Antioquia lidera en Colombia con 28 proyectos de Obras por Impuestos por más de $325.000 millones

Antioquia cerró el proceso de postulación y viabilización de proyectos de Obras por Impuestos para 2026 con cifras que lo ubican en el primer lugar del país. En total, el departamento logró consolidar 28 iniciativas por $325.803 millones, recursos que serán destinados a proyectos de impacto social y económico en territorios priorizados por sus condiciones de vulnerabilidad.

Del total alcanzado, 20 proyectos fueron aprobados mediante la opción Fiducia, por un valor de $263.595 millones. A estos se suman ocho proyectos que ya fueron viabilizados a través de la opción Convenio, por cerca de $62.208 millones, aunque estas iniciativas todavía están pendientes de la resolución que formalice su aprobación.

La cifra representa el 28,4 % del cupo nacional dispuesto para este mecanismo durante 2026, consolidando a Antioquia como el departamento con mayor gestión de iniciativas financiadas mediante Obras por Impuestos.

El resultado es producto de la articulación entre la Gobernación de Antioquia, las administraciones municipales y el sector privado, que participan en la estructuración y financiación de proyectos destinados a atender necesidades prioritarias en diferentes municipios.

“Bajo el liderazgo del gobernador Andrés Julián, y la articulación entre el sector privado, el Departamento y los municipios, Antioquia se consolida en 2026 como el departamento líder en el país para la viabilización y aprobación de 28 proyectos aprobados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos por cerca de 326 mil millones de pesos”, destacó Ever Uribe, gerente de Proyectos Especiales de la Gobernación.

Los proyectos no tienen un único origen. De acuerdo con las entidades que los propusieron, la Gobernación de Antioquia presentó 16 iniciativas por $154.545 millones, mientras que los municipios impulsaron nueve proyectos por $70.076 millones. Por su parte, las empresas participaron directamente como proponentes en tres proyectos que representan inversiones por $101.181 millones.

La distribución sectorial evidencia que una de las principales apuestas está relacionada con la infraestructura. En este sector fueron contemplados cinco proyectos por $138.930 millones, la mayor asignación de recursos entre las diferentes áreas.

La educación también ocupa un lugar relevante dentro del paquete de iniciativas. Se aprobaron cinco proyectos de educación pública por $31.462 millones y otros ocho relacionados con Centros de Desarrollo Infantil, por $59.228 millones.

En materia de gestión del riesgo fueron incluidos seis proyectos por $33.148 millones, mientras que dos iniciativas de agua potable y saneamiento básico concentran recursos por $32.306 millones.

El componente de salud contempla un proyecto por $14.686 millones y el de infraestructura cultural otro por $16.040 millones.

La apuesta por estos sectores responde al objetivo del mecanismo de Obras por Impuestos de dirigir recursos hacia territorios que presentan mayores necesidades de inversión. Esta herramienta permite que empresas contribuyentes destinen parte del pago de su impuesto de renta y complementarios a la ejecución de proyectos que generen impacto económico y social en municipios afectados por condiciones de pobreza y violencia.

A través de este esquema, los recursos tributarios se convierten en obras y proyectos que buscan contribuir al cierre de brechas y mejorar las condiciones de vida de las comunidades beneficiarias.

Para 2026, el mecanismo operó mediante dos modalidades. La opción Fiducia tuvo como fecha de cierre el 16 de febrero, mientras que la opción Convenio finalizó el pasado 31 de agosto. En esta última modalidad, los ocho proyectos de Antioquia ya cuentan con viabilidad, pero deberán completar el proceso administrativo correspondiente para obtener la resolución de aprobación.

El balance también toma relevancia al revisar el comportamiento de Obras por Impuestos durante la actual Administración Departamental. En lo corrido del periodo de gobierno se han movilizado cerca de $1 billón mediante este mecanismo, con iniciativas que alcanzan a 55 municipios clasificados como ZOMAC y PDET.

Estos territorios fueron priorizados dentro de la estrategia por presentar condiciones particulares de vulnerabilidad y necesidades de inversión pública, por lo que la participación del sector privado mediante el pago de impuestos busca complementar los esfuerzos de las administraciones públicas.