En un oficio dirigido a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes vienen investigando la violación de los topes de campaña Petro Presidente, que ya tiene proyecto de pliego de cargos radicado para ser discutido en sala plena; el abogado del presidente Gustavo Petro, Héctor Carvajal, interpuso un Incidente de Nulidad y Posterior Archivo, contra todo lo actuado hasta el momento por el CNE.
En lo que ha sido calificado como una acción dilatoria más, que raya con lo temerario en medio del desespero del Presidente por apagar las investigaciones que tienen fundamentos claros y pruebas, y que lo podrían afectar en la continuidad de su cargo; el abogado encargado de su defensa esgrime como argumento que, de continuarse, se estaría violando el concepto de la Corte Interamericana.
Textualmente señala que “se desconocería el fallo de la Corte Interamericana y las medidas que amparan al Presidente de la República, el fuero presidencial y las
normas constitucionales y legales que regulan la investigación y Juzgamiento del Presidente de la República y que establecen que NINGUNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA tiene competencia para investigar y juzgar para privar de los derechos fundamentales a ninguna persona y menos a un funcionario elegido popularmente como lo es el Presidente de la República”
Pero el abogado Carvajal, va más allá y amenaza a todos los magistrados del CNE, señalando que “como quiera que se ha filtrado a los medios el proyecto de acto administrativo, mediante el cual se pretende imputar cargos al Señor Presidente de la República, dentro de un proceso sancionatorio adelantado sin competencia, pido se abstengan los Honorables Magistrados de aprobar tal decisión, de resultar incursos en un procedimiento alejado del régimen jurídico que regula sus funciones y competencia, con posibles consecuencias de orden disciplinario y penal.”
En su petición, el abogado Carvajal insiste varias veces a los magistrados que se “abstengan” de continuar con las investigaciones y dice que el Consejo Nacional Electoral “carece de competencia para adelantar un proceso sancionatorio por violación de normas de financiación y topes de la campaña Presidencial en que resultó electo el hoy Presidente de la República Dr. Gustavo Francisco Petro Urrego y con ello garantizar la estabilidad institucional, que fue el principal propósito del legislador y la exequibilidad del artículo 21 de la ley 996, condicionada por la Corte Constitucional, al haber limitado dicha competencia, en los términos que se dijo, solicito decretar la nulidad de toda la actuación surtida en el procedimiento sancionatorio iniciado, incluidas las pruebas practicadas, por estar viciadas, toda vez que su controversia se cumple a partir del acto de imputación de cargos y por cuanto con tal ejercicio arbitrario de una competencia extinguida en el procedimiento contencioso administrativo”.
Carvajal señala además que los tiempos para que el CNE actuara, se vencieron a los 30 días siguientes de la elección mientras que busca limitar la comoulsa de copias a otras instancias competentes y dice que “Tampoco podrá remitirse el expediente al Congreso de la República, para los fines del artículo 21 de la ley 996, en la medida que no es posible imponer sanción alguna derivada de las denuncias que fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral, por fuera del término de 30 días posteriores a la elección del Señor Presidente, toda vez que las cuentas de la campaña y la financiación de la misma, fueron aprobados y no es posible revivir el procedimiento, sin lo cual no se cumple con el requisito de procedibilidad necesario para que proceda investigación o juicio alguno contra el Presidente de la República”.
Con esta acción, para algunos, desesperada del Presidente, se estaría demostrando el “temor” que tiene el presidente en que avancen las investigaciones en contra de su campaña, inclinando los argumentos a que es al presidente al quien se está investigando, cuando en realidad es a la campaña, y de avanzar jurídicamente, se entraría a un terreno inédito en Colombia, que sería interesante terreno de estudio a la luz de la Constitución.
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