Por Jaime Restrepo Vásquez
Se alista el reingreso de Daniel Quintero Calle a la Alcaldía. Después del 19 de junio, se dice que podría volver a instalarse en el piso 12 de La Alpujarra, para seguir desgobernando la ciudad y, de paso, haciendo sus negociados, sus triquiñuelas y difundiendo sus infamias. No será de extrañar que convoque a una rueda de prensa para armar toda una película al estilo de Marvel, en la que él será el héroe, mientras que la villana será la procuradora.
Dirá, con ese gesto impostado de «buen muchacho», que volvió a la Alcaldía porque no hubo méritos para seguirlo investigando y que, ante el «abuso» disciplinario, entablará denuncias y quejas contra tirios y troyanos. Todo será, sin embargo, parte de un libreto en el que nuevamente se victimizará y culpará al GEA, al uribismo y a todo aquel que ose contradecirlo, pero jamás interpondrá acciones judiciales porque, como de costumbre, perdería. Además, como el único mundo que concibe son las redes sociales, el pronunciamiento de los cibernautas le será suficiente.
La realidad es que el asunto de la suspensión perderá el sustento una vez pase la segunda vuelta presidencial. Eso no quiere decir que la investigación no siga su curso y que no tenga que enfrentar las consecuencias de su descaro: Daniel Quintero Calle deberá responder por pasarse la Ley por el forro y participar, abierta y descaradamente, en el proselitismo político a favor de su mentor, el también delincuente Gustavo Petro Urrego.
Es que el cinismo de Quintero solo es equiparable al del candidato del narcocomunismo. Lo vimos metiendo «la primera», sus peones han pasado por la puerta giratoria para ir a medrar en la campaña del Pacto Histórico; la Alcaldía ha financiado a una ESAL en especial, cuyos recursos han sido utilizados como caja menor por los petristas. Hemos visto pantallas gigantes con propaganda de Petro enlazada con mensajes de la Alcaldía y, para rematar, la mujer del alcalde está en plena campaña política a favor del terrorista Petro Urrego.
El caso de Diana Osorio resulta esclarecedor: ciertamente no hay una norma que le prohíba la participación en política, pero ¿qué pasa con la ética? Es que más allá de lo legal, hay un aspecto de ausencia de honestidad, para emprender una militancia tan abierta y descarada como aquella en la que participa la señora Osorio.
La mujer de César debe estar por encima de toda sospecha. Aunque la Ley la habilite, la honestidad no lo hace, pues ella es una figura pública, vinculada por acción y lazos familiares a la actividad administrativa de Medellín, y en tal escenario, resulta impúdico, por decir lo menos, el activismo que desplegó en la ciudad a favor de Petro.
Lo cierto es que Daniel Quintero Calle creyó estar por encima de la Ley, pues en plena campaña, el cálculo político indicaba que los organismos de control no actuarían para evitar escándalos. Una vez más, la torpeza le jugó una mala pasada y ahora, suspendido y abucheado, solo espera la hora de volver con sus áulicos, para no sentir que el desprecio es total en la ciudad.
Ni a Quintero ni a Osorio se les pide honestidad, pues carecen totalmente de ella, pero sí, por lo menos, una mínima dosis de vergüenza y respeto por la ciudadanía. ¿Acaso alguien en Medellín, e incluso en el país, ignora por quién van a votar ese par de ingratos personajes? Siendo una «civil», la señora Osorio puede cantar, como en un bingo, el candidato al que va a respaldar. No obstante, algo distinto pasa con el alcalde, quien no puede sesgar el debate electoral, ni participar de él, ni mucho menos triangular recursos para beneficiar al candidato de su preferencia.
Sabemos que Daniel Quintero Calle va a marcar una x sobre las fotografías de Gustavo Petro y Francia Márquez. No es una suposición, ni un presagio, ni un albur: lo sabemos porque el alcalde, todavía suspendido, ha hecho saber, sin vergüenza y con todo el descaro posible, desde hace varios años, que quiere que Gustavo Petro sea su presidente. Tal grado de prepotencia delictiva le ha granjeado la antipatía de una región que tiene clara la amenaza que representa el candidato del narcocomunismo para la democracia y la libertad del país.
Así las cosas, el victimismo de Quintero es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y un abierto desafío a las instituciones, a la Constitución y a la Ley. Por fortuna, los engranajes de la justicia y de la Procuraduría han comenzado a moverse y, de seguro, lo triturarán más temprano que tarde: para completar las desgracias, Medellín tendrá un alcalde en la cárcel.
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