Respaldo presidencial a la Propuesta legislativa que busca reasignar fondos de la JEP a la Rama Judicial

El senador Enrique Gómez, en representación del movimiento Salvación Nacional, ha introducido en el Congreso de la República una propuesta legislativa de significativo alcance. Su iniciativa central plantea la reorientación de una considerable porción del presupuesto asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia la Rama Judicial, con el propósito de potenciar su capacidad operativa y su respuesta ante la creciente demanda de justicia en el país.

Reducción presupuestal para la JEP y fortalecimiento judicial

Desde el hemiciclo legislativo, el congresista Gómez detalló dos proposiciones específicas destinadas a modificar el presupuesto de la Nación para el año 2027 en el sector justicia. La propuesta principal contempla una reducción de 100.000 millones de pesos en el presupuesto de funcionamiento que actualmente se destina a la JEP. Estos recursos, según lo planteado por el senador, serían transferidos directamente al Consejo Superior de la Judicatura.

El objetivo primordial de esta transferencia es claro: destinar los 100.000 millones de pesos a la creación de nuevos despachos judiciales o a la formalización de encargos dentro de la planta judicial ya existente. Esta medida, de ser aprobada por el Congreso, buscaría aliviar la considerable carga de trabajo y optimizar la eficiencia del sistema judicial ordinario, el cual, de acuerdo con las declaraciones del senador, enfrenta desafíos de gran magnitud en la actualidad.

Cuestionamientos a la eficiencia de la JEP

El senador Gómez fundamentó su propuesta en una crítica contundente al desempeño y los resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz. En sus declaraciones, el congresista señaló que la JEP ha representado un costo de cuatro billones de pesos para el erario público desde su creación. A pesar de esta cuantiosa inversión, el senador calificó sus indicadores de resultados como “desastrosos” y “lamentables”, poniendo en tela de juicio su efectividad.

Para Gómez, la JEP ha operado, en la práctica, como una “jurisdicción de la impunidad”, una afirmación que contrasta marcadamente con la situación que atraviesa la justicia ordinaria. Esta última, a su juicio, se encuentra rezagada en su crecimiento y en su capacidad para atender la demanda de los ciudadanos. El senador enfatizó que la justicia para los demás colombianos “sufre” debido a esta disparidad, enfrentando un volumen aproximado de 2.2 millones de procesos judiciales que requieren atención.

Impacto de la crisis de salud en la justicia ordinaria

El congresista también estableció una conexión directa entre el incremento en el número de procesos judiciales y la actual crisis que atraviesa el sector de la salud en Colombia. Según sus declaraciones, esta situación ha “inflado” la cantidad de casos que debe manejar la justicia ordinaria, exacerbando la necesidad de recursos y personal. La propuesta de reasignación de fondos, por lo tanto, se presenta como una solución estratégica para mitigar estas presiones y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial frente a las problemáticas sociales y económicas que afectan al país.

Expectativas y reacciones ante la propuesta

El senador Gómez expresó su firme esperanza de que esta proposición reciba el aval tanto del Ministerio de Hacienda como del pleno del Congreso de la República. La eventual aprobación de esta iniciativa implicaría un cambio significativo en la distribución de recursos dentro del sector justicia y podría generar un debate profundo y necesario sobre la efectividad, el futuro y el rol de la JEP en el panorama judicial colombiano.

La propuesta no tardó en generar diversas reacciones en la esfera pública y política. El reconocido abogado Abelardo De La Espriella se pronunció a través de su cuenta personal de X con un mensaje contundente: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”. Esta declaración sugiere un claro respaldo a la iniciativa del senador Gómez y refleja una postura crítica hacia el manejo presupuestal de la JEP, alineándose con la visión de quienes abogan por un fortalecimiento urgente de la justicia ordinaria en Colombia.