Senadora María Clara Posada cuestionó presupuesto de la JEP y advirtió que su financiación superaría los $4,6 billones

El costo de la Jurisdicción Especial para la Paz volvió al centro de la discusión política luego de que la senadora María Clara Posada cuestionara públicamente los recursos que, según sus cifras, han sido destinados a la entidad desde 2020.

La congresista aseguró que durante el periodo comprendido entre 2020 y 2026 la JEP habría utilizado $3,8 billones para desarrollar su actividad judicial, relacionada, de acuerdo con la información presentada por la senadora, con 333 imputaciones, 21 sentencias y ocho macrocasos.

Posada puso el foco particularmente en la relación entre el dinero destinado a la jurisdicción y el número de sentencias emitidas durante ese periodo. A partir de las cifras que presentó, afirmó que cada una de las 21 sentencias habría tenido un costo aproximado de $180.000 millones.

“Cada sentencia de la JEP nos ha costado $180.000 millones”, manifestó la senadora al referirse al funcionamiento de la jurisdicción y al nivel de recursos públicos involucrados en sus actuaciones.

El cuestionamiento de la congresista también se extiende al presupuesto proyectado para el próximo año. Según señaló, en el Presupuesto de 2027 el Gobierno contempla una asignación de $821.803 millones para la JEP. De concretarse ese monto, Posada calcula que los recursos destinados a la entidad durante el periodo analizado ascenderían a cerca de $4,6 billones.

La cifra es utilizada por la senadora como argumento para pedir una revisión del gasto de la jurisdicción, especialmente en medio de las dificultades fiscales que, según plantea, enfrenta actualmente el país.

“Lo más increíble, es que en el Presupuesto de 2027 el Gobierno propone asignarles $821.803 millones, con lo cual el rubro total en estos años ascendería a $4.6 billones”, afirmó.

Posada cuestionó además lo que considera una falta de correspondencia entre el nivel de recursos asignados y los resultados que, desde su perspectiva, ha entregado la entidad. En ese sentido, sostuvo que los recursos destinados a la JEP deberían estar acompañados de mecanismos que permitan evaluar su desempeño y el uso de los fondos públicos.

“En medio de una crisis fiscal tan profunda, no tiene sentido asignar casi $1 billón a una entidad que ha brillado por su ineficiencia”, señaló la senadora.

Otro de los puntos centrales de su pronunciamiento está relacionado con las consecuencias judiciales para los máximos responsables de los hechos investigados por la JEP. Posada aseguró que, pese al volumen de recursos utilizados y al desarrollo de los procesos, no se ha producido, según su planteamiento, una condena que implique un solo día de cárcel para los máximos responsables.

La senadora también cuestionó el mecanismo mediante el cual los comparecientes pueden reconocer responsabilidad dentro de los procesos de justicia transicional. En su intervención, sostuvo que a los máximos responsables “les bastó con aceptar responsabilidades para garantizar impunidad total”.

Esta afirmación forma parte de la valoración política que Posada hace sobre el funcionamiento de la JEP y sobre los resultados de los mecanismos de justicia implementados desde su creación.

El pronunciamiento de la congresista no se limitó al cuestionamiento del monto global. Posada planteó también la necesidad de establecer condiciones para el manejo de los recursos que sean asignados a la jurisdicción durante la próxima vigencia.

“Además, cualquier asignación presupuestal debe estar sujeta a un plan de austeridad, eficiencia y rendimiento”, manifestó.

En un segundo mensaje, la senadora insistió en el costo de las sentencias y volvió a cuestionar la posibilidad de aumentar los recursos destinados a la entidad en 2027.

“Después de 7 años y $3.8 billones gastados, la JEP recibiría otros $821.803 millones en 2027”, sostuvo.

Posada cerró su planteamiento con una crítica general al gasto público y una solicitud de priorización de los recursos estatales. “Colombia necesita recortar el gasto innecesario, no seguir financiando el derroche”, afirmó.