La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves 18 de diciembre la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior.
Esta decisión se enmarca dentro del proceso penal que se les adelanta por presuntas irregularidades en el manejo de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del Instituto Nacional de Vías (Invías).
La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero, quien consideró que la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que planteaba la detención domiciliaria como medida principal, no se ajustaba a los criterios jurídicos aplicables.
En su análisis, señaló que la detención domiciliaria tiene carácter sustitutivo y que, dadas las circunstancias del caso, debía evaluarse de manera prioritaria una medida de mayor restricción de la libertad.
Según lo expuesto en audiencia, la gravedad de los hechos investigados, relacionados con presuntos actos de corrupción administrativa y manejo indebido de recursos públicos, hacía necesaria una medida de aseguramiento en centro carcelario. El tribunal tuvo en cuenta que, para la época en que habrían ocurrido los hechos, ambos procesados ejercían funciones ministeriales, con acceso directo a recursos del Estado y capacidad de incidencia en su asignación.
En el caso de Ricardo Bonilla, la magistrada destacó que, como jefe de la cartera de Hacienda, tenía bajo su órbita el manejo de recursos públicos y la posibilidad de influir en su destinación. Respecto a Luis Fernando Velasco, se señaló su contacto permanente con congresistas y su rol en la articulación política dentro del Gobierno. Para el tribunal, estas condiciones permitieron el direccionamiento de contratos y recursos de manera coordinada.
La providencia indicó que existió una distribución de funciones orientada a un objetivo común, que la magistrada describió como una “empresa criminal”, mediante la cual se habrían ofrecido contratos y proyectos a congresistas a cambio de respaldos políticos, en particular para la aprobación de iniciativas del Ejecutivo en el Congreso.
En ese contexto, la Fiscalía imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que fueron rechazados por ambos durante la audiencia de imputación realizada a comienzos de diciembre.
Durante la diligencia, el tribunal otorgó relevancia a los señalamientos de la Fiscalía sobre reuniones realizadas en las sedes de los ministerios de Hacienda y del Interior, donde, según la investigación, se habrían impartido instrucciones para atender solicitudes contractuales de congresistas. En este punto, se valoró el testimonio de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien aseguró haber presenciado varios de esos encuentros.
La magistrada también hizo referencia a un encuentro realizado el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, en el que, de acuerdo con el expediente, participaron funcionarios de alto nivel, entre ellos el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, y directivos de la UNGRD.
Para el tribunal, los elementos probatorios recopilados, incluidas las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, presentan coherencia y permiten inferir la participación y el conocimiento de los exministros en los hechos investigados. Con esta decisión, Bonilla y Velasco tendrán que cumplir la medida de aseguramiento mientras avanza el proceso penal en su contra.
