La reforma educativa propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro se encuentra en una encrucijada en el Senado de Colombia.
A pesar de los esfuerzos realizados para impulsar este proyecto crucial, la iniciativa aún necesita dos debates más en la Comisión Primera y en la Plenaria, y el tiempo disponible para su aprobación es cada vez más limitado.
Este jueves el problema estuvo en que no hubo quórum para que la comisión pudiera empezar a votar las ponencias y por eso la sesión fue aplazada y la reforma ahora quedó en las filas de proyectos que están a contrarreloj.
El presidente de esa Comisión, Germán Blanco, informó que ante la falta de senadores (su mayoría estaban excusados de asistir), la discusión del proyecto se aplaza para el próximo martes.
Además, la falta de un aval fiscal complica aún más la situación, poniendo en riesgo uno de los pilares fundamentales del programa de gobierno.
La reforma educativa también ha sido uno de los temas prioritarios de la administración Petro, centrada en mejorar la calidad de la educación, aumentar el acceso y garantizar una mayor equidad en el sistema educativo colombiano.
Sin embargo, a medida que el Congreso se acerca al cierre de su periodo legislativo, la realidad es que los tiempos son cada vez más ajustados.
El proyecto ha avanzado en algunos aspectos, pero los debates pendientes en la Comisión Primera y en la Plenaria del Senado requieren tiempo y consenso que, a estas alturas, parecen difíciles de alcanzar.
La falta de estos debates impide que la reforma sea aprobada en esta legislatura, y el proceso tendría que reiniciarse el próximo año, lo que representa un importante retraso para el gobierno.
No hay aval fiscal
Uno de los problemas más críticos que enfrenta la reforma educativa es la falta de un aval fiscal.
El Ministerio de Hacienda no ha dado el visto bueno necesario, argumentando que los costos asociados a la reforma no están completamente cubiertos en el presupuesto nacional.
Esta ausencia de respaldo fiscal significa que el proyecto no cuenta con los recursos financieros necesarios para su implementación, lo que ha sido un punto de fricción en las discusiones parlamentarias.
La semana pasada los sectores de oposición llamaron la atención al Gobierno porque en un escrito que llegó del Ministerio de Hacienda se advertía que aún no está disponible el informe del aval financiero del proyecto.
La ministra de Educación, Aurora Vergara, ha defendido la reforma, argumentando que es una inversión necesaria para el futuro del país. Sin embargo, los opositores insisten en que, sin un plan financiero sólido, la reforma es insostenible y podría poner en riesgo la estabilidad fiscal del país.
Reacciones Políticas
La situación ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Los partidos de la oposición han utilizado la falta de avances y de aval fiscal como evidencia de lo que consideran una mala planificación por parte del Gobierno.
Frente a esto, el senador David Luna (Cambio Radical) señaló que la discusión solo puede arrancar cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explique el costo que tendrá la implementación del proyecto.
“Llegó un oficio del Ministerio de Hacienda en donde se señala que no tienen las cuentas claras y mucho menos si tiene el dinero para poder financiar la ley estatutaria de la educación. Por esa razón no la discutimos, solicitamos la presencia del ministro y en la próxima sesión avanzaremos en el debate si es que el Gobierno se pone de acuerdo entre sí. El ministro de Hacienda le dio un golpe blando a la ministra de Educación”, dijo el senador Luna.
Paloma Valencia señaló que es preocupante que aún no tenga aval fiscal, “están dejando de pagar al FOMAG prestaciones sociales para atender los salarios. El déficit del SGP (Sistema General de Participaciones) para el pago de salarios de los docentes asciende a más de $3,5 billones”.
La senadora recordó que pasó lo mismo con la reforma a la salud y que es lo que pasa con el Fomag.
Por ser una reforma de ley estatutaria, su trámite en el Congreso debe pasar ocho debates, de los cuales cuatro deben quedar zanjados este semestre, que termina el próximo 20 de junio. Hasta ahora, llevan dos aprobados.
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