(ANÁLISIS) Seguridad en campaña y guerra narrativa. El caso De la Espriella y el riesgo de la desinformación en Colombia

Una campaña marcada por la amenaza

El reciente debate por el uso de helicópteros por parte de Abelardo de la Espriella revela no solo las dificultades logísticas de hacer política en un país con antecedentes de violencia, sino también el impacto de las narrativas mediáticas en la contienda electoral.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay reabrió una herida histórica en Colombia. La violencia contra candidatos no es un episodio nuevo, sino un patrón que marcó décadas en las que aspirar a la presidencia implicaba un riesgo real de muerte. Treinta años atrás, la plaza pública era escenario de atentados contra quienes lideraban las encuestas.

Ese antecedente explica por qué, en el actual proceso electoral, la seguridad se ha convertido en una prioridad absoluta para las campañas. No se trata de una medida preventiva exagerada, sino de una reacción frente a hechos concretos que evidencian vulnerabilidad.

En este contexto, la movilidad aérea, particularmente el uso de helicópteros, no responde únicamente a comodidad o estrategia logística. Es una herramienta de seguridad que permite reducir exposiciones, evitar desplazamientos terrestres en zonas de riesgo y garantizar tiempos de reacción ante cualquier amenaza.

La crisis de confianza en la seguridad estatal

Uno de los elementos que ha profundizado esta situación es la pérdida de credibilidad en los esquemas oficiales de protección. La Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de garantizar la seguridad de líderes políticos, enfrenta cuestionamientos que han impactado la confianza de las campañas.

La incorporación de excombatientes de las FARC en estos esquemas ha generado controversia en sectores políticos que consideran contradictorio que antiguos actores armados, quienes siempre intentaron acabar con la vida de candidatos, participen ahora en su protección. Este debate, más allá de posiciones ideológicas, ha tenido un efecto concreto: varias campañas han optado por reforzar sus propios esquemas de seguridad.

La consecuencia es clara. Los candidatos no sienten garantías suficientes desde el Estado y buscan mecanismos alternativos para proteger su integridad. Esto incluye la contratación de servicios privados, entre ellos el transporte aéreo especializado.

El caso de De la Espriella y la controversia mediática

En este escenario surge la polémica alrededor del candidato Abelardo de la Espriella, uno de los más amenazados. Su decisión de movilizarse en helicóptero fue objeto de críticas por parte de algunos sectores periodísticos, que no solo cuestionaron el uso del medio de transporte, sino que extendieron sus señalamientos hacia las empresas proveedoras del servicio, en este caso HeliStar, tratando de vincular a los propietarios con actividades ilícitas sin evidencias.

El debate dejó de centrarse en la seguridad del candidato y se trasladó hacia la construcción de una narrativa que ponía en duda la legitimidad de los contratos y la naturaleza de la relación comercial. El nivel de especulación se salió de los límites y se plantearon hipótesis como las donaciones, la financiación y otras afirmaciones por fuera de lo periodístico, lo informativo o la opinión.

Sin embargo, los hechos conocidos muestran que De la Espriella no es el único candidato que utiliza este tipo de transporte. También lo hacen Paloma Valencia y el propio candidato del petrismo, Iván Cepeda. En campañas de alto riesgo, el uso de helicópteros ha sido una práctica recurrente y documentada en distintos procesos electorales. Así fue en la campaña de Gustavo Petro, que hizo uso de aviones, aunque en este caso, la campaña se extralimitó en los topes de gasto, lo que la ha mantenido bajo la lupa por cuatro años.

La respuesta empresarial y el peso de la evidencia

Ante la controversia, la empresa HELISTAR emitió un pronunciamiento formal a través de su firma de abogados Víctor Mosquera. En este documento se aclara que los servicios prestados a campañas políticas se realizan bajo esquemas estrictamente comerciales, con contratos formales y pagos debidamente registrados.

La compañía fue enfática en señalar que no existen donaciones ni aportes políticos, sino relaciones comerciales verificables, respaldadas por los reportes ante el Consejo Nacional Electoral.

Este pronunciamiento introduce un elemento clave en el análisis: la diferencia entre hechos comprobables y narrativas construidas. Mientras la empresa presenta documentación y respaldo jurídico, los señalamientos difundidos en algunos espacios mediáticos, principalmente de Blu Radio, carecen, según la propia firma, de sustento probatorio.

Medios, narrativa y política

El episodio pone en evidencia el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la contienda electoral. En contextos polarizados, la información puede convertirse en una herramienta de influencia que trasciende la simple difusión de hechos.

Cuando los cuestionamientos se formulan sin evidencia verificable, el impacto no se limita al candidato. Se extiende a terceros, como empresas.s y personas, cuya reputación puede verse afectada sin un debido proceso de contraste informativo. Queda en medio, sacrificada la responsabilidad de los periodistas, su credibilidad y la de los medios de comunicación.

El caso de HELISTAR ilustra este fenómeno. Una empresa privada, con operaciones reguladas y contratos formales, terminó en el centro de un debate político sin que existiera, según su defensa, fundamento jurídico para los señalamientos.

Implicaciones para la democracia

La combinación de inseguridad física y confrontación mediática genera un escenario complejo para la democracia. Por un lado, los candidatos enfrentan riesgos reales que condicionan su capacidad de hacer campaña. Por otro, las narrativas pueden distorsionar la percepción pública sobre sus decisiones.

Este doble frente, seguridad y comunicación, redefine las reglas del juego electoral. Las campañas no solo deben proteger a sus candidatos, sino también gestionar el impacto de la información que circula en el espacio público.

El riesgo es evidente. Cuando la discusión se desplaza de los hechos hacia interpretaciones sin respaldo, se debilita la calidad del debate democrático. La opinión pública toma decisiones sobre percepciones que no necesariamente corresponden a la realidad verificable.

El costo social de la desinformación

Más allá de la contienda electoral, este tipo de episodios tiene consecuencias sociales. Se parte del libre ejercicio del periodismo dentro de la libre expresión, pero cuando la verdad se sacrifica en pro de narrativas especulativas, quien sufre las consecuencias es la sociedad.

A esto se le denomina desinformación y es cuando se afecta la confianza en las instituciones, en los medios y en el sector privado; juega con la reputación, la honra, el buen nombre y del ejercicio de un derecho se pasa a vulnerar los derechos de otros.

Las empresas que prestan servicios a campañas políticas operan dentro de un marco legal. Cuando su reputación se ve comprometida por señalamientos sin sustento, se genera un efecto que trasciende el caso puntual y afecta el entorno empresarial en general.

Además, se crea un precedente peligroso: la posibilidad de utilizar el señalamiento público como herramienta de presión o deslegitimación sin necesidad de pruebas concluyentes. Es cuando nacen las preguntas, ¿cuál es el propósito y quién está detrás de los intereses que buscan hacer daño? Cuando estas preguntas surgen, se ve menguada la credibilidad y transparencia informativa y se generan dudas sobre quién hay detrás y a qué intereses sirven. Así es como los medios pierden su dependencia.

Entre la seguridad y la narrativa

El caso de Abelardo de la Espriella refleja una tensión central en la política colombiana actual. La necesidad de garantizar la seguridad de los candidatos convive con un entorno comunicativo altamente polarizado.

El uso de helicópteros, lejos de ser un lujo o un capricho, responde a condiciones objetivas de riesgo. Cuestionarlo sin considerar ese contexto implica desconocer la realidad de una campaña que se desarrolla bajo amenaza.

Analistas de IFMNOTICIAS, recuerdan que estas situaciones es podrían demostrar que tras las voces de los periodistas que atacaron, hay molestias personales con el candidato que van más allá de lo informátivo y lo profesional. Enfatizan en que es evidente que Abelardo de la Espriella ha sido un candidato duro y hasta irrespetuoso en ocasiones al responder a algunos periodistas que se han sentido atacados por el. candidato y se preguntan si estas situaciones llevan a confundir y si ¿se debe utilizar el micrófono y los medios para venganzas personales?

Al mismo tiempo, la reacción mediática evidencia cómo las decisiones operativas pueden convertirse en materia de disputa política, con efectos que van más allá del candidato.

Una campaña en terreno complejo

Colombia enfrenta una campaña presidencial en la que convergen riesgos de seguridad, tensiones políticas y disputas narrativas. Cada uno de estos elementos influye en el desarrollo del proceso democrático.

El desafío es mantener el equilibrio entre el derecho a la crítica y la responsabilidad informativa. La democracia se fortalece cuando el debate se basa en hechos verificables, no en construcciones que carecen de sustento, y más cuando las narrativas se presentan de modo de información pero van más allá de la opinión, para llegar a la desinformación.

En un país con antecedentes de violencia política, la protección de los candidatos debería ser un punto de consenso. Al mismo tiempo, el rigor informativo debe ser la base sobre la cual se construye la opinión pública.