(ANÁLISIS) La crisis eléctrica en la Costa Caribe: Un problema más allá de las empresas

La intervención de la empresa Air-e, encargada de la distribución eléctrica en gran parte de la Costa Caribe colombiana, ha puesto en evidencia un problema estructural que trasciende a las gestiones administrativas: la falta de cultura de pago entre los usuarios. Este fenómeno, que ya ha sido señalado como una de las causas del fracaso de empresas anteriores como Corelca y Electricaribe, sigue siendo un obstáculo insuperable para cualquier operador en la región.

Un déficit alarmante

El déficit de Air-e ha alcanzado cifras preocupantes, superando los 1,2 billones de pesos, una situación que ha sido generada en gran parte por el comportamiento de los usuarios. De acuerdo con reportes recientes, más del 50% de los usuarios de la empresa no pagan la electricidad que consumen. Este incumplimiento no solo genera un impacto financiero insostenible, sino que también limita la capacidad de la empresa para realizar las mejoras en infraestructura que tanto demandan los usuarios.

La morosidad es uno de los problemas más graves que enfrenta la compañía, pero no es el único. También se ha identificado un alto nivel de fraude, con conexiones ilegales a la red eléctrica que incrementan aún más las pérdidas económicas. Las conexiones fraudulentas, conocidas coloquialmente como «robos de energía», constituyen una problemática que, lejos de disminuir, ha persistido e incluso empeorado en algunas áreas.

El dilema de la Costa Caribe

Históricamente, la región de la Costa Caribe ha presentado problemas en la prestación de servicios públicos esenciales, y la electricidad no es la excepción. A pesar de las constantes protestas de la población exigiendo un servicio más eficiente y de mejor calidad, lo que queda al descubierto es una contradicción profunda: los usuarios exigen mejoras sin cumplir con su responsabilidad de pago.

Este círculo vicioso tiene un impacto devastador en las finanzas de las empresas distribuidoras y en la calidad del servicio. En efecto, la falta de recursos impide la modernización de las redes, la reducción de los cortes y la mejora general de la prestación del servicio, lo que genera frustración entre los usuarios. Sin embargo, este descontento no va acompañado de un esfuerzo colectivo por regularizar los pagos y evitar las conexiones fraudulentas.

Afinia y EPM: Más de lo mismo

La situación no es exclusiva de Air-e. Afinia, filial de EPM, encargada de gestionar la distribución eléctrica en el resto de la Costa Atlántica, ha reportado problemas similares. John Maya, gerente de EPM, confirmó en una entrevista reciente que el problema de la falta de cultura de pago también afecta gravemente a Afinia, la cual enfrenta altos niveles de fraude y morosidad. De hecho, Maya destacó que, aunque los esfuerzos por mejorar la infraestructura eléctrica son constantes, estos se ven limitados por el incumplimiento de los usuarios, al punto de asegurar que Afinia ha dejado de recaudar $2,3 billones y que su déficit acumulado es ya de $1,2 billones.

En este sentido, Maya sumó a los problemas la falta de pago de los subsidios que son compromiso del Gobierno Nacional, lo que hace más difícil que la operación de la empresa pueda seguir y señala que de seguir la situación, para diciembre de este año, se podría producir en afectación en el servicio. Por ello le proponen al Gobierno Nacional, que compre el 100% de las acciones de la empresa.

Maya reveló que Afinia tiene actualmente 1,7 millones de clientes y que 927.000 de ellos no pagan sus facturas, cifras que, son muy similares a las que llevaron a Air-e a advertir, en su momento, que no les quedaba, sino dinero para operar 5 días que se vencieron hoy y que llevó a la intervención.

Si bien el gerente de EPM dice que la situación de Afinia es muy diferente a la de Air-e y que una intervención de Afinia sería algo muy malo para la región, y que, por el momento, no es necesario, pero sí señaló que es necesario pensar en soluciones inmediatas.

La situación actual de Air-e y Afinia recuerda los motivos del fracaso de Electricaribe, que en 2016 fue intervenida y liquidada por el Gobierno Nacional debido a su incapacidad para prestar un servicio adecuado, en gran parte derivada de las mismas causas que afectan a los actuales operadores: el incumplimiento masivo de los usuarios en el pago del servicio y los altos índices de robo de energía.

Por lo pronto, tanto Air-e como Afinia, han cumplido con los compromisos de inversión, el caso de Air-e es invertir $2,6 billones entre el 2020 y 2025 y la de Afinia $3,2 billones que se han ido dando sin contratiempos, hasta ahora, pero contrastando con los recaudos, no hace viable las empresas.

Un reto para el futuro

La intervención de Air-e, que en su momento fue vista como una solución para los graves problemas eléctricos de la región, ha demostrado que el desafío es más complejo de lo que parecía. No se trata únicamente de una cuestión de administración o de inversión en infraestructura, sino de un cambio cultural profundo en la relación entre los usuarios y el servicio público.

Sin una verdadera cultura de pago y un control más efectivo sobre las conexiones fraudulentas, cualquier empresa que opere en la Costa Caribe enfrentará serios problemas de viabilidad. La exigencia de los usuarios por un mejor servicio es legítima, pero debe ir acompañada de un compromiso con el pago oportuno y el respeto por la legalidad. De lo contrario, el ciclo de crisis que ha afectado a esta región durante décadas continuará repitiéndose, afectando tanto a los usuarios como a las empresas encargadas de prestar el servicio.

Este panorama plantea una pregunta clave: ¿Cómo puede la región de la Costa Caribe superar esta cultura de «no pago” y avanzar hacia una relación más justa y equilibrada con las empresas prestadoras del servicio eléctrico? La respuesta, sin duda, requerirá un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, las empresas y los propios usuarios, en una búsqueda por garantizar un suministro eléctrico eficiente, sostenible y justo para todos.

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