(ANÁLISIS) Votar bajo presión. Las alertas sobre la influencia de grupos armados en las elecciones presidenciales de 2026

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 dejó una advertencia que trasciende los resultados electorales y abre un debate sobre las condiciones reales en las que millones de colombianos ejercerán su derecho al voto en la segunda vuelta.

Un informe elaborado a partir de la Veeduría Entorno Electoral 2026, apoyado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Colombia 2050, concluyó que existen evidencias de presión sobre los votantes en territorios afectados por la presencia, interferencia o control de grupos armados ilegales.

El análisis identifica 361.313 votos efectivos registrados en 504 puestos de votación catalogados como de alta criticidad, donde confluyen señales de atipicidad electoral, riesgos territoriales documentados por organismos de observación y dinámicas de control ejercidas por actores armados.

Más allá de las cifras, el documento plantea una preocupación de fondo: la democracia puede funcionar formalmente, con mesas instaladas y resultados contabilizados, pero eso no significa que todos los ciudadanos lleguen a las urnas en condiciones de libertad plena.

Una radiografía de los territorios donde votar sigue siendo un riesgo

El estudio parte de un cruce de información entre los resultados electorales de la primera vuelta presidencial, los mapas de riesgo de la Misión de Observación Electoral (MOE) y las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

A partir de ese análisis, los investigadores identificaron tres niveles de observación. En primer lugar, detectaron 1.543 puestos de votación con señales de atipicidad electoral que concentraron 603.703 votos efectivos.

Posteriormente, se redujo el universo a 584 puestos considerados referibles a las autoridades, donde coincidían señales de anomalía electoral y riesgo territorial, sumando 496.511 votos. Finalmente, el núcleo más sensible del análisis quedó conformado por 504 puestos de votación ubicados fuera de Bogotá, considerados de mayor criticidad y donde se registraron 361.313 votos efectivos.

Según los autores del informe, estos lugares presentan una combinación de factores que ameritan una revisión institucional detallada: concentración atípica del voto, presencia documentada de grupos armados ilegales y condiciones territoriales que limitan el ejercicio libre de la participación política.

El miedo como mecanismo de control electoral

Uno de los principales hallazgos del informe se relaciona con las formas indirectas de presión sobre los ciudadanos. La investigación concluye que la influencia sobre el voto no necesariamente ocurre dentro del puesto de votación ni mediante actos visibles de violencia.

Por el contrario, el control se manifiesta a través del miedo, la autocensura, las restricciones de movilidad y la vigilancia social ejercida en territorios donde la presencia de grupos armados condiciona la vida cotidiana.

El documento sostiene que el voto secreto pierde parte de su eficacia cuando los mecanismos de presión operan antes o después del sufragio.

En varios municipios del país se documentaron situaciones en las que el certificado electoral fue utilizado como mecanismo de verificación, control o demostración de cumplimiento. Los casos reportados incluyen municipios como Cartagena del Chairá, El Tambo, Anorí y sectores específicos de Barranquilla.

Según la veeduría, la exigencia de presentar el certificado electoral funcionó en algunos contextos como una herramienta para verificar quién acudió a votar o quién cumplió determinadas orientaciones políticas.

Restricciones a la movilidad y control territorial

El informe también señala que las limitaciones para desplazarse constituyen una de las formas más efectivas de interferencia electoral.

En diferentes regiones del país se registraron denuncias sobre permisos informales para circular, horarios restringidos, control de rutas fluviales, fronteras invisibles y presencia de minas antipersona.

Estas condiciones afectan no solo a los votantes, sino también a candidatos, testigos electorales, observadores y organizaciones de veeduría ciudadana. La consecuencia, según el estudio, es una reducción de las garantías para la competencia política en igualdad de condiciones.

Los investigadores advierten que la capacidad de hacer campaña, llevar a cabo reuniones públicas o desarrollar actividades proselitistas varía significativamente según el territorio. Mientras en algunas ciudades existe plena libertad para la actividad política, en otras regiones la presencia armada condiciona los movimientos de candidatos y ciudadanos.

El “diccionario del miedo” que detectó la investigación

Uno de los apartados más llamativos del informe corresponde al análisis semántico realizado sobre conversaciones digitales, testimonios y publicaciones en redes sociales.

Los investigadores identificaron expresiones recurrentes utilizadas por habitantes de zonas de riesgo para referirse indirectamente a situaciones de presión o amenaza. Frases como “eso está caliente”, “hay que pedir permiso”, “aquí mandan otros”, “uno no se mete” o “mejor no hablar” aparecieron repetidamente en el monitoreo.

La investigación denominó a este fenómeno como el “diccionario del miedo”. Según los autores, estas expresiones reflejan formas de autocensura que se desarrollan en contextos donde denunciar puede implicar riesgos para la integridad personal.

El análisis digital realizado por la plataforma Nikka identificó 29.749 publicaciones relacionadas con control territorial, riesgo armado y restricciones informales a la participación política, generando más de 36 millones de visualizaciones.

Los territorios con mayores alertas

La jornada electoral transcurrió con normalidad en gran parte del país, según reconoce el informe. Sin embargo, los investigadores identificaron 42 hechos relevantes en 34 municipios pertenecientes a 18 departamentos.

Las principales alertas se concentraron en corredores estratégicos donde históricamente han operado estructuras armadas ilegales. Entre las zonas más sensibles aparecen el Catatumbo, varias regiones del Cauca andino, el Pacífico colombiano, sectores de Caquetá y corredores que conectan Arauca con Guaviare.

En estos territorios se reportaron hechos relacionados con restricciones de movilidad, ataques con explosivos, uso de drones, enfrentamientos armados, temor ciudadano y presuntas situaciones de voto condicionado.

Disidencias y ELN aparecen como principales actores señalados

La veeduría identificó a las disidencias de las antiguas FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como los principales actores armados asociados a interferencias en el entorno electoral.

Según el informe, las disidencias aparecen relacionadas con ataques, propaganda intimidatoria y mecanismos de control asociados al certificado electoral. Por su parte, el ELN fue vinculado principalmente con restricciones de acceso territorial y presuntas formas de constreñimiento al sufragante.

Los autores del estudio aclaran que sus hallazgos no constituyen investigaciones judiciales ni pruebas concluyentes sobre delitos electorales. El objetivo es señalar patrones de riesgo que requieren verificación institucional.

La geografía de las anomalías electorales

El componente cuantitativo del informe identifica una concentración geográfica muy específica de los puestos considerados atípicos. Las señales más fuertes aparecen en regiones como Chocó, Nariño, Cauca, Putumayo, Catatumbo y sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Estas zonas coinciden con corredores estratégicos para economías ilegales, presencia histórica de grupos armados y baja capacidad institucional. Los investigadores sostienen que la principal señal de alerta corresponde a concentraciones extremas de votos en puestos rurales pequeños.

De los 584 puestos considerados referibles, 439 están ubicados en zonas rurales, equivalentes al 75,2% del total. Para la veeduría, este patrón amerita especial atención por parte de las autoridades electorales.

Diferencias entre Bogotá y las zonas rurales

El informe dedica un análisis particular a Bogotá. La capital concentra 80 puestos considerados referibles y 135.198 votos efectivos. Sin embargo, los investigadores advierten que la naturaleza de la atipicidad en Bogotá es distinta.

Mientras en los territorios rurales predominan concentraciones extremas del voto, en la capital las anomalías observadas están relacionadas principalmente con niveles elevados de participación.

Además, las variables de riesgo utilizadas por la MOE y la Defensoría operan a escala municipal y no permiten diferenciar dinámicas específicas entre localidades o barrios. Por esa razón, los autores consideran que Bogotá requiere una lectura metodológica diferenciada.

Los patrones electorales identificados

El análisis estadístico también examinó la distribución de votos entre los candidatos presidenciales.

Según el informe, Iván Cepeda obtuvo resultados mayoritarios en 474 de los 584 puestos referibles, registrando un promedio de dominio electoral del 86,1%. Por su parte, Abelardo de la Espriella ganó en 110 puestos considerados referibles, con un promedio de dominio del 62,3 % y altos niveles de participación electoral.

Los investigadores enfatizan que estos hallazgos no constituyen evidencia de conductas irregulares por parte de campañas, partidos o candidatos. El informe insiste en que se trata únicamente de patrones estadísticos que deben ser objeto de análisis institucional.

El riesgo de una crisis de confianza

Otro de los elementos destacados por la veeduría es la posibilidad de que narrativas sobre fraude electoral generen escenarios de desconfianza institucional.

El documento advierte que errores logísticos, contingencias de orden público o incidentes aislados pueden ser utilizados para alimentar percepciones de manipulación electoral si no existe información clara y oportuna por parte de las autoridades.

Según el monitoreo digital realizado durante el proceso, la relación entre fraude, desconfianza institucional y resultados electorales alcanzó niveles considerados críticos.

Por ello, los investigadores recomiendan fortalecer los mecanismos de comunicación pública y transparencia electoral.

El llamado a las autoridades

Ante los hallazgos, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga formuló una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores institucionales.

A las autoridades electorales, judiciales y organismos de control les pidió verificar los territorios priorizados, investigar las señales documentadas y fortalecer mecanismos seguros de denuncia.

A las autoridades de seguridad les recomendó reforzar la protección de la movilidad ciudadana, garantizar acceso seguro a los puestos de votación y actuar frente a denuncias relacionadas con amenazas o constreñimiento.

Las misiones nacionales e internacionales de observación electoral fueron invitadas a ampliar su atención hacia el entorno territorial de las elecciones y no únicamente hacia la operación técnica dentro de los puestos de votación.

Una discusión que trasciende los resultados electorales

Más allá de las cifras y los hallazgos específicos, el informe abre una discusión sobre la calidad de la democracia en territorios donde la presencia estatal sigue siendo limitada. La principal conclusión de la veeduría es que el derecho al voto no depende únicamente de la existencia de urnas, jurados y sistemas de escrutinio.

También está condicionado por las condiciones de seguridad, la libertad de expresión, la posibilidad de movilizarse sin restricciones y la ausencia de presiones provenientes de actores armados.

Los investigadores insisten en que la ausencia de denuncias formales no puede interpretarse automáticamente como ausencia de coerción. En contextos donde existen riesgos de represalias, el silencio puede convertirse en una forma de supervivencia.

Por ello, el informe plantea la necesidad de fortalecer la presencia institucional en territorios vulnerables y avanzar hacia mecanismos que permitan garantizar que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.

La advertencia central es clara: una elección puede desarrollarse técnicamente de manera adecuada y, al mismo tiempo, enfrentar desafíos relacionados con la libertad real de los votantes. El reto para las autoridades será determinar hasta qué punto esas señales documentadas reflejan fenómenos aislados o dinámicas estructurales que requieren respuestas de largo plazo para proteger la integridad del proceso democrático colombiano.