Procuraduría revisará contrato internacional firmado por la Presidencia tras solicitud de Katherine Miranda

La representante a la Cámara Katerin Miranda se refirió a la solicitud que presentó ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que se examine un contrato suscrito desde la Presidencia de la República con una firma internacional de abogados, cuyo valor asciende a 10.000 millones de pesos.

La congresista informó que la petición fue radicada con el propósito de que los organismos de control revisen la legalidad, pertinencia y destinación de los recursos públicos comprometidos en dicho contrato. De acuerdo con Miranda, el acuerdo habría sido destinado a la asesoría y defensa jurídica relacionada con la inclusión del presidente Gustavo Petro y de la primera dama, Verónica Alcocer, en la denominada lista Clinton.

En declaraciones públicas, la representante señaló que recibió con satisfacción la apertura de una investigación previa por parte de la Procuraduría General de la Nación, la cual se inició tras las denuncias presentadas ante ese ente de control y la Contraloría. Según explicó, el objetivo de la acción es que se establezca si la contratación se ajusta a la normativa vigente y a los principios que rigen el uso de los recursos del Estado.

Miranda reiteró que los impuestos recaudados a los ciudadanos deben destinarse exclusivamente a fines de interés general y no a asuntos de carácter personal. En ese sentido, manifestó que corresponde a los organismos de control determinar si el contrato en cuestión cumple con los criterios legales y administrativos exigidos para este tipo de procesos.

La representante a la Cámara recordó que la Procuraduría y la Contraloría cuentan con las facultades constitucionales para adelantar investigaciones y ejercer vigilancia sobre la gestión de los recursos públicos. Indicó que la revisión solicitada permitirá establecer responsabilidades, en caso de que se identifiquen irregularidades en la contratación o en la ejecución del contrato.

De acuerdo con la congresista, la actuación de los entes de control es clave para garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto nacional. Añadió que la apertura de la investigación previa constituye un paso dentro del procedimiento regular que se sigue cuando se presentan denuncias formales relacionadas con posibles irregularidades administrativas.

La parlamentaria insistió en que el respeto por los recursos públicos es un principio fundamental de la gestión estatal y que su uso debe estar claramente justificado. Asimismo, señaló que el seguimiento a este tipo de contratos permite fortalecer los mecanismos de control y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Entre tanto, los organismos de control continúan con la recopilación de información para determinar el alcance del proceso. Finalmente, Miranda indicó que permanecerá atenta al desarrollo de las actuaciones adelantadas por la Procuraduría y la Contraloría, a la espera de los resultados que arrojen las revisiones correspondientes sobre el contrato objeto de análisis.