Tribunal de Santander confirmó aplicación de prohibición de parrillero en Bucaramanga desde 2026

El Tribunal Administrativo de Santander resolvió una acción de tutela interpuesta en contra de la decisión del Juzgado 15 Administrativo Oral de Bucaramanga, que había ordenado implementar la restricción al parrillero hombre mayor de edad en motocicletas dentro del área metropolitana de Bucaramanga.

La medida se mantiene vigente y se aplicará desde el 2 de febrero de 2026. La acción había sido instaurada por John Albeiro Salcedo González contra el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, así como contra los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca, Piedecuesta y el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). El recurso fue declarado improcedente al considerarse que había carencia actual de objeto por hecho superado.

En la decisión, el Tribunal indicó que en el curso de la acción de tutela se actualizó el Plan de Acción del año 2017, en el cual se incluyó un nuevo cronograma que ordena la realización de estudios previos para sustentar los actos administrativos relacionados con la restricción. Según la Sala, aunque la providencia inicial careció de motivación suficiente, la medida se mantiene vigente en el plan de acción aprobado en audiencia del 15 de julio de 2025.

De esta manera, quedó en firme la orden del Juzgado 15 Administrativo, que obliga a los municipios del área metropolitana a avanzar en la implementación de la prohibición como parte de las acciones orientadas al control del mototaxismo.

De acuerdo con lo definido en la audiencia de julio, las administraciones locales deberán expedir los actos administrativos a más tardar el 15 de diciembre de 2025. Posteriormente, entre esa fecha y el 1 de enero de 2026, tendrán que adelantar la socialización de la medida con los ciudadanos, para que su aplicación inicie el 2 de febrero del mismo año.

La restricción al parrillero hombre mayor de edad en motocicletas, que abarca Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, se aplicará de manera coordinada en los cuatro municipios. Con esta decisión, se consolida un cronograma claro de adopción de la medida, que queda bajo responsabilidad de las autoridades locales en el marco del cumplimiento de la orden judicial vigente.