Senador Enrique Gómez radicó propuesta para fortalecer la Rama Judicial con recursos de la JEP

La iniciativa contempla reducir en $100.000 millones el presupuesto de funcionamiento de la JEP y trasladar ese mismo monto al Consejo Superior de la Judicatura. Según explicó el congresista, los recursos estarían dirigidos a la creación de nuevos despachos judiciales o a la formalización de encargos dentro de la planta de la Rama Judicial.

La propuesta fue presentada mediante dos proposiciones relacionadas con el sector justicia dentro de la discusión presupuestal. Gómez señaló que el objetivo es destinar recursos adicionales a la atención de los procesos que permanecen pendientes de decisión en los despachos judiciales del país.

El planteamiento parte de la situación de congestión que enfrenta la administración de justicia. De acuerdo con información de la Rama Judicial, durante los últimos años el sistema ha registrado millones de procesos que ingresan anualmente a los despachos, mientras persiste un inventario de expedientes pendientes. Un análisis económico del sector señala que entre 2010 y 2017 ingresaron en promedio 2,6 millones de procesos cada año y se resolvieron aproximadamente 2,2 millones.

El informe también ha documentado el desequilibrio entre la demanda de servicios judiciales y la capacidad de los despachos para atenderla. Esta situación ha llevado a la acumulación de expedientes y ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer la infraestructura y el recurso humano de la Rama Judicial.

La propuesta del senador busca que los $100.000 millones sean utilizados para ampliar la capacidad institucional. Entre las alternativas mencionadas se encuentran la creación de nuevos despachos y la formalización de cargos o encargos dentro de la estructura judicial.

Gómez sostuvo que la medida permitiría atender parte de las necesidades que actualmente tiene la justicia ordinaria. En su intervención, cuestionó el nivel de recursos destinado a la JEP y planteó que una parte de ese presupuesto debería orientarse hacia la Rama Judicial.

El senador también hizo referencia al costo acumulado de la Jurisdicción Especial para la Paz y cuestionó sus resultados. Esas afirmaciones corresponden a la posición expresada por el congresista durante la presentación de la propuesta y no constituyen una evaluación independiente sobre el desempeño de la JEP.

La JEP fue creada a partir del Acuerdo Final de Paz de 2016 como el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su competencia está relacionada con los hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 por quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado, bajo las condiciones establecidas en su marco jurídico.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura tiene entre sus funciones la administración de la Rama Judicial, incluida la gestión de recursos y la organización de la estructura necesaria para el funcionamiento de los despachos.

La discusión presupuestal para 2027 será la instancia en la que se determinará si la modificación propuesta puede incorporarse al Presupuesto General de la Nación. Para que prospere el traslado, deberá surtir el trámite correspondiente dentro del Congreso y contar con los conceptos y avales requeridos por las normas presupuestales.

Gómez manifestó que espera que la iniciativa reciba el respaldo del Ministerio de Hacienda y del Congreso. La decisión final dependerá del trámite que tengan las proposiciones durante el debate del presupuesto.

La propuesta se presenta en un contexto de discusión sobre la capacidad de la justicia colombiana para responder al volumen de procesos que llegan cada año a los despachos. Datos de análisis sectoriales muestran que en 2024, por cada 100 procesos que ingresaron al sistema judicial, se evacuaron 82, mientras la jurisdicción ordinaria registró un índice de evacuación parcial de 73,5 %.

De concretarse el traslado planteado, los recursos serían incorporados al presupuesto de la Rama Judicial para financiar las medidas que determine el Consejo Superior de la Judicatura.