Venezuela en el foco, un crimen de derecho internacional que no prescribe

Amnistía Internacional denunció que las autoridades venezolanas continúan utilizando la desaparición forzada como herramienta de represión contra la disidencia. Así lo revela el informe “Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela”, publicado por la organización, en el que se documentan 15 casos ocurridos entre la elección presidencial del 28 de julio de 2024 y el 15 de junio de 2025.

Según el informe, estas desapariciones forman parte de una política sistemática contra quienes el gobierno de Nicolás Maduro percibe como opositores, incluyendo activistas, periodistas, integrantes de partidos políticos y ciudadanos vinculados con expresiones de protesta. Para Amnistía Internacional, se trata de crímenes de derecho internacional que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

En este sentido, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, pidió a la comunidad internacional no normalizar esta situación y afirmó que, “La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona y somete a su familia a una angustia constante”.

Del total de personas documentadas, once siguen en paradero desconocido. La organización señala a organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el SEBIN y la Guardia Nacional Bolivariana como principales responsables de estas detenciones. En algunos casos, las víctimas habrían sido sometidas a malos tratos o tortura para obtener confesiones o incriminaciones forzadas.

Uno de los casos mencionados es el del abogado Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo de 2025 y desaparecido durante varios días. Tras una denuncia pública, las autoridades admitieron que estaba bajo custodia del SEBIN, pero sin detallar su situación jurídica ni su paradero exacto durante ese periodo.

El informe también alertó sobre detenciones y desapariciones forzadas de personas extranjeras, usadas presuntamente como parte de una narrativa de conspiración extranjera. Entre los casos, se destaca el del ciudadano ucraniano Yevhenii Petrovich Trush, de 19 años, desaparecido desde octubre de 2024, y los ciudadanos españoles Andrés Martínez y José María Basoa, detenidos en septiembre y aún desaparecidos.

Amnistía Internacional subrayó que la desaparición forzada, además de ser un crimen de derecho internacional que no prescribe, constituye una grave violación de derechos humanos y exige una respuesta decidida por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La organización insiste en que estos actos forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil venezolana.

Finalmente, Amnistía hizo un llamado a los Estados para que presionen al gobierno venezolano mediante mecanismos diplomáticos y multilaterales, exigiendo información sobre las personas detenidas y desaparecidas, y el fin inmediato de esta práctica. También exhorta a fortalecer el apoyo a defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones civiles dentro y fuera del país.

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