Simón Molina anunció posible derogatoria de las APPA que cobijan más de 100.000 hectáreas del Suroeste antioqueño

Una nueva discusión sobre el ordenamiento territorial y el uso del suelo vuelve a tomar fuerza en Antioquia, esta vez alrededor de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, establecidas en distintos municipios del Suroeste del departamento.

El representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina, aseguró que el Gobierno Nacional avanza hacia la derogatoria de las resoluciones que establecieron estas áreas y sostuvo que el proceso ya cuenta con un proyecto publicado para comentarios ciudadanos.

“En los próximos días se caen las APPA que Petro le impuso al Suroeste de Antioquia. GRAN NOTICIA PARA LOS ANTIOQUEÑOS”, manifestó el congresista al referirse al proceso.

De acuerdo con Molina, la propuesta contempla derogar nueve resoluciones que, según sus cifras, establecieron restricciones sobre 102.801 hectáreas distribuidas en 19 municipios del Suroeste antioqueño: Andes, Betania, Betulia, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Tarso, Támesis, Valparaíso y Venecia.

La existencia de estos procesos de declaratoria de APPA en el Suroeste ha sido documentada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA. La entidad explicó que durante 2025 se adelantaron procesos de identificación, socialización y publicación de proyectos relacionados con estas áreas en diferentes municipios de la región.

Entre los procesos adelantados estuvieron, por ejemplo, los correspondientes a Jericó, Hispania y Jardín, así como otros municipios del Suroeste. El Ministerio de Agricultura mantiene en su plataforma de proyectos normativos documentación relacionada con las APPA de La Pintada, Montebello, Santa Bárbara y Valparaíso, además de Hispania y Jardín.

El debate no es nuevo. Desde el inicio de los procesos de declaratoria, distintos sectores políticos, productivos y territoriales han expresado reparos frente al alcance de estas figuras de protección y sus posibles efectos sobre las actividades económicas y el ordenamiento local. En enero de 2026, por ejemplo, el debate se concentró en un proyecto para declarar APPA en Betania, Betulia, Pueblorrico y Támesis.

Molina cuestionó precisamente la manera como, a su juicio, fueron tomadas algunas de estas decisiones durante el Gobierno de Gustavo Petro. “El Gobierno Petro desde un escritorio en Bogotá puso restricciones sobre el campo en Antioquia”, afirmó.

El representante agregó que las declaratorias se habrían realizado sin tener suficientemente en cuenta las particularidades de los territorios y sostuvo que las medidas terminaron afectando las posibilidades de desarrollo de los municipios involucrados.

“Declaró APPA sin conocer la realidad del territorio y terminó limitando nuestro desarrollo”, señaló Molina, quien ha mantenido una posición crítica frente a las decisiones nacionales relacionadas con el ordenamiento territorial del Suroeste antioqueño.

El congresista también respaldó la posibilidad de que las resoluciones sean derogadas y consideró que se trata de un cambio frente a las decisiones adoptadas durante la administración anterior. “Por eso hay que quitar esas APPA tan mal hechas”, manifestó.

El anuncio se conoce en un contexto en el que el Gobierno Nacional ha comenzado a revisar algunas de las declaratorias de protección agropecuaria expedidas durante los últimos años. En septiembre de 2026, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura publicó un proyecto para derogar disposiciones relacionadas con APPA en el sur de La Guajira, proceso que, al encontrarse en etapa de comentarios, todavía no constituía una derogatoria definitiva.

En el caso del Suroeste antioqueño, la eventual derogatoria de las nueve resoluciones deberá surtir el trámite administrativo correspondiente y considerar las observaciones que puedan presentar ciudadanos, autoridades territoriales, organizaciones sociales y sectores productivos durante el proceso de consulta pública.

La discusión también tiene un componente institucional. Documentos de la UPRA muestran que durante el proceso de construcción de las APPA se realizaron espacios de socialización con alcaldías, concejos municipales y otros actores de la región. La entidad reportó reuniones en municipios como Jericó, Támesis, Montebello, Santa Bárbara, Pueblorrico, La Pintada, Concordia, Fredonia, Venecia y Caramanta.