(ANÁLISIS) ¿Peligra el nuevo presidente? La seguridad del nuevo gobierno bajo la lupa. Las dudas que rodean a la UNP en el proceso de transición

La seguridad presidencial no admite zonas grises

Pocas instituciones tienen una responsabilidad tan delicada como la Unidad Nacional de Protección. De sus decisiones depende la vida de magistrados, líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, congresistas, gobernadores, alcaldes y, especialmente, de quienes ocupan o ocuparán las más altas dignidades del Estado.

Aunque el presidente de la República y el vicepresidente cuentan con la protección de la Casa Militar y de la Guardia Presidencial, el resto del gabinete, sus familias, altos funcionarios y numerosas personalidades públicas dependen de los esquemas asignados por la UNP.

Por ello, cualquier modificación en los criterios de contratación, selección o vinculación de personal durante un proceso de transición gubernamental inevitablemente despierta inquietudes.

Las advertencias formuladas recientemente por José Manuel Restrepo no se limitan a una diferencia administrativa. Plantean una discusión sobre la necesidad de preservar la confianza institucional en una entidad cuya misión exige absoluta credibilidad.

El decreto que abrió la controversia

El centro del debate gira alrededor del Decreto 0670 de 2026 y de otras resoluciones expedidas durante los últimos días del gobierno saliente.

Según el equipo de empalme del presidente electo, estas disposiciones flexibilizarían requisitos relacionados con experiencia y estudios para la vinculación de oficiales de protección y contratistas.

La preocupación expresada públicamente consiste en que esas decisiones podrían dificultar que la nueva administración revise con suficiente profundidad los perfiles de quienes terminarán integrando los esquemas de seguridad del próximo gobierno.

Desde la administración saliente se ha sostenido que las decisiones corresponden al ejercicio normal de la autonomía administrativa. Sin embargo, el contexto en el que se producen explica buena parte de la controversia.

Cuando una entidad responsable de la seguridad presidencial modifica reglas de contratación en los días finales de un mandato, resulta natural que surjan preguntas sobre la conveniencia, oportunidad y alcance de esas decisiones y el impacto que éstas tienen sobre la seguridad del próximo gobierno.

La UNP, una institución golpeada por los escándalos

Las preocupaciones actuales no nacen en el vacío. Durante los últimos años, la UNP ha enfrentado una sucesión de investigaciones, cuestionamientos y procesos judiciales que han deteriorado su imagen pública, que parte de su inconveniente integración de escoltas, una gran cantidad de ellos, excombatientes de las FARC y otros grupos armados que antes perseguían, secuestraban y buscaban asesinar a quienes ahora pretenden proteger.

Pero los escándalos no han sido pocos. Entre los casos más graves figuran las investigaciones relacionadas con el uso indebido de vehículos oficiales para actividades criminales. Uno de los episodios más conocidos fue la captura de un conductor que transportaba cerca de 168 paquetes de cocaína en una camioneta oficial de la entidad en el departamento del Cauca.

Posteriormente, se conoció que dicho conductor había estado vinculado al entorno del narcotraficante conocido como alias “Matamba”. Como este caso, son muchos por el mismo estilo, no solo con droga, sino también con transporte ilegal de armas.

Otro caso de alto impacto ocurrió en Antioquia, donde autoridades interceptaron una caravana conformada por siete vehículos adscritos a esquemas de protección. Dentro de los automotores viajaban personas que no contaban con autorización, entre ellas Edgar Orrego Arango, alias “Firu”, señalado como integrante de estructuras disidentes de las FARC.

Durante la inspección también fueron halladas armas y grandes sumas de dinero en efectivo. Estos episodios evidenciaron vulnerabilidades internas que trascendieron simples irregularidades administrativas. La opinión pública solo ha conocido los casos más mediáticos, pero son decenas de casos irregulares que son investigados por la Procuraduría, la Fiscalía y otras entidades del Estado que generan preocupación.

Corrupción, tercerización y pérdida de controles

Las investigaciones adelantadas por organismos de control también han puesto bajo la lupa presuntas redes internas dedicadas al alquiler irregular de vehículos blindados. Según las denuncias conocidas durante la actual administración, algunos automotores terminaron siendo utilizados para actividades completamente ajenas a la misión institucional.

Paralelamente, surgieron investigaciones relacionadas con contratos de vehículos cuyos blindajes no cumplían los estándares técnicos exigidos. La Procuraduría abrió actuaciones disciplinarias para determinar responsabilidades en la asignación de automotores que, según las denuncias, no ofrecían el nivel de protección contratado.

A ello se suman cuestionamientos sobre procesos de tercerización y contratación cuya supervisión ha sido objeto de críticas desde distintos sectores. La acumulación de estos antecedentes explica por qué cualquier modificación reciente en la contratación genera especial sensibilidad.

El caso Miguel Uribe y la crisis de confianza

Uno de los episodios que mayor impacto produjo sobre la percepción ciudadana fue el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Tras el atentado surgieron múltiples interrogantes relacionados con los esquemas de protección disponibles para el dirigente político.

La Fiscalía General abrió investigaciones para establecer si existieron eventuales omisiones en la prestación del servicio. De igual forma, la Procuraduría inició actuaciones disciplinarias frente al manejo de las solicitudes de protección.

Aunque las investigaciones continúan y deberán establecer responsabilidades individuales, el caso dejó instalada una pregunta institucional mucho más amplia: ¿Está funcionando adecuadamente el sistema colombiano de protección?

Ese interrogante permanece vigente, más cuando la UNP no solo realizó presuntos cambios repentinos en los esquemas de protección el mismo día del atentado, sino que detrás del atentado, como ya lo ha establecido la Fiscalía, estaban guerrilleros de disidencias, de la misma guerrilla de donde provienen escoltas en la UNP que pertenecían a ella y que hoy son reconocidos como excombatientes.

El caso de Miguel Uribe ha dejado en el aire las explicaciones no dadas aún por la UNP, del porqué no fueron atendidas las insistentes solicitudes del entonces senador y candidato a la presidencia para reforzar los esquemas de seguridad.

En su momento, IFMNOTICIAS documentó, posterior al atentado, que Miguel Uribe Turbay no solo había solicitado medidas de protección a la UNP, sino que en muchos casos no tuvo protección, como cuando viajaba a Barranquilla y Cartagena, destinos a los que la entidad le negó en repetidas ocasiones esquemas de seguridad.

Augusto Rodríguez y una gestión permanentemente cuestionada

La figura del director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, ha estado en el centro de buena parte de estas controversias. Se trata de un temeroso exintegrante del M-19 y hombre de confianza del presidente Gustavo Petro. Rodríguez ha permanecido durante todo el cuatrienio al frente de la entidad. Su administración ha estado marcada por fuertes enfrentamientos políticos, investigaciones judiciales y tensiones internas en la entidad.

Además de las actuaciones derivadas del caso Miguel Uribe, Rodríguez protagonizó uno de los episodios más delicados dentro del propio gobierno cuando señaló públicamente al entonces jefe de despacho Armando Benedetti por presuntos vínculos con Diego Marín, conocido como alias “Papá Pitufo”. La controversia fue tomada como fuego amigo dentro del gobierno.

Aquella confrontación terminó trasladándose incluso a los estrados judiciales mediante denuncias por injuria y calumnia. La dirección de la entidad terminó así convertida en un foco permanente de confrontación política.

Rodríguez ha permanecido sin dar explicaciones sobre la responsabilidad que le cabe en su calidad de director, a los escándalos de agentes bajo su mando con droga, armas y dinero ilegal. Igualmente, no ha dado explicación ni ha asumido su responsabilidad en el uso que se ha dado a los carros blindados para transportar capos narcoterroristas y guerrilleros para evadir la justicia.

El director de la UNP ha evadido responder con claridad a las alteraciones y omisiones en la seguridad de Miguel Uribe Turbay, el quitar esquemas o reducirlos a mandatarios locales como lo hizo con el alcalde de Medellín, o a senadores, concejales y personajes de la oposición. En el mismo sentido, no ha respondido por los contratos aparentemente irregulares de carros blindados y menos por la inexplicable contratación paralela y acelerada de escoltas sin el cumplimiento de requisitos, sin estudios de antecedentes ni de idoneidad.

La politización de una entidad técnica

Uno de los principales riesgos para cualquier organismo de seguridad consiste en perder su carácter técnico. La protección de personas no puede depender de afinidades ideológicas ni de cercanías políticas. Debe descansar exclusivamente sobre evaluaciones profesionales de riesgo.

Durante los últimos años, diversos sectores políticos denunciaron supuestos tratamientos diferenciados en la asignación de esquemas, con señalamientos de que, tanto para contratar a escoltas y personal como para otorgar protección a las solicitudes, el gobierno de Gustavo Petro, a la cabeza de Rodríguez Ballesteros en la UNP, ha privilegiado el carácter ideológico antes que el técnico, politizando la entidad de manera evidente.

Representantes de la oposición sostuvieron que algunas solicitudes recibían respuestas más rápidas que otras. Desde la dirección de la UNP esas afirmaciones fueron rechazadas, aunque algunos miembros de los sindicatos hicieron públicas las denuncias que reafirmaron lo dicho por los opositores del gobierno.

No obstante, el solo hecho de que tales cuestionamientos hayan adquirido dimensión nacional evidencia el deterioro de la confianza institucional. La legitimidad de una entidad de seguridad depende tanto de su eficiencia como de la percepción de imparcialidad. Estas dudas no permiten que el nuevo gobierno pueda tener tranquilidad, mas cuando la entidad insiste en contratar personal aceleradamente hasta el último día sin filtro, cumplimiento de requisitos y rigurosidad.

Los temores del nuevo gobierno

Las advertencias formuladas por José Manuel Restrepo deben analizarse precisamente dentro de ese contexto. No se trata únicamente del ingreso de nuevos contratistas. Se trata del grado de confianza que la administración entrante pueda depositar en quienes tendrán acceso directo a información sensible, desplazamientos, rutinas y protocolos de seguridad del nuevo gobierno.

La protección presidencial y de los funcionarios del gobierno entrante exige niveles extraordinarios de verificación de antecedentes. También requiere absoluta certeza sobre la confiabilidad del personal vinculado. Los temores, además, parten de informes de analistas de riesgos que señalan que la experiencia y los antecedentes de los grupos armados ilegales es buscar insertar, en este tipo de entidades, a topos, espías, informantes e infiltrados; inclusive a operativos con misiones para filtrar la seguridad y atentar contra personajes protegidos.

Por ello, desde la perspectiva institucional, resulta comprensible que el gobierno electo solicite detener la contratación y revisar cuidadosamente cualquier nueva incorporación realizada durante las últimas semanas del mandato saliente. Más aún cuando la entidad arrastra antecedentes que han debilitado su credibilidad y que dejan las dudas sobre la idoneidad de quienes componen la entidad.

Y es que la propia seguridad del presidente y del vicepresidente electo, se podrían ver comprometidas. Los funcionarios de la UNP a diferentes niveles, tienen acceso privilegiado a información confidencial y relevante que involucra la agenda presidencial de manera directa o indirecta a través de los personajes que protegen y que comparten espacios eventualmente con el presidente. Esto hace que sea necesario tener mayores precauciones y se deban extremar las medidas.

Por ello, los temores del nuevo gobierno no son infundados; se trata de una realidad de una entidad que está minada de exguerrilleros que, inclusive, han generado problemas internos con los sindicatos, pues las denuncias han mostrado que el gobierno ha dado privilegios a los excombatientes saltándose los acuerdos laborales de quienes por tradición han estado en la entidad y han dedicado su vida a proteger la de otros.

En la actualidad, la UNP tiene más de 11 mil personas vinculadas para dar protección a un número aproximado de 15 mil personas, entre funcionarios, líderes sociales, políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, alcaldes, gobernadores, congresistas, ministros, entre otros; a los que se les ha dado algún tipo de esquema, que van desde la entrega de chalecos antibalas y radios hasta la disposición de personas escoltas y vehículos blindados.

Algunos funcionarios y altos dignatarios, en los últimos años, han preferido desistir de los esquemas brindados por la UNP y solicitar directamente a la Policía o solicitar el refuerzo a la Fuerza Pública, inclusive contratar servicios privados de protección, por la desconfianza en la entidad.

La importancia del empalme en materia de seguridad

Los procesos de transición presidencial suelen concentrarse en aspectos económicos, administrativos y presupuestales. Sin embargo, pocas áreas requieren tanta coordinación como la seguridad.

La continuidad institucional no significa renunciar a procesos rigurosos de evaluación. Por el contrario, constituye una oportunidad para fortalecer protocolos y revisar procedimientos que permitan reducir riesgos.

En democracias consolidadas resulta habitual que los gobiernos entrantes participen activamente en la revisión de los dispositivos de protección que acompañarán al nuevo jefe de Estado. Ese principio cobra mayor relevancia cuando existen antecedentes recientes que afectan la confianza pública.

Lo que llama la atención a los equipos de empalme que ya han recabado información previa desde el mes de enero que los miembros especializados de la campaña de Abelardo de la Espriella, comenzaron a investigar para dar el paso que comienza esta semana, es la multimillonaria contratación y aceleración de los procesos como si el gobierno pretendiera dejar "atornillados" personajes que no han sido investigadas a rigurosidad.

Las dudas son: ¿a quiénes realmente se estaría contratando? ¿Son estas personas idóneas? ¿Es la apertura de la puerta para que vigilantes de los grupos armados o de la izquierda queden dentro para notificar sobre las actividades de los personajes a proteger del nuevo gobierno? ¿Es una estrategia de la doctrina de "todas las formas de lucha" infiltrando agentes dobles? Estas dudas las tienen dentro de los equipos de empalme, según pudo establecer este medio.

La necesidad de recuperar la credibilidad

Más allá de la controversia política actual, el verdadero desafío consiste en recuperar la legitimidad institucional de la UNP. Una entidad encargada de proteger vidas no puede convivir permanentemente con sospechas sobre infiltraciones, corrupción o deficiencias en sus controles.

El nuevo gobierno encontrará una institución que deberá ser evaluada integralmente. La revisión de procesos de contratación, mecanismos de supervisión, controles internos y criterios técnicos aparece como una tarea prioritaria. También será necesario fortalecer y filtrar los procesos de selección del personal operativo y mejorar los sistemas de inteligencia preventiva que respaldan los esquemas de protección.

La confianza en una institución de esta naturaleza no se reconstruye mediante discursos. Se recupera mediante resultados verificables, transparencia administrativa y controles efectivos.

En este sentido, analistas consultados por IFMNOTICIAS no descartan que el nuevo gobierno deba entrar a hacer una revisión detallada de cada uno de los integrantes de la UNP, sus funciones y responsabilidades, individualizando a cada uno, depurando la planta de personal y contratistas, trabajando con los sindicatos y reestructurando la entidad en el fondo sin caer en la persecución.

Para uno de los analistas, el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella debería pensar en una reestructuración de todo el sistema de seguridad, inteligencia y defensa, y señala puntualmente a la Dirección Nacional de Inteligencia y a la Unidad Nacional de Protección,

Una responsabilidad que trasciende la política

La seguridad presidencial no pertenece a un partido político. Pertenece al Estado colombiano. Los funcionarios cambian, los gobiernos terminan y las mayorías electorales se modifican, pero las instituciones permanecen.

Precisamente por ello, cualquier decisión adoptada durante una transición debe contribuir a fortalecer la confianza y no a generar nuevas incertidumbres.

Las alertas formuladas por el vicepresidente electo reflejan preocupaciones que, dadas las funciones de la UNP y los antecedentes recientes de la entidad, merecen ser atendidas institucionalmente.

Las investigaciones sobre los escándalos ocurridos durante los últimos años seguirán su curso ante los organismos competentes, que serán los encargados de establecer responsabilidades individuales cuando corresponda.

Mientras tanto, el desafío inmediato consiste en garantizar que la protección del presidente electo, de su gabinete y de los altos funcionarios del Estado repose sobre criterios exclusivamente técnicos, procesos rigurosos de selección y mecanismos de control que devuelvan a la ciudadanía la confianza en una institución cuya misión fundamental es preservar la vida de quienes representan la institucionalidad democrática de Colombia.