Alcances del decreto con el que el Gobierno Petro declaró la emergencia económica por 30 días

El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social mediante un decreto expedido en la noche de este lunes 22 de diciembre, con el que el Ejecutivo quedó habilitado para adoptar medidas excepcionales durante un periodo de 30 días.

La decisión permite al Gobierno expedir decretos con fuerza de ley con el propósito de enfrentar una situación fiscal que, según lo expuesto en el propio documento, compromete la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales. El objetivo central de la declaratoria es obtener recursos por 16,3 billones de pesos.

Con el decreto en vigencia, el presidente queda facultado para imponer nuevos impuestos sin acudir al trámite legislativo ordinario, mientras se mantenga el estado de excepción. El Gobierno señaló que las medidas que se adoptarán estarán orientadas a impuestos directos e indirectos dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como a tributos relacionados con asuntos ambientales y de salud pública.

Todos los decretos que se expidan tendrán que ser remitidos a la Corte Constitucional para su revisión automática. El Gobierno sostiene que la Nación atraviesa una coyuntura fiscal excepcional derivada de varios hechos concurrentes que afectan de manera directa las finanzas públicas.

En el decreto se indica que esta situación ha adquirido un carácter grave e inminente, al punto de limitar la capacidad material y jurídica del Estado para garantizar de forma continua y suficiente algunos derechos fundamentales y servicios públicos esenciales.

El documento enumera ocho factores que, según el Ejecutivo, justifican la declaratoria de la emergencia. Entre ellos se encuentra la obligatoriedad de cumplir un auto de la Corte Constitucional relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, así como la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana frente a recientes alteraciones del orden público y el agravamiento del riesgo por atentados contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos a cargos de elección popular.

También se incluye la no aprobación por parte del Congreso de dos proyectos de ley de financiamiento correspondientes a las vigencias fiscales de 2025 y 2026, que contemplaban recursos por 12 billones y 16,3 billones de pesos, respectivamente.

A esto se suman los efectos de la actual ola invernal, declarada como desastre nacional por cambio climático, sentencias judiciales ejecutoriadas pendientes de pago y obligaciones atrasadas en subsidios de servicios públicos y combustibles.

El Gobierno mencionó además compromisos contractuales adquiridos en vigencias anteriores, restricciones al endeudamiento derivadas de la regla fiscal, cláusulas asociadas a decisiones unilaterales del gobierno de Estados Unidos y limitaciones en la caja de la Tesorería General de la Nación.

Tras la expedición del decreto, comenzaron a conocerse acciones judiciales ante la Corte Constitucional por parte de la senadora María Fernanda Cabal, quien anunció la radicación de una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 1390 de 2025.

De igual forma, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el abogado Germán Calderón España presentaron una demanda en la que solicitaron la suspensión provisional de los efectos del decreto mientras se adelanta su revisión.

Mientras avanza este proceso, el Gobierno prepara los decretos tributarios con los que busca recaudar los recursos previstos, los cuales serán evaluados por la Corte en el marco del control constitucional establecido para los estados de excepción.

Petro arremetió contra la prensa, la oposición y el Banco de la República por la deuda pública y anunció decreto de emergencia tributaria