Mientras en diferentes municipios del país, ya fueron entregadas las planillas para la recolección de firmas con miras a las revocatorias de los mandatarios locales, en Medellín, la Registrduría le sigue tomando el pelo al proceso.
Vencidos ayer los términos, una sorprendente comunicación de los registradores especiales en la ciudad le fue enviada al Procurador Regional de Antioquia, Luis Fernando Buscamante Arismendi, en la que le expone que ante las recusaciones al alcalde hecha por los movimientos de revocatoria y la no respuesta de la secretaria de Salud de Medellín, Andre Uribe Montoya, a quien el Alcalde Daniel Quintero delegó la respuestas sobre la competencia para la vigilancia de los protocolos de bioseguridad; como Registraduría no se tenía tampoco competencia para pronunciarse en si es viable o no la entrega de las planillas para las firmas.
Es así como los registradores especiales de Medellín, solicitaron 4 preguntas a la procuraduría a manera de informe;
- que de informe sobre las recusaciones de los movimientos de revocatoria
- si existe una decisión de fondo sobre el particular
- informar si hay algún requerimiento de la Procuraduría al alcalde Daniel Quintero
- Si la procuraduría ha solicitado al Gobernador o a la seccional de salud algún pronunciamiento o requerimiento sobre la capacidad operativa y logística para el control y vigilancia de los protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas.
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Los voceros de los dos movimientos de revocatoria han asumido esta comunicación como una falta de respeto al proceso, una tomadura de pelo y una burla a los ciudadanos, toda vez que vencidos los términos y sin un pronunciamiento oficial, es obligación de la Registraduría entregar las planillas y se asume el silencio administrativo.
La carta enviada por los registradores al procurador de antioquia, está por fuera de los tiempos de ley, por lo que se analizan las acciones disciplinarias a solicitar desde los comités de revocatoria, en contra de la Registraduría, pues lo que hay a día de hoy, es la violación de la ley por parte de los funcionarios.
