Proyecto de ley busca sancionar el uso de capuchas en protestas para actos vandálicos

En un esfuerzo por mitigar los actos de vandalismo y desmanes que a menudo empañan las movilizaciones sociales en Colombia, los representantes a la Cámara Julio César Triana y Jaime Arizabaleta han presentado una iniciativa legislativa. Esta propuesta busca establecer sanciones específicas para aquellos individuos que, utilizando capuchas, máscaras o cualquier otro elemento para ocultar su identidad, cometan delitos en el contexto de una manifestación pública. La medida se enfoca en diferenciar el derecho legítimo a la protesta de las acciones delictivas.

La iniciativa: un marco legal contra el vandalismo encubierto

La propuesta, fruto del trabajo de un grupo interdisciplinario de congresistas, subraya que su objetivo primordial no es coartar la protesta social, un derecho fundamental garantizado por la Constitución colombiana. Por el contrario, busca fortalecer el marco legal para actuar contra grupos minoritarios que, según los legisladores, se infiltran en las marchas pacíficas con el propósito de destruir bienes públicos y privados, afectando la convivencia y el orden público.

El representante Triana explicó que el proyecto de ley tiene como fin principal tipificar una nueva conducta dentro del Código Penal. Se pretende crear un “tipo penal especial y a la medida de quienes se ponen una capucha, no para marchar, ni para protestar, sino para adelantar actos delictivos”. Esta distinción es crucial para evitar la criminalización de la protesta legítima, enfocándose únicamente en quienes abusan de la manifestación para delinquir.

Para el legislador, la recurrencia de encapuchados que agreden a miembros de la fuerza pública, lanzan artefactos incendiarios o causan daños a la infraestructura crítica del país, demanda una respuesta estatal más contundente y efectiva. “Este proyecto busca modificar el Código Penal para sancionar a quienes, ocultando su identidad, ejecutan actos vandálicos en el marco de las manifestaciones o de las protestas pacíficas”, precisó Triana, enfatizando la necesidad de herramientas jurídicas claras para enfrentar esta problemática.

Penas más severas para actos vandálicos

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es la duración de las penas contempladas. El representante Triana argumenta que, si bien los actos violentos ya constituyen delitos bajo la legislación actual, el sistema judicial a menudo impone sanciones excarcelables, lo que genera una percepción de impunidad entre la ciudadanía y los mismos infractores.

“En este delito hemos creado y vamos a promover que la pena sea de cuatro años a ocho años, buscando que no sea excarcelable”, afirmó el congresista. Con esta medida, se busca dotar al operador judicial de una herramienta más robusta y clara para procesar a los responsables de estos actos, asegurando que las consecuencias sean proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos bajo el amparo del anonimato.

Claridad sobre el alcance de la ley: no criminaliza la protesta

Ante las posibles críticas sobre si esta iniciativa podría limitar o criminalizar el derecho a la manifestación pacífica, el representante Triana fue enfático en desvincular su propuesta de cualquier intención de ese tipo. Aclaró que el simple uso de una capucha no constituirá el delito, sino que la infracción se configura cuando el ocultamiento del rostro se realiza con el propósito deliberado de cometer un ilícito.

“En ningún momento aquí estamos buscando criminalizar la protesta, porque el tipo penal se aplicará siempre y cuando quien oculte su identidad, sea con una máscara, un pasamontañas o lo que sea, incurra en la comisión de un acto vandálico y esté inmerso en una protesta o en una marcha”, explicó el congresista, reiterando la protección del derecho fundamental a la protesta pacífica.

La iniciativa es amplia en su definición de ocultamiento de identidad, buscando cubrir cualquier mecanismo que impida el reconocimiento físico del individuo. Según el ponente, el articulado pretende abarcar diversas formas de encubrimiento. “El ocultamiento de la identidad puede ser con una máscara, con un pasamontañas o con un trapo cubriendo la cara. Aquí lo que buscará este tipo penal es que quien oculta la identidad tenga unos elementos que agraven la pena para que el operador jurídico tenga un tipo penal para echarle mano”, indicó Triana en entrevista con Mañanas Blu.

Agravantes punitivos y protección de infraestructuras críticas

Además de la penalización por el uso de elementos para ocultar la identidad, el proyecto de ley establece agravantes punitivos basados en el contexto y los medios empleados para cometer los actos vandálicos. El representante mencionó que la ley contempla sanciones más severas cuando el vandalismo se perpetra en lugares específicos o con herramientas peligrosas.

“Estamos poniendo unos agravantes cuando se utilizan artefactos peligrosos diseñados artesanalmente, pero también cuando se hace en instituciones de salud, instituciones de educación, instituciones que prestan socorro o cuando se afecta infraestructura pública”, puntualizó Triana. Esta disposición busca proteger de manera especial aquellos bienes y servicios esenciales para la comunidad, reforzando la gravedad de los delitos cometidos contra ellos.