El Consejo Nacional Electoral ratificó la orden de inscribir a Daniel Quintero Calle como precandidato en la consulta interpartidista del Frente por la Vida del 8 de marzo de 2026. La resolución ya fue adoptada formalmente por la sala plena del tribunal electoral y establece que la autoridad registral debe proceder con la inscripción, siempre que se cumplan los requisitos legales exigidos por la normativa vigente.
La Sala Plena mantuvo la votación de 7 contra 1 y ordenó nuevamente a la Registraduría proceder con su inscripción, consolidando un fallo que desde su anuncio desató controversia por el criterio aplicado frente a casos similares.
El núcleo de la discusión gira alrededor de si Quintero participó o no en la consulta interna del Pacto Histórico de octubre de 2025. Aunque su nombre apareció en el tarjetón y obtuvo cerca del 6% de los votos, el CNE sostuvo que no existió una participación válida porque el exmandatario manifestó por escrito que no aceptaba esa inscripción bajo determinadas condiciones políticas. Para el tribunal, esa negativa impide considerarlo jurídicamente como participante del proceso anterior.
Ese razonamiento ha provocado cuestionamientos inmediatos. Analistas y líderes de opinión han advertido que la teoría utilizada por el CNE contrasta con la que dejó por fuera a Iván Cepeda, a quien sí se le atribuyó participación plena en la consulta del mismo sector político. Ambos casos se desarrollaron dentro del mismo escenario electoral, lo que ha abierto interrogantes sobre la coherencia del criterio aplicado por el organismo.
La ratificación también va en dirección opuesta a la postura sostenida por la Registraduría, que negó la inscripción de Quintero en dos oportunidades argumentando que un ciudadano no puede competir en más de una consulta tras haber figurado en otra. El choque de interpretaciones entre las dos entidades revive una tensión institucional que ahora queda bajo el escrutinio público y jurídico.
Para Quintero, la decisión representa una de las disputas centrales de su estrategia política tras su salida del Pacto Histórico. Su aspiración presidencial dependía de esta habilitación, que ahora le abre nuevamente un escenario de competencia dentro de la consulta interpartidista.
En paralelo, se mantiene la expectativa sobre el papel que podría asumir su esposa, Diana Osorio, cuyo nombre fue mencionado como alternativa electoral en caso de que el exalcalde quedara inhabilitado.
La ratificación plantea preguntas inmediatas sobre el futuro de la consulta y el reacomodo del Pacto Histórico, que había anunciado su retiro del mecanismo tras la exclusión de Cepeda. Las decisiones opuestas dentro del mismo tribunal deja abierta la discusión sobre cómo se interpretarán las reglas en adelante y qué impacto tendrá en la contienda presidencial.
