Procuraduría formuló cargos al director encargado de la cárcel de Itagüí y a cinco funcionarios del Inpec por parranda vallenata

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por presuntas irregularidades relacionadas con una celebración realizada en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Itagüí, Antioquia. La actuación disciplinaria se concentra en posibles omisiones en los registros y reportes sobre el ingreso y la salida de personas del establecimiento penitenciario durante la jornada.

Los funcionarios vinculados al proceso son el teniente Fabián Leandro León Rodríguez, quien se desempeñaba como director encargado del penal cuando ocurrieron los hechos; los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz; el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia; el inspector Eduardo Parra Ceballes, y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales.

De acuerdo con el ente de control, las conductas investigadas fueron calificadas provisionalmente como faltas gravísimas cometidas a título de dolo. Esta clasificación corresponde a la valoración inicial de la Procuraduría y no constituye una declaración definitiva de responsabilidad.

En el régimen disciplinario colombiano, las faltas gravísimas pueden dar lugar a sanciones como la destitución y la inhabilidad para ejercer funciones públicas, siempre que se acrediten los requisitos legales y la responsabilidad de los investigados. La formulación de cargos abre una etapa en la que los funcionarios pueden conocer las imputaciones, presentar descargos y ejercer su derecho a la defensa.

El caso se conoció públicamente después de la divulgación de un video por parte del concejal de Medellín Andrés Tobón y de posteriores denuncias sobre una fiesta realizada en el centro penitenciario.

Según la información conocida sobre el episodio, la celebración se extendió entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde e incluyó música, alimentos y bebidas alcohólicas. El evento se habría organizado con motivo del cumpleaños de alias Pocho, señalado como máximo cabecilla de la estructura criminal La Agonía.

La realización de la actividad generó cuestionamientos sobre los controles internos del establecimiento y los procedimientos aplicados por el personal de vigilancia y administración.

En su momento, el entonces ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, aseguró que la celebración no había sido autorizada por el Gobierno nacional, esa cartera ni el Inpec. Tras conocerse los hechos, el instituto ordenó cambiar al director encargado, trasladar al comandante de vigilancia e iniciar investigaciones contra los funcionarios que estaban de turno.

Uno de los aspectos examinados corresponde a los registros oficiales de la jornada, que, según los reportes conocidos, consignaron el día como «sin novedad». La Procuraduría busca establecer si hubo omisiones en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el control y la documentación de los movimientos dentro del penal.

Las consecuencias del caso también llegaron al ámbito penal. La Procuraduría remitió copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación respecto de los tenientes León Rodríguez, Fracica Sarmiento y Ciprián Díaz, para que se determine si sus actuaciones podrían constituir delitos.

La Fiscalía abrió el 14 de abril una indagación preliminar por un posible prevaricato por omisión. Esta actuación tiene como propósito establecer si existen elementos que permitan avanzar en una investigación penal; por sí sola, no implica que los funcionarios hayan cometido un delito.

Adicionalmente, la Procuraduría mantiene otra investigación disciplinaria relacionada con Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao. Esta línea se relaciona con un informe sobre aparentes fallas en el sistema de información penitenciaria Sisipec y en la red informática del Inpec.

En ese mismo contexto, los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David confesaron su participación en las omisiones señaladas, según la información suministrada.

La cárcel de Itagüí alberga a integrantes de estructuras criminales del Valle de Aburrá que participaron en espacios de conversación vinculados con la estrategia de paz urbana impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Después de la celebración, la Delegación de Paz Urbana suspendió temporalmente la agenda con los voceros de esas organizaciones. Las conversaciones se reanudaron en mayo, pero en septiembre de 2026 el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dio por terminados los procesos de diálogo, incluidos los relacionados con Medellín y el Valle de Aburrá.

El proceso disciplinario por la fiesta continúa su curso y deberá determinar las responsabilidades individuales con base en las pruebas recaudadas y los argumentos de los investigados. Mientras tanto, las actuaciones de la Procuraduría y la Fiscalía avanzan por vías distintas, una en el ámbito disciplinario y otra en el penal.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría formuló cargos contra los funcionarios del Inpec?

Se les investiga por presuntas omisiones que permitieron el ingreso de una agrupación musical, encabezada por Nelson Velásquez, a una fiesta en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Itagüí. El evento incluyó alcohol y comida para celebrar el cumpleaños de alias 'Pocho', cabecilla de la estructura criminal La Agonía.

¿Quiénes son los principales implicados en este proceso?

La medida afecta a seis funcionarios, destacando al teniente Fabián Leandro León Rodríguez, quien era el director encargado del penal al momento de los hechos, junto a otros dos tenientes, dos inspectores y un dragoneante.

¿Qué consecuencias enfrentan los investigados?

El ente de control calificó las faltas como gravísimas a título de dolo, lo que podría derivar en destitución e inhabilidad. Además, la Fiscalía adelanta una indagación penal por posible prevaricato por omisión contra tres de los oficiales involucrados.