Por: Eduardo Mackenzie
El pasado 10 enero de 2022, Noticias Uno, de Bogotá, reveló que la Registraduría Nacional del Estado Civil, mientras el país se aprestaba a celebrar el fin del año, había firmado un enorme contrato de 27 mil millones de pesos con una firma española, Indra, para que ésta se encargue de realizar el conteo y el escrutinio de los votos de las próximas elecciones, tanto legislativas como presidenciales.
“El conteo de los votos en los próximos comicios no correrá por cuenta de un ente público y ni siquiera de una empresa colombiana” se quejó, con razón, el citado medio televisivo. Este agregó que el trámite de la licitación que había ganado Indra no había sido muy claro pues la esa sociedad anónima española no había competido con ningún otro proponente. “Indra compitió consigo misma”, ironizó Noticias Uno.
Quien lanzó la importante alerta que divulgó Noticias Uno fue Pilar Sáenz, coordinadora de Proyectos de la Fundación Karisma. Ella explicó que ese doble proceso electoral de 2022 quedara en manos, no de la Registraduría ni del Consejo Nacional Electoral, sino, de hecho, en las manos de dos empresas privada. Por una parte, la firma Disproel se encargará de inscribir en los sistemas informáticos las cédulas de los electores y se encargará de hacer la “selección de los jurados” de las mesas de votación. Disproel ganará mil millones de pesos por suministrar esos servicios.
La Fundación Karisma, de Bogotá, se define como una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es “responder a las oportunidades y amenazas que surgen con la ‘tecnología para el desarrollo’ para el ejercicio de los derechos humanos”.
Disproel es un grupo empresarial dirigido por los controvertidos hermanos Bautista Palacio en el que aparece, además, la figura del expresidente Juan Manuel Santos. Thomas Greg & Sons (Guernsey) S.A y Thomas Greg Express S.A hacen parte de Disproel.
“Disproel ganó la selección abreviada del proceso de contratación de las elecciones del 2014 con unos requisitos que estaban estrictamente diseñados con parámetros técnicos tan específicos que es posible inferir un presunto direccionamiento hacia ellos”, denunció el 14 de junio de 2014 el columnista Juan Pablo Echeverry N. En su artículo, Echeverry agregó que Camilo, Fernando y Felipe Bautista, “fueron condenados en una corte de los Estados Unidos, en los años ochenta, por delitos relacionados con un escandaloso fraude fiscal donde se perdieron 105 millones de dólares. Aceptaron su culpabilidad y cumplieron su condena”.
El hecho de que, una vez más, la firma Disproel, en la que el expresidente Santos y sus hijos aparecen de alguna manera, esté en posibilidad de influir técnicamente en las dos elecciones más importantes de Colombia dentro de unas semanas, causa inquietud. Santos y sus hijos se mantienen muy activos en la actual campaña electoral. Por esa sola razón la empresa Disproel no debería hacer parte del dispositivo técnico de esas elecciones. Las tareas encomendadas a Disproel en los comicios que vienen no son triviales: la selección de los jurados de cada mesa de votación, nada menos que eso, y la fabricación de las papeletas y de las urnas de votación, entre otras cosas.
La Registraduría visiblemente ha cedido ante los cantos de sirena de esas dos empresas, Indra y Disproel, y ha puesto en manos de esas entidades de derecho privado una actividad que jamás debería salir del control de los poderes públicos. Pilar Sáenz ha criticado ese estado de cosas.
No se sabe si hubo o no condiciones o exigencias éticas y técnicas de parte de la Registraduría a la firma española Indra. No se sabe si el o los programas de cómputo, de almacenamiento y de verificación de datos de Indra serán dobles o simples. No se sabe si otras firmas intentaron presentarse a la licitación que ganó Indra sin competidor y en solo 22 días de deliberación. No obstante, el Consejo de Estado había ordenado a la Registraduría que las herramientas tecnológicas para las elecciones de 2022 sean públicas. Lo que hizo la Registraduría fue lo contrario: entregó esa compleja actividad política a dos empresas privadas, una de las cuales es española que cuenta con el respaldo del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Indra será la que realizará nada menos que el conteo y escrutinio final del día electoral en Colombia, tanto a nivel de las legislativas como de la elección presidencial. No se sabe si hay garantías precisas pactadas entre la Registraduría e Indra para que los poderes públicos colombianos puedan intervenir y verificar la exactitud y pulcritud de esos dos escrutinios.
