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Preocupación ante los comunicados SINPRO

SINPRO Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Complementarios y Conexos, manifiestó por medio de un video que se hizo viral realizado por la Presidente del gremio de Profesionales de EPM y UNE Olga Lucía Arango Herrera, y un comu

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Redacción IFM
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SINPRO Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Complementarios y Conexos, manifiestó por medio de un video que se hizo viral realizado por la Presidente del gremio de Profesionales de EPM y UNE Olga Lucía Arango Herrera, y un comunicado oficial emitido hace aproximadamente 2 meses, sobre los riesgos y peligro en las posibles decisiones que podrían ser tomadas en el proyecto de Hidroeléctrica de Ituango.

Los comunicados son emitidos con el fin de defender la institucionalidad representada en EPM, ya que hace 2 meses advirtieron sobre las graves consecuencias y peligros que derivan de un segundo fallo en la contraloría general de la República, sobre el proyecto hidroeléctrico, pues era fundamentado en asuntos políticos y no técnicos, expresa la Presidente Sindicato de Profesionales de EPM y UNE Olga Lucía Arango Herrera.

Así mismo, alertan sobre “las consecuencias de las malas decisiones tomadas por la Gerencia general del presidente de la junta directiva de EPM, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, con respecto al futuro de hidroituango.  Tristemente el tiempo les ha dado la razón, este proyecto cada vez está en riesgo como la sostenibilidad de EPM y la seguridad energética del país” afirma la mandataria.

En el comunicado escrito, se recolectaron todos los riesgos que podría enfrentar EPM ante esta decisión, según el comunicado se puede afirmar que entre estas están “la pretensión de recuperar 4,3 billones de pesos, que ya se estaba haciendo con los pagos de la aseguradora, podría generar un perjuicio adicional de 5,1 billones, y que además pone en riesgo un patrimonio de más de 50 billones, producto de 66 años de historia de la empresa”.

Por lo tanto, también buscan “defender a EPM de una administración que al pretender asumir la dirección del proyecto no parece pensar en las multas que se podrían generar por unos 260 millones de dólares y en los ingresos que por unos 500 millones de dólares se dejarían de percibir por cargo de confiabilidad; esto ante el retraso de las obras con la implementación de un improvisado plan, como el denominado plan Mireya” y entre otros riesgos que surgen con EPM y la energía del país.

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