Concejal Claudia Carrasquilla aseguró que diálogos sociojurídicos con estructuras criminales en Itagüí llegarían a su fin

Nuevos cuestionamientos surgieron alrededor del proceso de diálogos sociojurídicos desarrollado con integrantes de estructuras criminales privadas de la libertad en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Esta vez, las declaraciones provinieron de la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien aseguró haber conocido información interna sobre una decisión que pondría fin al proceso.

De acuerdo con la dirigente política, una fuente al interior del centro penitenciario le informó sobre una reunión sostenida entre la senadora Isabel Zuleta y los 24 integrantes que participan en el espacio de conversaciones.

“He conocido por parte de una fuente al interior de la cárcel de máxima seguridad que el día de ayer Isabel Zuleta estuvo reunida con Douglas y los demás 23 bandidos que están sentados en las mesas de los diálogos socios jurídicos”, afirmó Carrasquilla.

Según la concejal, durante ese encuentro se habría comunicado la decisión de desmontar la mesa de conversaciones que, de acuerdo con sus declaraciones, permaneció activa durante tres años.

“Les dijo que se iba a levantar esos diálogos que habían sostenido por tres años”, sostuvo.

Carrasquilla aseguró que, según la información que recibió, la razón estaría relacionada con la imposibilidad de garantizar continuidad a los compromisos y beneficios planteados bajo el marco de la Ley 2272 de 2022 tras el cambio de gobierno nacional.

“La razón es muy simple, porque ella no puede garantizar que todos los privilegios, los beneficios que venía ofreciéndoles el gobierno (…) podría hacerlo tras el cambio de gobierno”, expresó.

En sus declaraciones, la concejal vinculó este escenario con los anuncios que, según dijo, ha realizado el presidente electo Abelardo De La Espriella sobre el enfoque que tendría frente a organizaciones criminales.

“Hemos escuchado como el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha manifestado en muchas oportunidades que él va a perseguir a todos los delincuentes, a los extorsionistas, a los narcotraficantes”, señaló.

Además del anuncio sobre un eventual cierre del proceso, Carrasquilla lanzó críticas al balance de resultados presentado hasta ahora por quienes han liderado las conversaciones.

A juicio de la concejal, nunca existió suficiente claridad sobre los avances alcanzados y cuestionó los informes entregados durante el desarrollo del mecanismo.

“Las veces que ella ha citado a rendir los informes, lo único que ha hecho es mentir y engañar no solamente a la ciudad de Medellín, sino a los mismos delincuentes”, manifestó.

Entre sus reparos mencionó anuncios relacionados con una eventual reducción de confrontaciones entre estructuras, medidas para disminuir la venta de sustancias estupefacientes y estrategias contra fenómenos como el consumo de Tusi y la extorsión.

Carrasquilla cuestionó particularmente los resultados frente a este último delito y aseguró que las metas anunciadas no tuvieron impacto visible.

“No olvidemos el tema de la extorsión, que dijeron que iban a hacer un plan piloto en los 23 barrios de la ciudad de Medellín y preguntémonos cuáles fueron los resultados. Ninguno”, afirmó.

La concejal también sostuvo que existe un subregistro en las denuncias relacionadas con extorsión en diferentes sectores de Medellín y afirmó que este fenómeno continúa afectando especialmente actividades económicas vinculadas con la canasta básica.

Finalmente, concluyó que el balance del proceso deja más dudas que resultados concretos y aseguró que la terminación de los diálogos se estaría produciendo antes de una eventual instrucción formal del nuevo gobierno.