Autopista Medellín-Bogotá. El llamado urgente de Luis Miguel López por el tramo Santuario–Caño Alegre

El representante a la Cámara por Antioquia, Luis Miguel López, ha lanzado un enérgico llamado a las autoridades nacionales para que atiendan la crítica situación del tramo Santuario–Caño Alegre de la autopista Medellín–Bogotá. La vía, vital para la conexión entre el centro del país y la capital antioqueña, presenta un deterioro alarmante que pone en riesgo la vida de miles de usuarios y afecta la economía regional, exigiendo una solución inmediata y estructural.

El llamado a la acción y la mesa de movilidad

Desde el Congreso de la República, el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, ha convocado de manera formal a la ministra de Transporte y al director de INVIAS a realizar una visita presencial al tramo Santuario–Caño Alegre. El objetivo principal de esta invitación es que los altos funcionarios constaten en el terreno el estado crítico de la infraestructura vial y, a partir de esa verificación, se defina una solución urgente y efectiva para la problemática.

El congresista antioqueño ha sido enfático en la necesidad de que los responsables del sector transporte se desplacen hasta la zona afectada. Además de la inspección, López propone la conformación de una mesa de movilidad que incluya a las comunidades directamente impactadas, expertos en infraestructura vial, empresarios de la región y representantes de los gobiernos locales. Esta iniciativa busca generar un espacio de diálogo y concertación para encontrar una salida integral a una problemática que, según el representante, “no da espera y cada día cobra más vidas” debido a la creciente accidentalidad y las precarias condiciones de la carretera.

El problema, en cifras que preocupan

La situación de la autopista Medellín–Bogotá, específicamente en el tramo Santuario–Caño Alegre, se sustenta en datos que evidencian una gestión deficiente y un incumplimiento de la normativa vigente.

Según información obtenida a través de derechos de petición, el recaudo de los peajes de Cocorná y Puerto Triunfo asciende a un mínimo de 300.000 millones de pesos. Sin embargo, la respuesta del anterior Ministerio de Transporte e INVIAS indica que solo se han reinvertido aproximadamente 50.000 millones de pesos en la vía.

El artículo 22 de la Ley 105 de 1993 establece la obligación de reinvertir al menos el 50% del recaudo de los peajes en la misma vía donde se cobra. Las cifras presentadas sugieren un claro incumplimiento de esta disposición legal, lo que agrava el deterioro de la infraestructura.

Más del 60% de este tramo de la autopista se encuentra en mal estado. De los 133 kilómetros que lo componen, 62 kilómetros han sido clasificados como “malos” y 37 kilómetros como “regulares”, lo que suma un total de 99 kilómetros con deficiencias significativas.

Las estadísticas proporcionadas por el propio INVIAS confirman que la accidentalidad en esta sección de la vía ha experimentado un crecimiento constante año tras año, lo que subraya la urgencia de una intervención.

Posibles soluciones para el corredor vial

Ante este panorama, se han planteado diversas alternativas para abordar la problemática del tramo Santuario–Caño Alegre y garantizar su adecuada intervención.

Una de las opciones es que el Estado asuma la inversión estructural necesaria para una intervención integral del corredor vial, garantizando los recursos y la planificación a largo plazo.

También existe la posibilidad de otorgar la concesión del tramo a empresas privadas. Se ha manifestado el interés de algunos actores en tomar la concesión, reactivar el peaje y, a través de este mecanismo, captar los recursos necesarios para financiar las obras de mejoramiento y mantenimiento.

Otra alternativa es transferir la responsabilidad del corredor a la Gobernación de Antioquia, entidad que ha expresado su interés en asumir la gestión y el mantenimiento de esta importante arteria vial.

La propuesta inmediata: una mesa técnica de movilidad

Como medida de acción inmediata, el representante Luis Miguel López propone la instalación de una mesa técnica de movilidad. Este espacio de trabajo contaría con la participación de INVIAS, el Ministerio de Transporte, las comunidades locales afectadas (que actualmente mantienen el peaje levantado en protesta por la situación), empresarios del sector y expertos en infraestructura. El objetivo primordial de esta mesa sería definir una solución urgente y concertada para la vía. La decisión final sobre las acciones a seguir recaería en el Ministerio de Transporte, como máxima autoridad en la materia.