En 2010 el país no estaba perfecto, pero había mejorado. Teníamos menos violencia, los ciudadanos tenían esperanzas en la seguridad, había disminuido muchísimo el narcoterrorismo, crecía la economía, había confianza, se disminuía la pobreza, también el tamaño del Estado, había austeridad. Por primera vez aparecían unas señales de mejoramiento del coeficiente Gini de distribución del ingreso.
En los dos primeros años del gobierno Santos los resultados fueron buenos, pero es que además tenía otro elemento favorable en la herencia, habíamos superado la crisis de la economía internacional gracias a la confianza que había en Colombia. Santos llegó a tener el récord de 42, 48 mil hectáreas de droga, una cifra sumamente baja. Sin embargo dijo que estábamos perdiendo la guerra contra la droga. Se inventó la palabra guerra e hizo ese acuerdo con la Farc. Entonces Santos se enfermó con el éxito, prefirió el acuerdo con la Farc y nos subimos a 220 mil hectáreas de droga en los años que siguieron de su gobierno. Llenó al país de impuestos, de mermelada (estímulo a la corrupción) pararon la economía, crecieron enormemente la burocracia del Estado.
Afectaron las Fuerzas Armadas con la JEP. Nivelaron a nuestros soldados con los terroristas, desconociendo la historia. Un soldado que va a la JEP a reconocer un delito tiene que reconocer lo que no estaba en su deber ser, a diferencia del guerrillero que, si reconoce un delito en la JEP, reconoce lo que debía hacer. Pero además muchos soldados están obligados a reconocer delitos, aún no cometidos, para gozar de la libertad y no someterse a una condena de 10, 15 o 20 años.
En esta Colombia de hoy la economía va mal, hay desconfianza. La situación de Ecopetrol es dramática. Por primera vez el país que había sido el más cumplido en América Latina en el pago de la deuda, está en riesgo de incumplirlo. Las políticas sociales no son sostenibles. ¿Por qué?, porque están afectando a la empresa privada que es la fuente de su financiación.
Están forzando la aprobación de la reforma de salud, la reforma de pensiones y todas las reformas en un Congreso que tiene ilegitimidad porque muchos de los congresistas que hoy apoyan esas reformas están sobornados y todavía hay impunidad. Ojalá una Acción Popular ordenara parar ese debate porque al país no le pueden hacer el daño de aprobar unas reformas inconvenientes, sin consensos, a través del voto de congresistas sobornados. Esas reformas van a ahuyentar la posibilidad de que Colombia tenga participación del sector privado en la salud, en la administración de pensiones. Nos van a llevar a que en el mediano plazo este país quede sin reservas para las pensiones. Y la reforma laboral lo que hace es crear pánico a la posibilidad de tener nuevos empleos.
Y veamos el orden público. Los comerciantes, los tenderos, los finqueros y los venteros ambulantes en toda Colombia dicen que los están extorsionando. Ello ocurre en todas las regiones, es una extorsión generalizada. Y muchos ciudadanos dicen además que han llamado al Ejército y a la Policía y les responden que el Gobierno no les permite acudir a sitios donde los ciudadanos piden el apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso no es excepcional.
Y el Presidente amenaza con un nuevo “estallido social” si no le aprueban estas reformas a través de un Congreso con ilegitimidad por el soborno a muchos congresistas. Esto va a coincidir con los foros populares del ELN. Entonces coinciden, el Gobierno quejoso por las reformas, esos diálogos de convocatoria popular del ELN con sus armas, el “estallido social” al que invita el Presidente de la República y además, la prohibición de que las Fuerzas Armadas actúen para frenar la violencia. Las Fuerzas Armadas de Colombia no han estado al servicio de caudillos, han estado al servicio de la Constitución, nunca han sido beneficiaras de impunidad. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido profesionales. Lo que no entendió Santos, que las igualó con el narcoterrorismo en la JEP asociándolas, comparándolas o igualándoles con ejércitos de otros países de la región que estuvieron al servicio de dictadores. Nuestras Fuerzas Armadas tienen un deber por encima de todo que es la protección del Estado y de su elemento más importante que es la ciudadanía. Nosotros no tenemos para protegernos si no la
Constitución, la justicia y las Fuerzas Armadas.
Evitemos esa convocatoria de la Constituyente, ahora con diferentes motivos, un día por apreciaciones del Gobierno, otro día invocando que la ordena el acuerdo ilegítimo de La Habana derrotado en el plebiscito. Cualquiera sea la motivación para convocar una Constituyente no hay sino un camino que es cumplir con las reglamentaciones que trae la propia Constitución, a diferencia de la anterior que no traía la figura de la Constituyente, ni los techos de ahora. La Constitución actual no permite que los estados de excepción alteren los textos constitucionales. Ya tuvimos un mal ejemplo, Santos hizo todas las trampas y bajaron el umbral del plebiscito del 50% al 13%.
Hay que llamar la atención sobre los colombianos para que pensemos los caminos que eviten esta violencia, para que las Fuerzas Armadas cumplan el deber constitucional de proteger a todos los ciudadanos de acuerdo con las normas constitucionales.
Difíciles momentos, pero tenemos que enfrentarlos pensando y actuando.
