Abogado de Petro denunció presuntas presiones e “intereses oscuros” en proceso por topes de campaña

El abogado Alejandro Carranza, quien representó al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, denunció públicamente lo que calificó como presiones indebidas y actuaciones irregulares en el proceso relacionado con la investigación por la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial.

Durante una declaración pública, señaló a la representante Gloria Arizabaleta de haber ejercido presiones para influir en decisiones relacionadas con el expediente; en este sentido, y según manifestó, la congresista habría promovido reuniones en las que insistió en la adopción de determinadas decisiones frente al caso.

Carranza aseguró que durante esos encuentros se habrían planteado solicitudes de beneficios o prerrogativas que, según dijo, no fueron aceptadas ni por él ni por el presidente Gustavo Petro.

El abogado afirmó que siempre se negó a escuchar propuestas relacionadas con ese tipo de planteamientos y sostuvo que el mandatario tampoco cedió ante dichas solicitudes.

El defensor del jefe de Estado también se refirió a las decisiones adoptadas recientemente dentro de la Comisión de Acusación. En sus declaraciones, indicó que, después de que uno de los representantes investigadores radicara un escrito orientado a cerrar el proceso a favor del presidente, se produjo una serie de actuaciones que, en su criterio, incrementaron la presión alrededor del caso.

De acuerdo con Carranza, posteriormente se presentó un salvamento de voto y se promovieron acciones encaminadas a realizar una audiencia dentro de la comisión antes de la jornada electoral. El abogado sostuvo que esa posibilidad generó preocupación en el equipo jurídico del mandatario debido al impacto político que podría tener en medio del calendario electoral.

“Había una presión indebida”, afirmó Carranza, quien aseguró que existía la percepción de que determinadas decisiones podían afectar el desarrollo de la campaña presidencial en curso.

El abogado también cuestionó la decisión mediante la cual se planteó la suspensión del presidente Gustavo Petro. En su intervención, calificó esa actuación como ilegal e inconstitucional y aseguró que fue adoptada sin consulta previa a otros integrantes de la instancia correspondiente.

Según explicó, la decisión fue conocida inicialmente a través de filtraciones y posteriormente mediante la notificación formal del documento. Carranza afirmó que, tras la presentación de recursos de nulidad y pronunciamientos de distintos sectores, se produjo una nueva actuación en la que el asunto fue remitido en grado de consulta.

Asimismo, señaló que algunos integrantes de la instancia investigadora habrían dejado constancia de que no fueron consultados antes de la expedición de la medida.

Durante su pronunciamiento, Carranza sostuvo que los hechos observados llevaron a la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes. El abogado aseguró que, desde su perspectiva, detrás de las actuaciones cuestionadas existieron “intereses oscuros”, expresión que utilizó para referirse a lo que considera motivaciones ajenas al análisis jurídico del expediente.

Sobre el tema de la superación de los topes, cabe recordar que solo hace dos días la Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público, con lo que el proceso avanzó hacia la etapa de juicio.

En detalle, la investigación está relacionada con la compra de un penthouse en el sector de El Chicó, en Bogotá, adquirido en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos.

Sobre el tema, de acuerdo al ente el inmueble tendría un valor comercial cercano a los 2.727 millones de pesos, por lo que existiría una diferencia aproximada de 927 millones de pesos.

Según dijo la Fiscalía, esa diferencia estaría vinculada a supuestos beneficios posteriores para intereses relacionados con el empresario y contratista Juan Guillermo Mancera.

La Fiscalía sostuvo que, tras asumir la presidencia de Ecopetrol en 2023, Roa habría realizado gestiones para favorecer empresas vinculadas a Mancera en oportunidades de negocio relacionadas con filiales de la compañía, entre ellas Hocol y proyectos asociados a Chuchupa-Ballena.

(EN VIDEO) Tráfico aéreo en Colombia creció 9% y superó los 14,8 millones de pasajeros en el inicio de 2026