Se acerca Ley de Garantías y Quintero no tiene los 330 000 millones que está pidiendo

Por sexta vez el Concejo de Medellín no pudo someter a votación la aprobación de los 330 000 millones de pesos que EPM debería transferirle a la Alcaldía de Medellín para terminar de ejecutar el Plan de Desarrollo en lo que resta la administración de Daniel Quintero Calle. Algo que pone en jaque al mandatario porque quedan pocos días para que inicie la Ley de Garantías.

En esta ocasión, aunque por fin se realizó el primer debate, la presidente de las Comisiones conjuntas tuvo que suspenderlo antes de someter a votación el Proyecto de Acuerdo debido a la situación jurídica de la concejala Aura Marleny Arcila.

«En mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y en vista de lo que advierte el concejal Julio González, nosotros tenemos un documento que no tiene firmas. Pero ante la duda, yo considero que es importante suspender la votación de esta sesión hasta que me certifiquen a mí la situación jurídica de la concejala Aura Marleny Arcila», informó Lina Marcela García, quien preside el debate.

330 000 millones en veremos

La decisión se dio después de que el concejal del Centro Democrático, Julio Enrique González, advirtió a la Corporación de un auto emitido por el Consejo de Estado en el que absolvió las inquietudes de la concejala Aura Marleny Arcila, afirmando que no correspondía ninguna aclaración y dejando en firme el fallo de segunda instancia que la deja por fuera del Concejo de Medellín, impidiendo así que pueda votar el Proyecto de Acuerdo para aprobar o desaprobar las transferencias de los recursos antes mencionados.

«”25: La Sala considera que la decisión dictada en sentencia del 5 de mayo no evidencia conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda. Por el contrario, la decisión adoptada es clara”. En el punto 26 dice “En consecuencia se resolvió confirmar”. En el punto 31 dice: “En esa medida la Sala considera que la solicitud, más que aclarar conceptos o frases que ofrezcan motivo de duda o que resuelva algún extremo de la (¿?), o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento»», leyó el concejal González Villa del que sería el auto emitido por el Consejo de Estado.

Y añadió: «»lo que pretende es: 1) Cuestionar la sentencia proferida en segunda instancia con el objeto de reabrir el debate. 2) Cuestionar autos que resolvieron solicitudes de nulidad ejecutoriados. 3) Presentar argumentos sobre la procedencia de nulidades contra la sentencia, lo cual escapa al objeto de aclaración».

Pese a que el corporado aseguró que el documento ya está en el SAMAI firmado por cuatro magistrados, el documento que le allegaron a García Gañan estaba sin las rúbricas respectivas, por lo que se vio obligada a suspender la sesión hasta tener clara la situación. De esta manera, a Quintero se le esfumaron nuevamente 330 000 millones que alega estar necesitando para inversión social.