(ANÁLISIS) Geografía electoral bajo la lupa. La coincidencia entre el mapa de Iván Cepeda y las zonas de influencia armada reabre el debate sobre las garantías democráticas

Una coincidencia que no puede ignorarse

Las elecciones presidenciales han dejado una fotografía política que hoy genera un intenso debate nacional. La imagen que circula ampliamente en redes sociales compara dos mapas: el primero muestra la distribución geográfica de la votación presidencial y el segundo corresponde a los territorios donde las autoridades han identificado presencia, influencia o disputa de grupos armados ilegales.

Lo que ha llamado la atención de analistas, dirigentes políticos y ciudadanos es que existe una coincidencia visible entre buena parte de las zonas donde Iván Cepeda obtuvo mayor respaldo electoral y aquellas regiones donde operan estructuras como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

La discusión no gira únicamente alrededor de los resultados electorales. El debate se centra en si las denuncias sobre presiones armadas al electorado, formuladas durante meses por organismos, comunidades y sectores políticos, pudieron haber tenido algún impacto en determinadas regiones del país.

La primera precisión necesaria es que una correlación geográfica no constituye una prueba automática de causalidad. Sin embargo, cuando esa coincidencia territorial aparece en zonas donde existen antecedentes documentados de intimidación armada, restricciones a la movilidad política y control social ejercido por organizaciones ilegales, la pregunta deja de ser simplemente estadística y se convierte en un asunto de interés público.

Las alertas previas que ya existían

Mucho antes de la jornada electoral, distintos informes habían advertido sobre riesgos para el libre ejercicio del voto en varias regiones.

La Misión de Observación Electoral (MOE), organizaciones de derechos humanos, autoridades regionales y sectores de la oposición alertaron reiteradamente sobre la influencia que grupos armados ejercen en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Arauca, Norte de Santander, Chocó y algunas zonas de Antioquia.

En varios de estos territorios, el Estado enfrenta dificultades históricas para ejercer control pleno sobre extensas áreas rurales. Allí, los grupos armados ilegales no solo mantienen actividades relacionadas con narcotráfico, minería ilegal y extorsión, sino que también ejercen control social sobre comunidades enteras.

Ese control suele traducirse en regulaciones informales sobre movilidad, comercio, convivencia y participación política. Precisamente por ello, las denuncias de presunto constreñimiento electoral fueron una constante durante la campaña presidencial.

Las autoridades tienen ahora la responsabilidad de verificar si dichas denuncias tuvieron alguna incidencia real en el comportamiento electoral de estas regiones.

El peso político de la “Paz Total”

El debate adquiere una dimensión adicional por el contexto político que rodea la candidatura de Iván Cepeda. Durante el actual gobierno, la política de “Paz Total” promovió acercamientos, negociaciones y espacios de diálogo con diversos grupos armados ilegales.

Algunos sectores consideran que esta estrategia buscaba disminuir la violencia mediante mecanismos de negociación. Otros han cuestionado que esos procesos terminaron otorgando beneficios políticos y jurídicos a organizaciones que continuaron ejerciendo control territorial.

La suspensión de órdenes de captura para algunos voceros de estructuras criminales, la creación de mesas de diálogo y diversos mecanismos de interlocución han sido objeto de fuertes controversias que acercan la relación con el candidato Iván Cepeda, quien, además de ser estructurador del plan de Paz Total, forma parte de esas mesas de diálogo.

Para los críticos del gobierno, la coincidencia entre los territorios donde operan estas organizaciones y los resultados electorales favorables a Cepeda obliga a examinar si existió alguna influencia indebida sobre el electorado, más cuando han sido públicas las declaraciones de los voceros de los grupos terroristas en las que afirman apoyar la candidatura de Iván Cepeda y las comunidades denunciaron que fueron obligados a carnetizarse para controlar el voto a favor de Cepeda.

Desde esta perspectiva, el debate trasciende el resultado de una elección específica y se proyecta hacia la discusión sobre los efectos políticos de las negociaciones adelantadas durante los últimos años.

Los respaldos públicos que aumentan las preguntas

Otro elemento que alimenta la controversia es que, durante los últimos años, diversos actores armados han sido asociados políticamente con posiciones cercanas al proyecto político representado por Gustavo Petro y ahora por Iván Cepeda.

Las autoridades han documentado en diferentes momentos intentos de organizaciones ilegales por influir en dinámicas políticas regionales. También han existido denuncias de comunidades que afirman haber recibido orientaciones o presiones relacionadas con procesos electorales, entre ellos, la carnetización y el "acompañamiento" a los puestos de votación.

La preocupación aumenta cuando esas denuncias coinciden con mapas territoriales donde la presencia armada es predominante. El propio ejército reportó que en zonas de Meta, Guaviare y Vaupés, las disidencias de Calarcá estaban ordenando los procesos de carnetización, mientras que en el Cauca y Nariño, las disidencias de Iván Mordisco habían decretado un cese unilateral al fuego con la intención de que sus hombres, vestidos de civil, pasaran por los predios rurales y las casas en la zona urbana, ordenando el acompañamiento a las urnas. En ambos casos, ordenando el voto a favor de Iván Cepeda.

En el mismo sentido, las comunidades de las comunas 1 y 2 de Medellín denunciaban a la concejal Claudia Carrasquilla y a los medios de comunicación que los cabecillas de los combos delincuenciales, integrantes de la mesa de paz de la mesa de Itagüí, habían dado la orden de votar por Iván Cepeda a todos los habitantes del sector y que ejercerían el control. No obstante, cualquier conclusión definitiva sobre estas denuncias requiere investigaciones judiciales y electorales rigurosas.

La legitimidad democrática exige que cualquier acusación de constreñimiento electoral sea demostrada mediante evidencia verificable y no únicamente mediante inferencias políticas o denuncias sin pruebas. En la fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, se han dado cientos de denuncias, muchas de las cuales han prosperado, pero existe una gran cantidad que, si bien se repiten en los hechos, no tienen forma de ser probadas por la dificultad de acceder a los territorios afectados o por el temor de los ciudadanos para aportar las pruebas.

Sin embargo, ignorar las coincidencias tampoco parece una opción responsable y así lo ha hecho saber el Procurador General Gregocio Eljach y la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

El componente indígena y la influencia territorial

La discusión también incorpora otro factor político relevante: la candidatura vicepresidencial de Iván Cepeda, la senadora indígena Aída Quilcué, quien representa una de las figuras más visibles del movimiento indígena colombiano y posee una amplia influencia en territorios donde las comunidades indígenas tienen una presencia significativa.

Quilcué es perteneciente al pueblo Nasa, también conocido como pueblo Paéz, que tradicionalmente ha estado en disputa territorial con el pueblo Misak. Quilcué ha sido acusada por los Misak de haberse aprovechado de su influencia y posición dentro de la CRIC, y de dejar de lado las necesidades Misak dando prioridad a los Nasa. En ese sentido, durante la más reciente batalla campal que dejó cerca de una decena de muertos y un centenar de indígenas heridos, la señora Quilcué fue acusada de tener relaciones directas con grupos armados.

Y es que algunas fuentes la señalan, a Aida Quilcué, como descendencia directa de Manuel Quintín Lame; como nieta en segundo grado del líder indígena reconocido como uno de los creadores de las FARC en el Cauca, el líder guerrillero en una época de revolución social armada. La lucha indígena ha sido por décadas por la tierra y, precisamente, algunos de esos territorios coinciden igualmente con zonas afectadas por la presencia de grupos armados ilegales con los que muchos han tenido que pactar y otros han terminado apoyando.

Esta superposición territorial no implica necesariamente una relación causal entre ambos fenómenos, pero los estudios de seguridad de varias entidades sociales analizan el fenómeno como causística. Así es como se muestra la complejidad del escenario político en regiones donde confluyen organizaciones sociales, estructuras comunitarias, economías ilícitas y actores armados.

En departamentos como Cauca, por ejemplo, convergen históricamente reivindicaciones indígenas, disputas territoriales, cultivos ilícitos, presencia guerrillera, deudas históricas y grandes necesidades sociales que no han podido ser resueltas, aun cuando el Estado transfiere miles de millones de pesos y recursos a los pueblos indígenas a través de la CRIC, pues la organización propia les da un alto nivel de independencia en la autoridad, su propia seguridad y administración territorial. La entidad ha sido reiteradamente en la historia acusada de ser politizada, ideologizada y responsable de la presunta dilapidación de esos dineros que no se ven reflejados en bienestar social.

Para el movimiento de izquierda radical, la CRIC ha sido la responsable de las famosas mingas indígenas y los bloqueos de la Panamericana, de la propiedad de los cultivos de marihuana y de cercanía con los grupos armados. Por ello, cualquier análisis serio debe reconocer que los resultados electorales en estas regiones responden a múltiples factores sociales, culturales, de seguridad, violencia y políticos. Reducir toda la explicación a una sola variable sería una simplificación excesiva.

El desafío para la institucionalidad electoral

Más allá de los nombres propios y de las disputas partidistas, la principal preocupación recae sobre la credibilidad del sistema democrático. Cuando amplios sectores de la sociedad perciben que existen dudas sobre la libertad del voto en determinadas regiones, la confianza institucional comienza a deteriorarse.

Por esa razón, corresponde a organismos como la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y las autoridades de seguridad evaluar cada una de las denuncias presentadas. La democracia no solo debe ser transparente. También debe parecerlo.

Si existen territorios donde la población siente que grupos armados influyen sobre decisiones electorales, la respuesta institucional debe ser contundente y verificable. La ausencia de investigaciones profundas podría alimentar aún más la polarización política.

El verdadero problema. Territorios donde el Estado no manda

La discusión de fondo quizá sea más profunda que el resultado de una elección presidencial. El verdadero interrogante es por qué, décadas después, Colombia continúa teniendo extensas regiones donde actores armados mantienen niveles significativos de control territorial.

Es claro que en grandes partes del territorio en donde el Estado históricamente escasamente tiene presencia, estos espacios son llenados por los grupos armados ilegales, quienes imponen su propia ley, controlan la movilidad, imparten justicia, cobran impuestos revolucionarios y actúan como autoridad.

Es por ello que el reto de la institucionalidad electoral en estas zonas se ve debilitado y el riesgo a la presión armada condiciona el voto y, en esta oportunidad, los propios grupos armados han señalado públicamente que Iván Cepeda es su candidato.

Mientras esa realidad persista, cualquier proceso electoral estará expuesto a cuestionamientos. No se trata únicamente de quién ganó o perdió una elección. Se trata de garantizar que todos los ciudadanos puedan votar sin presiones, amenazas o condicionamientos.

La existencia misma de zonas donde la influencia armada es reconocida por las autoridades constituye una señal de debilidad institucional que trasciende gobiernos y administraciones. La democracia colombiana enfrenta allí uno de sus desafíos históricos más complejos.

Una coincidencia que exige respuestas

La imagen comparativa entre los resultados electorales y la presencia territorial de grupos armados no constituye una prueba concluyente de constreñimiento electoral. Sin embargo, tampoco puede ser descartada como una simple curiosidad estadística.

La coincidencia geográfica, sumada a las denuncias previas realizadas por comunidades, organizaciones de observación electoral y sectores políticos, plantea preguntas legítimas sobre las condiciones en que se desarrolló la competencia democrática en algunas regiones del país.

Lo que corresponde ahora no es alimentar teorías sin evidencia, sino exigir investigaciones serias, independientes y transparentes. La legitimidad de cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica, depende de que los ciudadanos tengan la certeza de que cada voto fue emitido libremente.

Si las instituciones logran demostrar que las elecciones se desarrollaron sin interferencias ilegales, la confianza democrática se fortalecerá. Pero si las denuncias terminan encontrando sustento probatorio, Colombia enfrentará un debate mucho más profundo sobre la relación entre violencia, control territorial y representación política.

La coincidencia geográfica está sobre la mesa. Lo que sigue corresponde a las autoridades. Porque en una democracia sólida, ninguna duda sobre la libertad del voto puede quedar sin respuesta.