Senador Enrique Gómez propondrá acto legislativo para reformar la JEP y reasignar recursos al sector justicia

El senador Enrique Gómez ha anunciado su intención de presentar ante el Congreso de la República un acto legislativo que busca modificar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La propuesta central de esta iniciativa es evitar una eventual prórroga en el periodo de operación de la JEP y trasladar la fase de juicio a los tribunales de Justicia y Paz, con el fin de optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la justicia ordinaria en Colombia.

Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, el senador Gómez detalló los alcances de su propuesta. Además de la reforma legislativa, planteó la necesidad de reducir significativamente el presupuesto asignado a la JEP en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para el año 2027. Según el congresista, los fondos que actualmente se destinan a la jurisdicción deberían ser reorientados para robustecer la capacidad operativa y estructural de la justicia ordinaria del país.

Cuestionamientos al rendimiento y presupuesto de la jep

El senador Gómez expresó serias objeciones sobre los resultados obtenidos por la JEP desde su puesta en funcionamiento, calificándola como una entidad con un “mínimo rendimiento” y un “fortín burocrático”. Estas declaraciones se basan en sus propias cifras y análisis sobre la efectividad de la jurisdicción. En este contexto, una de las primeras medidas que el senador busca impulsar es la disminución del presupuesto de la JEP.

En la entrevista, Gómez señaló que la JEP solicitó más de 800.000 millones de pesos para la vigencia de 2027. Su planteamiento es que una parte sustancial de estos recursos sea redirigida hacia otras áreas de la justicia que, a su juicio, presentan mayores necesidades y congestión. La propuesta específica contempla la eliminación de contratos de prestación de servicios, la reducción de gastos de arrendamiento y la disminución de los costos asociados a viáticos, cuestionando la multiplicidad de sedes de la JEP en el territorio nacional y los gastos inherentes a su operación.

Este planteamiento surge en un momento clave, mientras el Congreso tramita el Presupuesto General de la Nación para 2027. Las comisiones económicas ya aprobaron, el 14 de septiembre, un monto de 634,9 billones de pesos para dicha vigencia, aunque el proyecto aún debe surtir su trámite legislativo completo. El senador Gómez argumenta que los recursos liberados de la JEP podrían ser cruciales para aliviar la congestión de la justicia ordinaria, señalando la falta de despachos judiciales para atender el volumen de procesos pendientes.

Modificación de la duración y estructura judicial

El segundo pilar de la propuesta de Gómez es un acto legislativo enfocado en modificar el esquema de duración de la JEP. “Cuál sería la idea de ese acto Primero eliminar la posibilidad de prórroga”, afirmó el senador. Su iniciativa busca que los cinco años adicionales correspondientes a la fase de juicio, que actualmente contempla la JEP, sean asumidos por los tribunales de Justicia y Paz, estructuras judiciales ya existentes y en funcionamiento.

La duración de la JEP está definida por disposiciones constitucionales y legales. La propia jurisdicción ha explicado que su esquema contempla un periodo inicial de 15 años, dividido en una etapa para el ejercicio de la acción penal y una fase posterior para concluir la actividad jurisdiccional. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido la posibilidad de una prórroga de cinco años bajo ciertas condiciones jurídicas.

Es relevante recordar que, en julio de 2026, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, manifestó que la jurisdicción no había solicitado una prórroga de su mandato constitucional y aseguró que sus actuaciones avanzaban dentro de los tiempos establecidos para la culminación de las investigaciones de los macrocasos. Sin embargo, la iniciativa del senador Gómez no solo busca impedir una extensión del funcionamiento de la JEP, sino también reasignar la fase de juicio a otra estructura judicial.

“Que esos 5 años de vigencia adicional no se surtan ante la JEP, sino ante la justicia o los tribunales de justicia y paz que ya están operando, y ahorrar con eso recursos para el crecimiento de la rama”, sostuvo Gómez. Esta propuesta se alinea con un debate que, durante 2026, ha generado diversas posturas sobre el futuro de la JEP. La jurisdicción, por su parte, ha defendido públicamente su respaldo constitucional e internacional, advirtiendo que decisiones administrativas no pueden eliminarla. En julio de 2026, la JEP confirmó la condena contra integrantes del antiguo Secretariado de las Farc por hechos relacionados con el secuestro y otros crímenes investigados en el Macrocaso 01.

Recorte presupuestal y funcionamiento de la jep

El senador Gómez reiteró que la reducción presupuestal sería una primera etapa de su propuesta, con el objetivo de disminuir progresivamente la estructura de la jurisdicción y destinar los recursos a las necesidades de la justicia ordinaria. Cuestionó el número de funcionarios y contratistas de la JEP, asegurando que, según sus cálculos, la entidad cuenta con 1.456 funcionarios de planta y 1.218 contratistas. Añadió que el costo anual de la planta ascendería a 248.000 millones de pesos y el de los contratos de prestación de servicios a 62.000 millones.

Gómez también afirmó que la JEP ha producido cuatro fallos y ha definido 46 situaciones jurídicas entre las personas sometidas a su jurisdicción. Es importante señalar que estas cifras corresponden a los datos expuestos por el senador durante la entrevista y no se presentan como una medición independiente de los resultados de la jurisdicción. El debate sobre su funcionamiento permanece abierto. En julio, el presidente de la JEP defendió la labor del tribunal y advirtió que un eventual desfinanciamiento tendría graves consecuencias para las víctimas del conflicto armado.