Ministerio de Defensa rechazó violencia de estructuras armadas en Guaviare

El Ministerio de Defensa Nacional emitió un pronunciamiento en respuesta a un comunicado atribuido a estructuras criminales vinculadas a alias “Calarcá”, relacionado con los enfrentamientos ocurridos el pasado 26 de mayo en la vereda La Siberia, zona rural de San José del Guaviare.

En el documento, la cartera rechazó de manera contundente las acciones violentas registradas en esa región del país y señaló que el contenido del comunicado representaba una admisión pública sobre la comisión de graves delitos.

Según indicó el Ministerio, la estructura armada reconoció el asesinato de varias personas, entre ellas presuntamente menores de edad, situación que calificó de grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a las normas penales colombianas.

La entidad advirtió que tanto los integrantes de estas organizaciones ilegales como quienes ordenaran, financiaran o facilitaran dichas conductas serían perseguidos judicialmente dentro y fuera del territorio nacional.

Además, recordó que los responsables podrían enfrentar penas de hasta 50 años de prisión, incluyendo a los autores materiales y a quienes integraran las líneas de mando de estas estructuras criminales.

El Ministerio de Defensa sostuvo que los grupos armados ilegales continuaban representando una amenaza para la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en distintas regiones del país.

Según el pronunciamiento oficial, estas organizaciones mantenían sus actividades a través de economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo y la extorsión, afectando gravemente el tejido social y comunitario.

Asimismo, el despacho rechazó lo que calificó como intentos de justificar las masacres y otros hechos violentos bajo argumentos de supuestos actos de defensa; en este orden de ideas, cuestionó cualquier pretensión de normalizar la violencia y denunció las afectaciones contra niños, niñas y adolescentes, especialmente por prácticas de reclutamiento ilícito.

En el comunicado, el Gobierno Nacional reiteró que ninguna organización armada al margen de la ley contaba con legitimidad para ejercer control territorial ni para promover acciones violentas contra la población. También recordó que el monopolio legítimo de las armas recaía exclusivamente en la Fuerza Pública, conforme a lo establecido por la Constitución Política de Colombia.

La cartera de Defensa subrayó que las Fuerzas Militares y de Policía tenían instrucciones precisas para actuar con toda la capacidad institucional y constitucional en la persecución de las estructuras responsables de estos hechos.

De igual manera, se expresó que continuarán adelantando operaciones y acciones judiciales orientadas a neutralizar a los grupos armados ilegales y evitar la repetición de situaciones similares en cualquier región del territorio nacional.

Por último, se declaró que el Ministerio reiteraba su compromiso con la protección de la vida, la democracia y los derechos fundamentales de los colombianos, al tiempo que insistió en que las autoridades mantendrían las acciones necesarias para enfrentar las amenazas derivadas de las organizaciones criminales que operan en diferentes zonas del país.

Este tipo de situaciones en materia de seguridad ha preocupado, más aún teniendo en cuenta que en pocos días serán las elecciones presidenciales a primera vuelta, por lo que se ha desplegado una fuerte presencia de pie de fuerza, pero aún persisten riesgos en varios municipios del país.

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