La Unidad para las Víctimas atendió a 58 familias desplazadas forzosamente en Amalfi y Anorí

La Unidad para las Víctimas informó sobre la atención brindada a comunidades desplazadas en los municipios de Anorí y Amalfi, en el departamento de Antioquia, donde entregó ayuda a 58 familias para garantizar su subsistencia mínima.

En el caso de Amalfi, unas 20 familias, compuestas por 46 personas, fueron víctimas de desplazamiento forzado el pasado 21 de agosto, cuando debieron abandonar la vereda Los Toros por una compleja situación de orden público. En la zona se responsabilizó a las disidencias de las FARC y al ELN de haber derribado una aeronave en la que viajaban 13 policías.

Durante tres semanas, los afectados permanecieron en condiciones de autoalbergue en veredas cercanas, mientras algunos optaron por regresar a sus viviendas pese a los riesgos. Uno de los desplazados señaló que su principal necesidad era la falta de alimentos, ya que era el proveedor de su hogar, y además enfrentaba dificultades para pagar el arriendo.

“Nosotros vivimos del plátano, de la yuca y de cultivos pequeños. Todo quedó abandonado; los cultivos no se dañan, pero da miedo volver. Salimos como pudimos, a pie, porque hasta allá no entra carro”, relató a la Unidad de Víctimas.

La entidad también atendió a familias desplazadas que llegaron al municipio de Anorí. Allí, según informó una vocera, fueron entregados artículos de aseo y otros elementos básicos para garantizar su subsistencia, en medio de la disputa territorial entre grupos armados ilegales que continúan poniendo en riesgo la permanencia de las comunidades.

De acuerdo con la Unidad, la violencia en el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño persiste por la confrontación entre tres estructuras armadas que buscan controlar zonas estratégicas de cultivos ilícitos y minería ilegal. Estos enfrentamientos han derivado en homicidios, desplazamientos, secuestros, desapariciones forzadas, accidentes con minas antipersona, confinamientos y otros hechos victimizantes.

En lo corrido del año, la entidad ha atendido a más de 2.000 familias víctimas de desplazamiento o confinamiento en 22 emergencias masivas ocurridas en Antioquia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió el pasado 3 de julio que entre el 1.º de enero y el 30 de mayo al menos 77.719 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en Colombia. De esa cifra, 68.347 corresponden al Catatumbo, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado.

Solo en mayo, 1.746 personas tuvieron que abandonar sus hogares en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Guaviare. Además, 8.123 personas fueron sometidas a confinamiento en territorios como Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, situación que restringe el acceso a derechos esenciales como educación, salud, alimentación y participación comunitaria.