Petro negó división en el Pacto Histórico tras polémica por decisión sobre expediente de Álvaro Uribe

Una nueva controversia alrededor del Pacto Histórico llevó al expresidente Gustavo Petro a pronunciarse públicamente sobre la posición asumida por cinco congresistas de esa colectividad frente al proceso relacionado con el expresidente Álvaro Uribe. La discusión se originó luego de que los parlamentarios respaldaran la decisión de la Comisión de Acusación de solicitar a la Fiscalía el traslado del expediente que involucra al exmandatario por hechos relacionados con El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

La actuación generó cuestionamientos dentro de sectores del petrismo, especialmente por tratarse de una decisión que involucra uno de los episodios judiciales y políticos más sensibles de la historia reciente del país. Ante las versiones que comenzaron a señalar una eventual fractura al interior del Pacto Histórico, Petro rechazó esa interpretación y aseguró que la colectividad mantiene una posición común.

“El Pacto histórico no se divide”, afirmó el expresidente, en un mensaje con el que buscó desmarcar la actuación de los cinco congresistas de una supuesta ruptura política dentro de la coalición oficialista.

Petro atribuyó lo ocurrido a una falta de atención de algunos parlamentarios durante el trámite de la proposición y cuestionó que no hubieran reaccionado a tiempo frente a la decisión que estaba siendo sometida a consideración. “Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo”, sostuvo.

Más allá de la controversia generada por el comportamiento de los congresistas, el exmandatario aprovechó su pronunciamiento para reiterar una posición que ha defendido frente al tratamiento judicial de los hechos relacionados con el conflicto armado colombiano. Petro insistió en que los delitos considerados de lesa humanidad deben contar con un mecanismo judicial de cierre dentro del sistema de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz.

“Yo mantengo mi posición: todos los delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de Colombia deben tener una Corte de cierre que es la Justicia Especial para la Paz”, señaló.

La postura del expresidente pone nuevamente en el centro del debate el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, frente a procesos relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armado. Para Petro, este tribunal constituye una herramienta fundamental para esclarecer responsabilidades y avanzar en la construcción de una salida institucional al conflicto.

En ese sentido, defendió el papel de la JEP como escenario para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de una reconciliación nacional. “La JEP es el camino de la verdad para lograr la reconciliación nacional, sin verdad no hay reconciliación y Colombia necesita juntarse”, manifestó.

La controversia tiene como trasfondo el debate sobre el trámite que deben seguir investigaciones relacionadas con hechos ocurridos durante el conflicto armado y, particularmente, sobre las competencias de las distintas instituciones judiciales frente a estos casos. El expediente mencionado involucra hechos de alta sensibilidad nacional, entre ellos los relacionados con El Aro y La Granja, así como el caso de Jesús María Valle, abogado y defensor de derechos humanos asesinado en Medellín en 1998.

El respaldo de los cinco congresistas a la determinación de la Comisión de Acusación abrió un nuevo frente de discusión dentro del oficialismo, debido a las diferencias que existen alrededor de la manera en que deben avanzar las investigaciones y de la jurisdicción que debería asumirlas.

Sin embargo, Petro insistió en que el episodio no representa una división del Pacto Histórico. Su mensaje buscó cerrar las especulaciones sobre una fractura interna y, al mismo tiempo, reafirmar que su posición frente al papel de la JEP permanece intacta.