Tribunal revisará presunto uso político de cuentas oficiales del Servicio Geológico y del MinEducación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción de cumplimiento interpuesta contra el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Ministerio de Educación Nacional, por presunto uso político de sus cuentas oficiales en redes sociales.

La demanda fue presentada por Andrés Caro, representante legal de la Fundación para el Estado de Derecho, quien argumentó que ambas entidades habrían difundido mensajes ajenos a sus funciones institucionales y vinculados a campañas de carácter político del Gobierno nacional.

Según el documento radicado, las publicaciones realizadas desde las cuentas oficiales del SGC y del Ministerio de Educación habrían vulnerado lo establecido en la Ley 1474 de 2011, conocida como el Estatuto Anticorrupción, que limita la publicidad institucional al cumplimiento de fines administrativos y prohíbe su uso con propósitos de promoción política o personal de los funcionarios públicos.

En el caso del Servicio Geológico Colombiano, la acción señala la difusión de mensajes que incluían hashtags como #SeRobaronLaSalud, #TrumpSeEquivocóDePaís y #El24ALaPlaza, este último utilizado en redes sociales para promover la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el demandante, este tipo de publicaciones exceden el carácter informativo y técnico propio de una entidad científica y se enmarcan en la comunicación política del Gobierno.

El recurso también incluye observaciones al manejo de las redes institucionales del Ministerio de Educación, por considerar que algunas de sus publicaciones recientes tendrían un tono proselitista, al difundir mensajes o consignas asociadas con la gestión del actual Ejecutivo. La demanda advierte que este tipo de contenidos podrían implicar un uso inadecuado de los recursos públicos destinados a la comunicación institucional.

Los demandantes señalaron que la publicidad oficial, financiada con dineros del Estado, “debe cumplir con principios de necesidad, proporcionalidad y finalidad, sin derivar en propaganda política o personal”.

Asimismo, precisaron que el objetivo de la acción no es restringir la comunicación de las entidades públicas, sino garantizar que esta se mantenga dentro de los límites de la ley, con un enfoque informativo e impersonal.

Con la admisión de la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó que emitirá una decisión de fondo en un plazo máximo de 20 días, durante los cuales el SGC y el Ministerio de Educación deberán presentar sus informes y la documentación correspondiente a las publicaciones señaladas.

El proceso busca determinar si las entidades mencionadas infringieron las normas que regulan la publicidad estatal y si sus actuaciones se apartaron de la finalidad institucional establecida en la legislación vigente.

Partidos de derecha avanzan en la creación de una ‘megacoalición’ para las elecciones presidenciales de 2026