(ANÁLISIS) Colombia frente al desafío de la coca: recuperar el territorio, la seguridad y el valor de la economía formal

La dimensión de una economía ilegal que dejó de ser marginal

El dato que emerge de un reporte de The Economist hace unos días tiene una importancia que trasciende las estadísticas sobre hectáreas cultivadas. Colombia habría alcanzado en 2024 una producción potencial de 3.001 toneladas de cocaína, un aumento del 13% frente al año anterior y más del doble del volumen registrado en 2021. La magnitud revela que el problema dejó de ser únicamente el de unas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y se convirtió en una estructura económica capaz de generar enormes cantidades de dinero, financiar grupos armados y disputar el control de extensas zonas del territorio nacional.

La estimación de unos 15.000 millones de dólares anuales para la economía asociada a la cocaína permite comprender mejor la dimensión del desafío. Esa cifra no significa que Colombia registre legalmente ese dinero como exportaciones, ni que pueda compararse de manera contable y directa con el producto interno bruto o con las exportaciones formales. Se trata del valor estimado de un mercado clandestino. Sin embargo, precisamente por tratarse de una economía ilegal, su capacidad para financiar violencia, corrupción y control territorial adquiere una relevancia adicional.

El problema tampoco comienza ni termina en la hoja de coca. Detrás de cada kilogramo de cocaína existe una cadena que comprende cultivadores, recolectores, compradores, laboratorios, proveedores de insumos químicos, transportadores, organizaciones armadas, redes financieras y estructuras encargadas de sacar el producto del país. El informe citado señala que para producir un kilogramo de cocaína se requieren aproximadamente 600 kilogramos de hoja de coca. La transformación de esa materia prima en los laboratorios clandestinos y su posterior distribución internacional constituyen una cadena logística de enorme complejidad.

La situación adquiere mayor gravedad cuando se observa que la expansión de la economía ilegal ocurrió simultáneamente con una pérdida de dinamismo de algunos sectores estratégicos de la economía formal. La comparación entre cocaína y petróleo utilizada por The Economist no significa que la droga haya desplazado contablemente al crudo como exportación colombiana. Sí muestra, en cambio, una señal política y económica preocupante: una actividad clandestina puede alcanzar un valor estimado superior al de uno de los sectores que históricamente han generado divisas, inversión y recursos fiscales para el Estado.

El legado de una política antidrogas cuestionada

El debate sobre las causas de este crecimiento inevitablemente conduce a revisar la política antidrogas desarrollada durante el gobierno de Gustavo Petro. La administración defendió un cambio de enfoque que buscaba reducir el énfasis tradicional en la erradicación forzada y concentrarse en las grandes estructuras del narcotráfico, al tiempo que promovía políticas de sustitución y tratamiento del consumo.

El problema fue que la reducción de la presión sobre determinadas zonas productoras no estuvo acompañada, según las cifras citadas, por una disminución equivalente de la capacidad productiva de las organizaciones criminales. Por el contrario, la producción potencial alcanzó niveles récord.

La discusión no puede reducirse a afirmar que una sola política produjo automáticamente el crecimiento de la coca. El fenómeno tiene causas múltiples. Incluye la demanda internacional, la rentabilidad extraordinaria del negocio, la presencia histórica de grupos armados, la pobreza rural, la ausencia estatal y la capacidad de las organizaciones criminales para adaptarse a las operaciones de la Fuerza Pública. Pero tampoco resulta razonable desconocer que las decisiones gubernamentales modifican los incentivos con los que operan esas organizaciones.

Durante el gobierno Petro, además, la política de paz total generó un escenario en el cual varias organizaciones armadas fueron objeto de acercamientos, diálogos o mecanismos de sometimiento. La discusión política continúa en torno a los resultados de esa estrategia. Lo que muestran las cifras de producción de cocaína es que el narcotráfico no desapareció ni perdió capacidad económica durante ese periodo.

El resultado tiene una consecuencia fundamental: cuando el Estado reduce su capacidad de presión sin conseguir simultáneamente que los grupos criminales abandonen sus actividades ilícitas, el espacio dejado por la autoridad puede ser ocupado por las organizaciones ilegales.

La dimensión internacional y la relación con Washington

La expansión del narcotráfico también tiene consecuencias para la relación de Colombia con Estados Unidos. Washington no observa la producción colombiana únicamente como un problema interno. Para la política estadounidense, Colombia continúa siendo un actor fundamental en la lucha contra las drogas que ingresan a los mercados norteamericanos.

En este contexto, debe diferenciarse entre la descertificación o determinación de incumplimiento de los objetivos antidrogas por parte de Estados Unidos y las medidas individuales adoptadas por su Departamento del Tesoro. No son instrumentos jurídicos idénticos. La denominada “Lista Clinton”, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, corresponde a un régimen de sanciones económicas y financieras y no constituye simplemente una calificación general de un gobierno por sus resultados antidrogas. En ella, y dadas las circunstancias, Estados Unidos vinculó al expresidente Petro y a algunas personas cercanas.

Esa distinción resulta importante porque permite comprender el alcance real de las decisiones estadounidenses. Cuando Washington sanciona personas o estructuras vinculadas con el narcotráfico, el objetivo es cortar acceso al sistema financiero, congelar activos sujetos a jurisdicción estadounidense y limitar relaciones comerciales. Cuando evalúa la cooperación antidrogas de un país, el análisis tiene otra naturaleza.

Para Colombia, ambas dimensiones convergen en un punto: la credibilidad de la política nacional contra el narcotráfico. Un país que aparece ante su principal socio estratégico como incapaz de contener el crecimiento de la producción de cocaína enfrenta costos diplomáticos, financieros y de seguridad.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene, por tanto, un desafío adicional. No basta con afirmar que existe una nueva voluntad política. Debe demostrar mediante resultados verificables que Colombia volvió a considerar el narcotráfico una amenaza estratégica y que el Estado está dispuesto a combatirlo en toda la cadena.

El costo económico de haber permitido que creciera la coca

La expansión del narcotráfico tiene una característica particularmente perversa: genera dinero en las zonas donde el Estado no logra generar suficiente economía legal. Por eso combatir la coca no puede limitarse a destruir cultivos. Si después de la erradicación no existe una alternativa productiva viable, el campesino puede volver a sembrar.

La economía ilegal compite con actividades como el café, la ganadería o determinados cultivos lícitos, ofreciendo ingresos inmediatos y, en algunas regiones, mecanismos de comercialización garantizados por las propias estructuras criminales. El reporte citado por The Economist señala precisamente que los recolectores de hoja de coca pueden obtener ingresos superiores a los de trabajadores dedicados a la recolección de café y sin pagar impuestos.

Esa diferencia explica una parte del problema. No se puede pedir a una familia rural que abandone una actividad ilegal sin ofrecerle una alternativa económica que pueda sostenerla.

La respuesta, según los analistas de IFMNOTICAIS, debe incluir vías terciarias, seguridad, crédito, asistencia técnica, comercialización, infraestructura de almacenamiento y acceso a mercados. El Estado necesita transformar la sustitución de cultivos en una política de desarrollo rural y no en una operación administrativa limitada al cambio de una planta por otra.

Al mismo tiempo, Colombia debe proteger sus sectores estratégicos. El petróleo continúa siendo una fuente fundamental de divisas, inversión y recursos fiscales. La transición energética puede ser una política legítima, pero no puede confundirse con el abandono de una industria antes de contar con una matriz productiva capaz de reemplazar sus ingresos.

Volver a poner la legalidad por encima de la coca en esta comparación con el petróleo pasa por activar la exploración y la explotación de los pozos de crudo y gas, implementar el fracking sostenible y deshacerse de las ideologías progresistas que limitan el desarrollo, como las consultas previas a comunidades que en la mayoría de los casos son manipuladas políticamente por ideólogos de izquierda que aparecen repentinamente en ellas.

La comparación planteada por The Economist contiene allí una advertencia de fondo. Una economía formal que pierde dinamismo mientras una economía ilegal crece constituye una combinación peligrosa para cualquier Estado.

El problema central es también de seguridad

La coca no existe de manera aislada. Allí donde hay producción a gran escala aparecen organizaciones armadas interesadas en controlar territorios, corredores y laboratorios. El narcotráfico financia armas, reclutamiento, corrupción y capacidad logística. Por eso la lucha contra las drogas es inseparable de la recuperación del control territorial.

ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y otras estructuras criminales han demostrado capacidad para disputar espacios al Estado. El problema no consiste únicamente en perseguir a los grandes capos. También exige recuperar zonas rurales donde la autoridad institucional ha sido sustituida por órdenes de organizaciones armadas.

La Fuerza Pública necesita inteligencia, movilidad, tecnología, capacidades aéreas, control fluvial y marítimo y coordinación con autoridades judiciales y financieras. La operación policial o militar debe estar conectada con la investigación criminal. Capturar integrantes de bajo nivel sin desarticular las finanzas y las cadenas de mando tiene un efecto limitado.

El narcotráfico se combate realmente cuando se logra impedir que el dinero producido por la droga vuelva a convertirse en propiedades, empresas, armas, vehículos, corrupción y capacidad política.

Qué debe hacer el nuevo Gobierno

La recuperación de la política antidrogas requiere una estrategia integral. La primera decisión debe ser restablecer una política clara de persecución a las organizaciones criminales. El Estado debe establecer una diferencia inequívoca entre el campesino que depende económicamente de un cultivo ilegal y la estructura armada que controla la producción, cobra impuestos criminales, administra laboratorios y transporta cocaína.

La segunda prioridad debe ser la inteligencia financiera. Los 15.000 millones de dólares estimados por el reporte no pueden desaparecer. Dejan propiedades, empresas, vehículos, cuentas, inversiones y movimientos financieros. La Fiscalía, la Policía, la Unidad de Información y Análisis Financiero y las autoridades tributarias deben trabajar de manera coordinada para seguir el dinero.

La tercera consiste en recuperar territorio. La presencia estatal no puede aparecer únicamente cuando llegan soldados o policías. Debe estar acompañada por jueces, fiscales, infraestructura, educación, salud, conectividad y oportunidades económicas. Una verdadera presencia del Estado que no sea solamente punitiva.

La cuarta es una política internacional agresiva de cooperación. Colombia necesita trabajar con Estados Unidos, Europa, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, México y los países del Caribe para cerrar las rutas de salida y perseguir las organizaciones transnacionales. El problema de la cocaína colombiana dejó de ser estrictamente colombiano desde el momento en que sus mercados se encuentran en Norteamérica y Europa. El sumar al Escudo de las Américas es un paso decisivo que reflejará no solo ese compromiso, sino que mostrará la decisión de acción contra el narcotráfico, la delincuencia transnacional y el terrorismo.

La quinta es recuperar la economía rural. El país necesita hacer que la producción legal vuelva a ser competitiva. Eso implica crédito, seguridad, carreteras, asistencia técnica, mercados y reducción de costos logísticos. La sustitución sostenible ocurre cuando el campesino encuentra que el negocio legal puede ofrecerle una vida mejor que la economía criminal.

Recuperar la economía formal para superar a la coca

El desafío final no consiste simplemente en destruir cultivos. Consiste en cambiar los incentivos económicos de millones de personas y demostrar que el Estado puede ser un socio más confiable que las organizaciones criminales.

Colombia necesita volver a producir más petróleo mientras desarrolla otras fuentes de energía, fortalecer la industria, recuperar la inversión privada, ampliar la agroindustria y convertir sus ventajas geográficas en oportunidades comerciales. Una economía formal dinámica reduce el espacio disponible para la ilegalidad.

La revisión de cualquier decisión estadounidense sobre la cooperación antidrogas no se conseguirá mediante declaraciones diplomáticas. Se conseguirá con resultados. Menos coca, menos cocaína, más capturas de cabecillas, más incautaciones estratégicas, más bienes extinguidos, más laboratorios destruidos, más territorios recuperados, más extradiciones y, sobre todo, menos capacidad financiera para las organizaciones criminales.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella recibe así una tarea que supera una discusión partidista a dos meses de su mandato. Colombia necesita demostrar que el Estado puede recuperar el terreno que perdió frente a una economía criminal que durante años ha sabido aprovechar las debilidades institucionales.

El desafío es volver a colocar la economía formal por encima de la coca. No únicamente en las estadísticas, sino en la vida cotidiana de los colombianos. Cuando una familia rural encuentre mayor seguridad y rentabilidad cultivando café, cacao, frutas, ganadería o productos agroindustriales que sembrando coca, el narcotráfico habrá perdido una de sus principales fuentes de suministro. Y cuando los grandes capitales criminales sean perseguidos con la misma determinación que los cultivos, las organizaciones armadas perderán capacidad para comprar armas, corromper funcionarios y controlar territorios.

La revisión de la relación con Estados Unidos dependerá en buena medida de ese cambio. La lucha contra las drogas no necesita solamente más discursos. Necesita una política de Estado sostenida, medible y respaldada por autoridad legítima, desarrollo económico y cooperación internacional.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la magnitud actual de la producción de cocaína en Colombia?

Colombia concentra aproximadamente el 70% de la producción mundial de cocaína, con una producción potencial de 3.001 toneladas en 2024 y un valor estimado de 15.000 millones de dólares anuales.

¿Por qué ha aumentado la producción de cocaína en el país?

El crecimiento se atribuye a la demanda internacional, la rentabilidad del negocio, la presencia de grupos armados, la pobreza rural y la ausencia estatal. Además, la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, con menor énfasis en la erradicación forzada, no logró reducir la capacidad productiva criminal.

¿Qué desafíos enfrenta el Gobierno colombiano ante esta situación?

El Gobierno debe revertir la tendencia recuperando el control territorial, golpeando las finanzas criminales, reconstruyendo la capacidad operativa de la Fuerza Pública y haciendo que la producción legal sea más rentable y segura que la ilegal.