Amalfi sigue bajo amenaza

La población de Amalfi, Antioquia, permanece atemorizada por la presencia de grupos armados ilegales. Comunidades denuncian que el consejo de seguridad liderado por el ministro Pedro Sánchez no ha dado resultados. Disidencias continúan delinquiendo en la zona. 

En el municipio de Amalfi, ubicado en el Nordeste antioqueño, la población vive en constante zozobra por la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. A pesar del consejo de seguridad realizado el pasado 27 de septiembre por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los habitantes consideran que las medidas anunciadas han sido insuficientes y que la violencia no ha cesado.  

La situación en Amalfi se agravó tras el ataque al helicóptero de la Policía Nacional en la vereda Los Toros, que dejó 13 uniformados muertos. Aunque el Gobierno atribuyó inicialmente el atentado a las disidencias del Frente 36, el ELN se adjudicó la autoría, generando confusión y tensión política.  

Durante el consejo de seguridad, el ministro Sánchez anunció el despliegue de siete pelotones del Ejército, recompensas millonarias por cabecillas criminales y el refuerzo de capacidades tecnológicas, incluyendo drones y unidades especializadas contra la extorsión. Sin embargo, líderes comunitarios y autoridades locales han expresado su frustración ante la falta de resultados concretos.  

El alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez, propuso incluso el traslado de la estación de Policía por los constantes ataques y amenazas, pero el ministro Sánchez advirtió que “la solución no es sacar a la fuerza pública, sino a los criminales”.  

Mientras tanto, comunicados amenazantes circulan en veredas como Los Toros, Mondragón y El Jardín, donde los grupos armados advierten que “toda persona extraña será declarada objetivo militar”. Esta situación ha provocado desplazamientos forzados, confinamientos y la suspensión de clases presenciales para más de 3.000 estudiantes.  

La Organización de Naciones Unidas y la Gobernación de Antioquia han denunciado violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como el uso de escuelas rurales como campamentos y la instalación de minas antipersona. 

Las disidencias de las FARC, por su parte, continúa operando en la zona, disputando el control territorial con el ELN y el Clan del Golfo. A través de sus canales, ha reivindicado acciones armadas y ha rechazado los intentos de diálogo del Gobierno Nacional, lo que pone en duda la viabilidad de la política de “paz total”.  

La comunidad de Amalfi exige acciones contundentes, presencia permanente del Estado y protección real para los civiles. Mientras tanto, la incertidumbre y el miedo siguen marcando la vida cotidiana en este municipio golpeado por el conflicto armado.