Rodrigo Lara respondió a la Defensoría y cuestionó comparación entre el Estado y grupos narcoterroristas

Un fuerte cruce institucional se produjo entre el Gobierno Nacional y la Defensoría del Pueblo luego de que la defensora Iris Marín cuestionara la manera en que se presentan públicamente las acciones del Estado contra los grupos armados ilegales y advirtiera sobre la necesidad de mantener límites incluso en el contexto de confrontaciones militares.

La respuesta llegó por parte del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien defendió el papel constitucional del Estado en la lucha contra las estructuras criminales y manifestó su desacuerdo con lo expresado por la funcionaria. El jefe de la cartera política sostuvo que la Defensoría del Pueblo es una institución que el Gobierno respeta, pero consideró equivocada cualquier interpretación que pueda equiparar la actuación estatal con la de las organizaciones narcoterroristas.

“Respetada Defensora del Pueblo: La Defensoría del Pueblo es una aliada institucional que respetamos y valoramos. Su mandato es cuidar víctimas y derechos para lo cual cuenta con todo el compromiso del Gobierno Nacional”, señaló Lara al iniciar su respuesta.

El ministro marcó distancia, sin embargo, frente a la afirmación de Marín sobre la necesidad de evitar que el Estado entre en una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. Para Lara, dicha apreciación genera una equivalencia que no corresponde con la naturaleza y las obligaciones de las instituciones públicas.

“Lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, afirmó.

La controversia se originó luego de que la defensora del Pueblo hiciera un llamado a las autoridades a preservar los límites que deben regir la actuación estatal, incluso durante operaciones militares contra organizaciones armadas ilegales. Marín sostuvo que enfrentar militarmente a estos grupos y proteger a la población hace parte de las obligaciones constitucionales del Estado, pero advirtió que esto no significa que desaparezcan las normas y principios relacionados con la dignidad humana.

“El Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel. Precisamente porque es el Estado, su actuación tiene límites”, expresó la defensora.

Marín también cuestionó el uso de imágenes y símbolos relacionados con personas muertas durante acciones de la Fuerza Pública, al considerar que la forma en que el poder público comunica sus operaciones también tiene implicaciones institucionales. En su pronunciamiento señaló que no debería normalizarse que los cuerpos de personas fallecidas sean utilizados como parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una manera de exhibir autoridad.

La funcionaria recordó que Colombia tiene antecedentes de violencia en los que los cuerpos, la humillación y el miedo fueron utilizados como mecanismos para transmitir mensajes de dominio. En ese sentido, insistió en que el Estado debe diferenciarse precisamente de las organizaciones criminales que combate.

“La fortaleza del Estado no está en parecerse a quienes combate, sino en conservar sus límites incluso frente a quienes los han desconocido”, manifestó Marín.

Frente a esta posición, Lara sostuvo que el Estado tiene el deber de actuar contra estructuras responsables de hechos violentos y reclamó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en esa tarea. El ministro mencionó específicamente hechos como el uso de drones para atacar a personas, el reclutamiento de menores de edad y las acciones de terror contra comunidades.

“Queremos contar con la Defensoría para combatir a quienes matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población. Necesitamos su voz con toda su fuerza”, expresó el ministro.

Lara aprovechó además su pronunciamiento para cuestionar la política de “Paz Total”, implementada durante el Gobierno anterior, y sostuvo que el país estaría entrando en una nueva etapa frente a las organizaciones armadas ilegales.

“Colombia está poniendo fin al cinismo de la ‘Paz Total’, la política que entregó poblaciones enteras, inermes, a la tiranía del terror de los peores criminales del país”, afirmó.

El ministro concluyó reiterando que el Gobierno mantendrá su decisión de hacer cumplir la ley y manifestó su intención de mantener a la Defensoría como una institución aliada en la protección de las víctimas.

“Seguiremos haciendo cumplir la ley. Queremos contar con la Defensoría como aliada de las víctimas y de nuestra misión de protegerlas y liberarlas del régimen de terror del crimen”, señaló Lara.