El futuro de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un panorama incierto en el Congreso.
Con una propuesta que busca recaudar alrededor de 12 billones de pesos, el Ejecutivo espera cubrir el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, el cual asciende a $523 billones de pesos.
Sin embargo, la posibilidad de aprobar esta reforma se ve comprometida ante la falta de apoyo en las comisiones económicas.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, manifestó su escepticismo respecto a la viabilidad de la iniciativa, señalando que no parece haber espacio para imponer más cargas tributarias a los colombianos.
“No veo ambiente para una nueva reforma tributaria. Los gobiernos generalmente sacan sus reformas al inicio de su mandato, y ya fue aprobada una de gran magnitud, con un recaudo de alrededor de 20 billones de pesos. Hablar de una segunda tributaria de 12 billones genera incertidumbre y afecta la inversión”, afirmó Cepeda.
Resistencia desde el Caribe y el Congreso
El senador Mauricio Gómez Amín, representante de la Región Caribe, también expresó su oposición tajante a la propuesta, asegurando que “poner una tercera tributaria a la Región Caribe y al país no es viable. El nivel de ejecución del Gobierno Petro es muy pobre, no se justifica más dinero si no saben cómo ejecutar los recursos”.
En su opinión, es necesario reducir el tamaño del Estado y los gastos burocráticos antes de solicitar más impuestos.
Así mismo, la senadora Angélica Lozano advirtió que el bajo nivel de ejecución de los recursos en los diferentes ministerios es un indicador de que una reforma tributaria no sería la solución adecuada en este momento.
“Se está hablando de ejecución ficticia. Los recursos se acumulan en fiducias para el siguiente año, pero no son ejecutados de manera efectiva”, afirmó Lozano.
Propuestas económicas: más sanciones y exenciones
Ante la resistencia en el Congreso, el Gobierno ha propuesto algunas medidas para mejorar la recaudación y fortalecer la lucha contra la evasión fiscal.
Entre ellas se incluye una reducción del impuesto empresarial del 35% al 30%, junto con sanciones más estrictas para los evasores, que podrían enfrentar multas de hasta 1.000 UVT, lo que equivale a unos $50.000.000 millones de pesos.
También se está discutiendo la posibilidad de aplicar IVA a plataformas turísticas como Airbnb y a las apuestas en línea, sectores en auge en el país.
Al mismo tiempo, se estudian exenciones de IVA para sectores estratégicos como la energía renovable, específicamente en paneles solares, y reducciones fiscales para tiquetes aéreos, una medida que podría beneficiar a la golpeada economía de San Andrés y Providencia.
Dudas sobre la efectividad de la reforma
A pesar de las nuevas medidas propuestas, los expertos del sector financiero, como José Ignacio López, presidente de Anif, señalan que estas iniciativas no serían suficientes para alcanzar los $12 billones de pesos que busca el gobierno.
López estima que los cambios fiscales podrían generar apenas $2 billones, y sugiere que el gobierno debería ajustar el presupuesto a una cifra más realista, cercana a los $500 billones de pesos, con un enfoque en la reactivación económica y la transición energética.
La discusión sobre la reforma tributaria se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre el gobierno y el Congreso.
La próxima semana será decisiva para definir si el proyecto logra avanzar o si enfrentará un revés ante la falta de mayorías en las comisiones económicas. Lo que está claro es que la capacidad del Ejecutivo para negociar y ajustar su propuesta será clave para determinar el rumbo fiscal del país.
