Proyecto de ley busca frenar la desnutrición crónica infantil en Colombia: ABACO y Norma Hurtado lo radicaron en el Congreso

Con el respaldo de más de 100 congresistas de diversos sectores políticos y el impulso de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) junto a la senadora Norma Hurtado, fue radicado en la Secretaría General del Senado un proyecto de ley que busca transformar la atención del retraso en talla infantil en una política permanente de Estado.

La propuesta legislativa, que fue entregada con el respaldo de más de 450.000 firmas ciudadanas, una por cada niño en condición de vulnerabilidad alimentaria en el país,, plantea la creación de un marco integral enfocado en los primeros 2.000 días de vida, periodo crucial que abarca desde la concepción hasta los cinco años de edad.

Impacto social y secuelas en el capital humano

Para dimensionar la urgencia de una legislación de esta envergadura, el documento legislativo detalla que el bienestar nutricional es una premisa indispensable para el desarrollo social y la competitividad económica del país. La radiografía que fundamenta el proyecto proyecta cifras alarmantes sobre la magnitud del fenómeno: para el año 2025, aproximadamente 5.269.088 personas pertenecen a cohortes históricamente expuestas a la desnutrición crónica infantil durante su primera infancia, lo que equivale al 15,9% de la población objeto de seguimiento en el país.

Las secuelas acumuladas de este flagelo se traducen en la práctica en adultos con menores niveles de escolaridad, reducciones permanentes en el coeficiente intelectual y una notoria pérdida de productividad laboral, factores que perpetúan las trampas de pobreza intergeneracional y frenan el crecimiento económico nacional.

En el frente operativo, el proyecto contempla la creación de la Comisión Intersectorial para la Prevención, Detección Temprana y Manejo de la Desnutrición Crónica Infantil, un órgano adscrito a la Presidencia de la República. Esta instancia articulará las acciones de carteras clave como Salud, Educación, Agricultura, Vivienda y Ambiente, junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia Nacional de Salud. El grupo interinstitucional tendrá un plazo de seis meses tras la promulgación de la ley para diseñar e implementar el Plan Decenal Intersectorial con metas cuantitativas evaluables.

Para asegurar la viabilidad presupuestal de la medida en las regiones más golpeadas por la vulnerabilidad, la norma proyecta la convergencia de recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y fondos territoriales. Asimismo, introduce modificaciones normativas para autorizar que las inversiones del sector privado dirigidas a combatir la desnutrición crónica infantil sean cobijadas bajo el mecanismo tributario de Obras por Impuestos en municipios ZOMAC y PDET.

Por último, el proyecto impone la obligatoriedad de realizar la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) al menos cada cinco años y dispone el despliegue de un sistema de información interoperable para realizar seguimiento nominal e individualizado a cada menor en riesgo. Con la radicación completada, la iniciativa iniciará su primer debate en las Comisiones Séptimas del Congreso.