Antioquia prepara una política pública para prevenir el abuso sexual infantil: van 2.631 casos denunciados en 2026

Ante el Consejo Departamental para la Política Social y Equidad, la Gobernación de Antioquia presentó el arranque del proceso para formular una política pública de prevención del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. La iniciativa es liderada por la Unidad de Programas Sociales del departamento y busca que familias, colegios e instituciones actúen como entornos protectores.

Una política pública es, en términos sencillos, un marco de acciones, responsabilidades y recursos que el Estado se compromete a sostener en el tiempo, más allá de campañas puntuales. En este caso, el documento se construirá mediante espacios de escucha y socialización con entidades públicas y privadas, y se espera radicarlo ante la Asamblea Departamental en el primer semestre de 2027.

El proyecto plantea intervenir cinco entornos: educativo, familiar, comunitario, institucional y digital. Este último responde a riesgos como el contacto de adultos con menores a través de redes sociales y plataformas de mensajería.

Según datos de la Fiscalía General de la Nación en lo que va de 2026 se han denunciado e investigado 2.631 delitos sexuales contra menores de 18 años en Antioquia. El 83 % de las víctimas son niñas. En 2025 la cifra cerró en 4.787 casos y en 2024 en 4.397. El dato de este año corresponde a un periodo parcial, por lo que no es directamente comparable con los años completos. Además, se trata de casos denunciados y en investigación, no de condenas.

Isabel Cristina Londoño Gómez, gerente de la Unidad de Programas Sociales, señaló que la mitad de estos hechos ocurre dentro del hogar y que el presunto agresor suele ser un familiar o una persona cercana a la familia. Por ello, la funcionaria hizo un llamado a que los hogares se conviertan en espacios reales de protección.

Para la formulación se prevé la articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, Unicef y la Asamblea de Antioquia, entre otras organizaciones. La participación de la Policía de Infancia y Adolescencia y del CTI resulta clave en la ruta de denuncia y judicialización.

La política se apoya en la campaña departamental “Antioquia nos protege”. De acuerdo con la Gobernación, este año la estrategia entregó herramientas de autocuidado a 10.320 menores de edad, capacitó a 2.400 actores institucionales en prevención de violencias sexuales y explotación sexual comercial en 82 municipios, y movilizó a 10.176 personas en los 125 municipios contra el trabajo infantil y la explotación sexual. También se activaron rutas de atención.

En el Valle de Aburrá, la prevención también tiene un componente turístico. La Alcaldía de Medellín adoptó en mayo el Plan Distrital de Seguridad Turística 2026-2030, que incluye la lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA) y la trata de personas. Ese plan contempla operativos de inspección, vigilancia y control con la Policía, la Sijín y Migración Colombia, y una guía de buenas prácticas para viviendas turísticas elaborada con la Fundación Renacer. En 2025, las autoridades inspeccionaron 125 hoteles y suspendieron 62.

Las autoridades recuerdan que cualquier sospecha de abuso o explotación sexual contra menores puede reportarse a la Línea 141 del ICBF, a la Línea 123, a la Policía de Infancia y Adolescencia o ante la Fiscalía. La denuncia oportuna permite activar la protección de la víctima y la investigación penal.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste la nueva iniciativa de la Gobernación de Antioquia?

Se trata de la construcción de una política pública departamental para prevenir el abuso sexual infantil, la cual intervendrá los entornos educativo, familiar, comunitario, institucional y digital.

¿Cuál es la situación actual del abuso sexual contra menores en el departamento?

En lo que va de 2026 se han denunciado 2.631 delitos sexuales contra menores en Antioquia, donde el 83 % de las víctimas son niñas y la mitad de los casos ocurre dentro del hogar.

¿Cuándo se presentará formalmente este proyecto y quiénes participan?

Se espera radicar el documento ante la Asamblea Departamental en el primer semestre de 2027, contando con la articulación del ICBF, la Fiscalía, la Policía Nacional, Unicef y otras organizaciones.