Crisis de la salud en Antioquia. EPS adeudan más de $4 billones y hospitales declararon emergencia

La salud en Antioquia atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Las Empresas Promotoras de Salud, EPS, mantienen deudas que superan los $4 billones de pesos con hospitales y clínicas del departamento, una cifra que ha desencadenado cierres de servicios, sobreocupación y la declaración de emergencia hospitalaria en instituciones de alta complejidad como el San Vicente Fundación y el Pablo Tobón Uribe.

El impacto de la crisis es tangible. Tan solo en el primer trimestre de 2025, la deuda de las EPS con la red pública del departamento llegó a $1,7 billones, un aumento de $145.000 millones frente a lo registrado a finales de 2024. En la red privada, el déficit roza los $3 billones, poniendo en jaque la sostenibilidad de clínicas de referencia y generando dificultades para atender la creciente demanda de pacientes. La situación también se siente en hospitales intermedios de municipios como Caucasia, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Puerto Berrío, Yolombó, Yarumal y Turbo, que han amenazado con suspender servicios a la Nueva EPS ante deudas acumuladas que superan los $60.000 millones.

A nivel nacional, el panorama no es menos alarmante. La Contraloría General de la República estima que las EPS adeudan cerca de $33 billones al sistema de salud. De esa cifra, $12,8 billones corresponden a obligaciones ya facturadas y reconocidas por 28 entidades, según la Superintendencia Nacional de Salud. Más de la mitad de estas deudas están en manos de EPS intervenidas por el gobierno, lo que confirma los problemas estructurales del modelo de aseguramiento y la fragilidad financiera del sistema.

Frente a este escenario, los más perjudicados son los pacientes. Así lo advierte David Mendieta González, docente de la Universidad de Medellín, quien señala que “los usuarios son quienes enfrentan la negación de servicios y el cierre de áreas críticas como urgencias y obstetricia, mientras que los trabajadores de la salud ven afectados sus salarios y condiciones laborales”. Mendieta agrega que la parálisis de la reforma a la salud en el Congreso y el pulso político entre el Gobierno y las EPS solo profundizan la crisis: “No habrá acuerdo en un año electoral y culpar únicamente a las EPS no resuelve el problema. Es necesario garantizar controles efectivos sobre el uso de los recursos y no cortar su flujo”.

La crisis se intensifica mientras la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) advierte que, a nivel nacional, las EPS intervenidas concentran más del 53% de la deuda total, que ya suma $24 billones con las IPS. En Antioquia, esto se traduce en servicios reducidos, largas esperas y hospitales de Medellín al borde del colapso por la sobrecarga de pacientes remitidos desde los municipios.

A la par, la Supersalud intenta ajustar los controles financieros, mientras el Gobierno insiste en cambios estructurales que aún no encuentran consenso. Los expertos coinciden en que la falta de liquidez está debilitando la red hospitalaria, obligando a decisiones drásticas que afectan directamente a la población. Las clínicas y hospitales denuncian que, sin un flujo constante de recursos, es imposible garantizar la atención adecuada.

El panorama es aún más complejo en los municipios apartados de Antioquia. En localidades como Urrao, Cáceres, Amalfi o Dabeiba, los hospitales de primer y segundo nivel enfrentan graves limitaciones para mantener abiertos servicios básicos de urgencias y maternidad. Al no contar con liquidez, muchas instituciones han tenido que reducir personal, suspender contratos con especialistas o limitar la compra de insumos médicos esenciales. Esta situación obliga a que los pacientes sean remitidos a Medellín u otras ciudades intermedias, generando traslados largos y costosos que, en algunos casos, ponen en riesgo la vida de quienes requieren atención inmediata.

Los expertos advierten que el rezago en la atención en estas zonas rurales evidencia la desigualdad en el acceso al sistema de salud. Mientras los hospitales de alta complejidad en Medellín enfrentan sobreocupación, los de los municipios pequeños trabajan al borde del cierre técnico. Las comunidades más vulnerables, especialmente campesinos y poblaciones dispersas, terminan pagando el precio de una crisis estructural que ha sido advertida durante años y que, sin correctivos inmediatos, podría dejar a miles de personas sin servicios médicos esenciales.

El reto es monumental y se hace necesario asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna a quienes prestan los servicios. Para los analistas, la discusión no debería centrarse solo en la responsabilidad de las EPS o del Gobierno, sino en garantizar que los pacientes no continúen siendo las principales víctimas de un sistema que hoy parece colapsar bajo el peso de sus deudas.

Con el tiempo en contra y la incertidumbre en aumento, la pregunta clave sigue siendo la misma, ¿Cómo lograr que el derecho a la salud sea una realidad efectiva en Antioquia y en Colombia, más allá de cifras y deudas que crecen sin solución a la vista?