Radican en la Cámara proyecto de ley que buscaría derogar la Ley de «Paz Total»

El representante a la Cámara Óscar Villamizar, del Partido Centro Democrático, radicó un proyecto de ley para derogar la Ley de «Paz Total».

Se trata de ley 2272 de 2022, normativa que otorga respaldo jurídico a los procesos de negociación del Gobierno con grupos armados ilegales, incluidos aquellos involucrados en actividades de narcotráfico.

La iniciativa legislativa se presenta en medio de la implementación de la política de «Paz Total» del presidente Gustavo Petro, considerada una de las principales apuestas del actual Gobierno para alcanzar acuerdos con organizaciones al margen de la ley.

Villamizar, cuestionó los resultados obtenidos hasta ahora y expuso sus motivos para buscar la eliminación de la ley.

Entre los argumentos presentados, el Congresista señaló que la normativa ha propiciado un aumento en la inseguridad y ha otorgado beneficios a estructuras ilegales. Según sus declaraciones, la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha extendido al 56% del territorio nacional durante el proceso de negociación. Por su parte, el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estaría presente en más del 75% del país.

Villamizar sostuvo que la Ley de «Paz Total» ha vulnerado procesos legales existentes, especialmente al suspender órdenes de captura y designar a integrantes de grupos armados como gestores de paz.

Resaltó que estas medidas han debilitado la capacidad operativa de la Fuerza Pública, limitando su accionar en zonas donde se ha pactado el cese al fuego.

En cuanto al reclutamiento de menores, el representante citó cifras de la Defensoría del Pueblo, que reportan más de 400 niños involucrados con grupos armados ilegales. Villamizar calificó esta situación como alarmante y cuestionó el manejo dado a los procesos de negociación en el marco de la ley vigente.

El Congresista expresó su preocupación por lo que considera un uso desmedido de las facultades otorgadas al Gobierno, al señalar que se ha permitido que organizaciones armadas continúen delinquiendo bajo la figura de suspensión de órdenes judiciales. Insistió en que la paz no puede construirse a expensas de la seguridad ni de los procedimientos judiciales establecidos.

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