materia de seguridad territorial debe contar con condiciones claras y verificables. “Desde el inicio advertimos que las decisiones que impactan la seguridad de los territorios requieren seguridad jurídica, transparencia y mecanismos efectivos de verificación”, sostuvo.

La suspensión de estas actividades representa un freno temporal a la implementación de la ZUT en Putumayo, una estrategia que había sido planteada como parte de los acercamientos del Gobierno con estructuras armadas ilegales en el marco de su política de paz. Sin embargo, el fallo judicial pone sobre la mesa cuestionamientos sobre la legalidad, el procedimiento y la participación de las comunidades en este tipo de decisiones.

Diversos sectores han coincidido en que la creación de estas zonas debe estar acompañada de un marco normativo sólido que garantice no solo el cumplimiento de la ley, sino también la protección de los derechos de la población civil. En regiones como Putumayo, históricamente afectadas por el conflicto armado, este tipo de determinaciones generan especial sensibilidad.

El pronunciamiento de Santamaría también apunta a la necesidad de fortalecer la institucionalidad en los territorios, especialmente en escenarios donde confluyen dinámicas de violencia, presencia de grupos armados y procesos de negociación. La insistencia en la “seguridad jurídica” y en mecanismos de verificación refleja una preocupación por evitar decisiones que puedan derivar en mayor incertidumbre o riesgos para la población.

Mientras tanto, la decisión judicial abre un nuevo capítulo en el debate sobre la implementación de estrategias de paz en Colombia, particularmente aquellas que implican la concentración o ubicación temporal de actores armados en zonas específicas del país. El reto, según coinciden varios analistas, será lograr un equilibrio entre los esfuerzos por avanzar en negociaciones y la obligación de garantizar el orden constitucional y la protección de las comunidades.