(OPINIÓN) Política colombiana: bajeza sin control. Por: César Bedoya
La política en Colombia ha llegado a un punto de absoluto descontrol y degradación, superando los límites de la decencia y la ética pública. Lo que debería ser un ejercicio de debate, control y construcción social se ha transformado en un escenario grotesco de agresiones, vulgaridad y violencia abie
La política en Colombia ha llegado a un punto de absoluto descontrol y degradación, superando los límites de la decencia y la ética pública. Lo que debería ser un ejercicio de debate, control y construcción social se ha transformado en un escenario grotesco de agresiones, vulgaridad y violencia abierta. Ya no se trata solo de la polarización ideológica, sino de una espiral de bajeza moral que desvirtúa por completo el rol del servidor público, reemplazando la toga del estadista por la porra del matón.
El reciente episodio en Medellín, donde un concejal empuñó un bate para confrontar manifestantes en El Poblado, es el símbolo más brutal y vergonzoso de esta decadencia. ¿Acaso el rol de un concejal se ha reducido a ser un justiciero callejero, un influencer de la violencia? Este acto no es un hecho aislado; es la cúspide visible de una cultura política que ha normalizado la agresividad. Piénsese en los sonados casos de políticos colombianos y sus enfrentamientos verbales cargados de odio, o en las múltiples denuncias de maltrato físico y psicológico que han salpicado a diversos congresistas y líderes locales, cuya única arma parece ser la intimidación y el grito, no el argumento.
La realidad es que se ha desfigurado la esencia misma de ser congresista, diputado o concejal. La mayoría de estos personajes que ocupan cargos de elección popular han abandonado su deber principal. ¿Dónde están los proyectos de ley? ¿Dónde las ordenanzas y acuerdos serios que transformen sus territorios? La función de control político brilla por su ausencia. Han cambiado la vocación de servicio por la de influencers de la bronca, promoviendo el odio con un micrófono y una conexión a internet, mientras las necesidades reales de los ciudadanos se hunden en el silencio de sus inacciones.
Y aquí es donde la indignación se hace más profunda. Quienes tuvimos la oportunidad de vivir o trabajar en escenarios políticos hace más de una década, recordamos debates con altura argumentativa y estudio. Los políticos de antaño, con todos sus defectos, se diferenciaban en una cosa fundamental: la reverencia por el recinto y el respeto por la investidura. Nombres como Álvaro Gómez Hurtado, Luis Carlos Galán o incluso figuras de la vieja guardia, sostenían discusiones que, aunque acaloradas, se basaban en la lectura de la ley, la estadística y la propuesta. A ninguno de ellos se les imaginó esgrimiendo un bate o usando la tribuna para difundir calumnias sin sustento.
Hoy, la política se ha “perrateado” hasta la bajeza. Se ha convertido en una competencia de gritos y calumnias donde la única meta es ganar notoriedad en la vorágine de las redes sociales. El mérito ya no reside en quién propone la mejor solución para la inflación o la inseguridad, sino en quién injuria más fuerte, quién es más estridente, quién consigue la tendencia más viral a costa de la dignidad de su colega o de la verdad. Las ideas para el bienestar de los ciudadanos son una nota al pie en un debate dominado por el escándalo personal.
Y mientras esta élite de la indignidad se enfrasca en sus problemas y en los de países ajenos, ignorando las problemáticas urgentes de sus electores, la sociedad es condenada a ser observadora silenciosa de esta farsa. Nos tragamos, con impotencia y vergüenza, este «debate» vacío, esta guerra de mentiras y descalificaciones mutuas. El resultado es el hartazgo, la desconfianza total en las instituciones y la sensación amarga de que el espacio público ha sido secuestrado por personajes que solo se representan a sí mismos.
La solución, por lo tanto, no es solo la vigilancia de la Procuraduría o de la justicia. La solución final radica en la sanción social ineludible y contundente de la ciudadanía. Estos personajes, violentos, ineficientes e incendiarios, no pueden seguir ocupando los espacios sagrados de la democracia. El Concejo, la Asamblea y el Congreso fueron creados para generar ideas, alcanzar acuerdos y vigilar el buen uso de los recursos públicos; no para «asesinar» al otro a punta de lengua y aporrear ciudadanos con un bate. El voto y la voz ciudadana restablezcan la dignidad perdida de la política colombiana. ¡Exijamos respeto y acción, no violencia y bajeza!

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