Senadora María Clara Posada cuestionó contratación mediante empresas temporales en entidades públicas y anunció proyecto de ley

Una nueva discusión sobre la transparencia en la contratación estatal fue planteada por la senadora María Clara Posada, quien cuestionó el uso de empresas de servicios temporales para vincular personal a entidades públicas y anunció la presentación de un proyecto de ley con el que busca establecer mayores controles sobre este tipo de contratación.

La congresista sostuvo que durante años el concepto de nóminas paralelas estuvo asociado principalmente a contratistas que eran vinculados de manera simultánea con los funcionarios de planta. Sin embargo, afirmó que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se habría consolidado un mecanismo diferente para incorporar personal a las entidades estatales mediante terceros.

“Durante muchos años pensamos que las nóminas paralelas de las entidades públicas eran los contratistas que vinculaban a la par de los funcionarios”, manifestó Posada, antes de señalar que, a su juicio, el Gobierno implementó una estrategia basada en empresas de servicios temporales.

De acuerdo con la senadora, el mecanismo consiste en que las entidades públicas no realizan directamente los contratos con las personas que prestan los servicios, sino que suscriben convenios o contratos con empresas de servicios temporales, que posteriormente se encargan de formalizar la vinculación de los trabajadores.

Posada cuestionó que esta modalidad pueda dificultar el seguimiento ciudadano y político sobre el uso de los recursos públicos. Su principal preocupación está relacionada con la diferencia entre la información que queda disponible en los contratos estatales y los acuerdos particulares que posteriormente suscriben las empresas temporales con los trabajadores.

“El problema con esta tercerización es que nadie sabe a quién contratan, por qué monto ni por cuánto tiempo”, aseguró la congresista, al advertir que los contratos entre las entidades estatales y las empresas de servicios temporales pueden ser consultados públicamente, mientras que los contratos individuales celebrados entre estas compañías y sus trabajadores tienen carácter privado.

Para sustentar sus cuestionamientos, Posada mencionó casos específicos de entidades que, según afirmó, habrían destinado millonarios recursos a esta modalidad de contratación. Entre ellos señaló a Colpensiones, con un gasto que ubicó en 171 mil millones de pesos, y al Ministerio de Igualdad, con 130 mil millones de pesos.

La senadora aseguró además que, mediante este esquema, se habría permitido la contratación de más de 5.000 personas, sin que exista, según su denuncia, acceso público suficiente a los detalles de cada una de esas vinculaciones.

El planteamiento de Posada apunta a uno de los debates recurrentes en la administración pública: la necesidad de garantizar que la contratación de personal con recursos estatales pueda ser objeto de seguimiento y control, independientemente del mecanismo jurídico utilizado para formalizarla.

La congresista también relacionó su cuestionamiento con el cumplimiento de las restricciones establecidas durante los periodos electorales. En particular, manifestó su preocupación por la posibilidad de que estos mecanismos de tercerización terminen siendo utilizados para eludir las disposiciones contempladas en la denominada ley de garantías.

“Por eso radicaremos un proyecto de ley para destapar estas nóminas paralelas y exigir transparencia en la contratación”, anunció la senadora, quien planteó que el objetivo de la iniciativa será establecer reglas que permitan conocer con mayor precisión tercerización no debería convertirse en un mecanismo que limite el acceso a la información sobre el destino del dinero público. “ anunciada por la senadora abre ahora un debate en el Congreso sobre los mecanismos utilizados por las entidades estatales para incorporar personal y sobre los niveles de transparencia que deben exigirse cuando intervienen empresas privadas como cómo se contrata y cómo se ejecutan los recursos destinados a este tipo de servicios.

Posada insistió en que la tercerización no debería convertirse en un mecanismo que limite el acceso a la información sobre el destino del dinero público. “La tercerización de la nómina a través de empresas temporales no se puede convertir en un hoyo negro donde no se sabe cómo ejecutan los recursos públicos”, afirmó.