(ANÁLISIS) Del “chu chu chu” de Petro al colapso. El costo político y humano de la crisis del sistema de salud

La crisis que potenció Petro y como comenzó con el colapso.

Toda crisis estructural tiene un proceso de gestación. En el caso del sistema de salud colombiano, el deterioro observado durante los últimos años responde a una combinación de decisiones administrativas, restricciones financieras y enfrentamientos políticos alrededor del modelo de aseguramiento. Un nefasto plan de Gustavo Petro para forzar una reforma a la salud que sumió el país en la peor crisis. Para llegar a este punto, Petro aprovechó y potenció los problemas endémicos del sistema que nunca fueron corregidos.

Durante la discusión de la reforma a la salud promovida por el gobierno de Gustavo Petro, la confrontación dejó de concentrarse únicamente en el Congreso y comenzó a trasladarse al funcionamiento cotidiano del sistema. Mientras el Ejecutivo defendía la necesidad de transformar profundamente el modelo basado en las Entidades Promotoras de Salud (EPS), distintos sectores advertían que las decisiones administrativas podían terminar afectando la operación antes incluso de que existiera una reforma aprobada por el Legislativo.

La discusión dejó entonces de ser exclusivamente jurídica o política. Se convirtió en un problema operativo cuyos efectos comenzaron a sentirse en hospitales, clínicas, farmacias y, finalmente, en los pacientes.

El debate sobre el denominado “chu chu chu”

Dentro de ese contexto apareció una expresión que terminó adquiriendo un fuerte significado político y que advertía del nefasto plan de crear la crisis: el llamado “chu chu chu”. La frase fue utilizada por Gustavo Petro antes de llegar a la Presidencia para ilustrar el efecto dominó que, según planteaba, podía producirse sobre el sistema si se dejaba de pagar al sistema los dineros que el gobierno transfería puntualmente. Al llegar al Gobierno, Gustavo Petro ejecutó el plan que tiene el sistema en una crisis sin precedentes.

Con el paso del tiempo, esa expresión fue retomada por sectores críticos del Gobierno para describir lo que consideran una estrategia de debilitamiento progresivo de las EPS mediante decisiones financieras y administrativas.

Entre esas decisiones se encuentran las discusiones alrededor del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los presupuestos máximos destinados a tecnologías y medicamentos no financiados por la UPC, el retraso en algunos giros y las posteriores intervenciones administrativas realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud sobre varias EPS.

El Gobierno sostuvo que sus actuaciones buscaban corregir problemas estructurales y garantizar mayor transparencia. Sin embargo, los resultados observados en la operación cotidiana alimentaron un intenso debate sobre el impacto real de esas medidas.

El ahogo financiero terminó alcanzando a toda la cadena

El funcionamiento del sistema de salud depende de un delicado equilibrio financiero.

Cuando las EPS reciben oportunamente los recursos, pueden contratar con clínicas, hospitales, laboratorios y gestores farmacéuticos. Estos, a su vez, mantienen personal médico, infraestructura, medicamentos e insumos para atender a los pacientes.

Cuando alguno de esos eslabones comienza a fallar, el impacto rápidamente se transmite al resto de la cadena.

Las cifras muestran un deterioro considerable en la cartera acumulada del sector, que supera los 41 billones de pesos, con una alta proporción correspondiente a obligaciones vencidas.

El caso de la Nueva EPS refleja la dimensión del desafío financiero. Con más de once millones de afiliados, la entidad presenta costos de prestación superiores a sus ingresos, situación que ha ampliado significativamente su déficit operativo. El último informe pone a la entidad al borde la inviabilidad.

Ese escenario repercute directamente sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud, que enfrentan dificultades crecientes para mantener liquidez, pagar nómina, adquirir medicamentos y sostener su operación.

La consecuencia termina trasladándose inevitablemente al usuario que finalmente ve menos hospitales que atienden a sus necesidades por la falta de los pagos a las deudas.

Las intervenciones no lograron estabilizar el sistema

Uno de los instrumentos utilizados por el Gobierno fue la intervención administrativa de varias EPS.

La figura existe dentro del ordenamiento jurídico colombiano y busca proteger la prestación del servicio cuando una entidad presenta graves problemas administrativos o financieros.

Sin embargo, la experiencia reciente ha mostrado que las intervenciones no lograron revertir la tendencia de deterioro, sino que han sido utilizadas para deteriorar más el sistema. Las Inter e que se proyectaban como solución han demostrado que sus resultados van en contravía de la misión y las entidades intervenidas están en un estado aún más grave que cuando fueron intervenidas.

La evidencias dadas a conocer recientemente por la Contraloría y la Procuraduría muestran que varios indicadores de desempeño evidenciaron incremento en las peticiones, quejas, reclamos y acciones de tutela relacionadas con demoras en autorizaciones, consultas especializadas, procedimientos quirúrgicos y entrega de medicamentos y una preocupante situación económica con crecimiento exponencial de deudas.

Diversos procesos terminaron además siendo objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, que emitió decisiones relacionadas con el financiamiento del sistema y la protección del derecho fundamental a la salud.

El balance evidencia que la administración directa del Estado sobre varias EPS no produjo los resultados esperados en materia de oportunidad y eficiencia.

El paciente terminó siendo el principal afectado

Toda discusión sobre modelos de salud pierde sentido cuando se analiza desde la perspectiva del ciudadano.

Las consecuencias del deterioro financiero comenzaron a manifestarse mediante largas listas de espera para procedimientos quirúrgicos, dificultades para acceder a especialistas, suspensión de tratamientos y crecientes problemas en la entrega de medicamentos.

Los pacientes con enfermedades huérfanas, cáncer, hemofilia y otras patologías de alto costo enfrentaron uno de los escenarios más complejos debido a la interrupción en la continuidad de algunos tratamientos. Por primera vez en décadas Colombia volví a tener personas que murieron entre ellos varios niños por falta de atención médica, oportuna o falta el medicamentos.

Las acciones de tutela volvieron a convertirse en uno de los principales mecanismos utilizados por los ciudadanos para obtener servicios que constitucionalmente ya les corresponden.

El incremento de las reclamaciones refleja una realidad difícil de desconocer: cuando el sistema entra en crisis financiera, el derecho fundamental a la salud comienza a depender cada vez más de decisiones judiciales y los muertos por falta de atención contradicen. La visión del gobierno debe ser reconocido como “ potencia mundial de la vida”.

El deterioro de la red hospitalaria

Los efectos tampoco quedaron limitados al aseguramiento. Las clínicas, hospitales e instituciones prestadoras de salud comenzaron a enfrentar crecientes problemas de liquidez derivados de la acumulación de cuentas por cobrar. La teoría del Chu Chu Chu de Petro, generó en la práctica, un efecto dominó.

Numerosos servicios fueron suspendidos o reducidos debido a la falta de recursos para sostener personal especializado, adquirir insumos médicos o renovar equipos.

El cierre de miles de servicios y la desaparición de numerosas IPS representan una pérdida de capacidad instalada que no podrá recuperarse rápidamente.

La reconstrucción de esa red requerirá inversiones importantes y, sobre todo, restablecer la confianza financiera entre aseguradores y prestadores.

La responsabilidad política de la crisis

Todo gobierno responde políticamente por el funcionamiento de los sectores bajo su administración. El de Gustavo Petro quedará marcado en la historia como el creador de una crisis sin precedentes en el país.

Durante los últimos años, la salud ocupó un lugar prioritario dentro del programa político del presidente Gustavo Petro. La reforma al sistema fue presentada como una de las principales transformaciones de su mandato.

Sin embargo, la reforma no logró consolidarse plenamente en el Congreso, mientras que la crisis operativa continuó profundizándose. Ese contraste generó inevitablemente un debate sobre la responsabilidad política del Ejecutivo en el deterioro observado.

Los gobiernos pueden atribuir las dificultades a factores estructurales heredados o a obstáculos legislativos. No obstante, la administración cotidiana del sistema permaneció bajo responsabilidad del Gobierno Nacional, particularmente en aspectos relacionados con financiación, regulación, intervención administrativa y vigilancia.

La discusión política probablemente continuará durante varios años, pero los efectos sobre millones de usuarios ya hacen parte de la realidad del sistema sanitario colombiano, qué pasó de ser uno de los más reconocidos por su fortaleza y estabilidad en el mundo a uno de los más deficientes en sólo cuatro años.

Recuperar la confianza será la primera tarea del nuevo gobierno

El nuevo gobierno enfrentará uno de los desafíos más complejos de la administración pública.

La prioridad inmediata será estabilizar financieramente el sistema para evitar nuevos cierres de servicios y garantizar continuidad en la atención de los pacientes.

Ello implica revisar los mecanismos de financiación, asegurar el pago oportuno a prestadores, actualizar los valores de la UPC conforme a criterios técnicos y fortalecer los mecanismos de supervisión.

También será necesario recuperar la confianza de clínicas, hospitales, profesionales de la salud, laboratorios y gestores farmacéuticos. Sin confianza financiera resulta imposible reconstruir una red asistencial eficiente.

Más técnica y menos confrontación política

La experiencia reciente deja una enseñanza importante. Los sistemas de salud funcionan mejor cuando las decisiones se fundamentan en criterios técnicos, actuariales y epidemiológicos, más que en confrontaciones ideológicas.

La sostenibilidad financiera, la calidad del servicio y la oportunidad en la atención requieren planeación de largo plazo, reglas estables y diálogo permanente entre todos los actores.

Las reformas estructurales son legítimas dentro de cualquier democracia, pero su implementación exige mecanismos que eviten afectar la continuidad de la atención mientras se producen las transformaciones.

El principal patrimonio de un sistema sanitario no son únicamente sus hospitales o sus recursos financieros. Es la confianza de los ciudadanos.

El reto de reconstruir un sistema golpeado

Colombia dispone de profesionales altamente calificados, hospitales de referencia internacional y capacidades científicas ampliamente reconocidas.

La crisis actual no elimina esos activos, pero sí obliga a reconstruir las condiciones para que puedan operar adecuadamente.

El nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella tendrá que asumir una tarea doble: responder a las urgencias inmediatas de millones de pacientes y diseñar una estrategia que permita recuperar la sostenibilidad financiera del sistema sin sacrificar la cobertura alcanzada durante las últimas décadas.

La prioridad será reducir los tiempos de espera, normalizar el suministro de medicamentos, sanear las finanzas de la red hospitalaria y fortalecer los mecanismos de supervisión.

La experiencia reciente demuestra que las reformas sanitarias no pueden evaluarse únicamente por sus propósitos políticos. Deben medirse por sus resultados concretos sobre la vida de los ciudadanos. Cuando un paciente no consigue una cita, un medicamento o una cirugía a tiempo, el debate deja de ser ideológico y se convierte en un problema de salud pública del que dependen millones de vidas.

La recuperación del sistema exigirá recursos, decisiones técnicas y estabilidad institucional. Solo así será posible reconstruir un modelo que vuelva a poner al paciente en el centro de las políticas públicas y recupere la confianza perdida entre todos los actores del sector.