Paloma Valencia cuestionó fallo de la Corte sobre la reforma pensional y advirtió una “bomba atómica” para las nuevas generaciones

La decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional volvió a abrir el debate político en Colombia. La vocera del Centro Democrático, Paloma Valencia, manifestó su desacuerdo con el fallo que permitió mantener la mayor parte de la Ley 2381 de 2024 y ordenó al Congreso corregir los vicios de procedimiento encontrados en varios artículos. La determinación del alto tribunal fue adoptada el 25 de agosto y dejó nuevamente en manos del Legislativo la posibilidad de subsanar las irregularidades identificadas durante el trámite de la iniciativa.

Valencia, quien además fue una de las principales demandantes de la reforma pensional, cuestionó que el Congreso tenga una nueva oportunidad para corregir el trámite de una norma que, según sostuvo, estuvo rodeada de cuestionamientos desde su aprobación.

“Quiero disentir del fallo de la Corte Constitucional, que no solamente le dio una oportunidad al Congreso de subsanar un vicio terrible en el procedimiento, sino que se la da por segunda vez a un trámite que estuvo marcado por la utilización de los recursos públicos de la Unidad de Riesgo para comprar los votos de los congresistas y aprobar la reforma pensional”, afirmó la dirigente política.

La declaración de Valencia pone el foco no solo en la discusión jurídica alrededor del trámite legislativo, sino también en las denuncias políticas relacionadas con el uso de recursos públicos y el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos planteados por la dirigente frente al proceso de aprobación de la reforma y no hacen parte, por sí mismas, del alcance del fallo de la Corte, cuyo análisis se concentró en los vicios de procedimiento examinados.

La Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de la reforma y devolvió al Congreso varios artículos para que sean corregidos. La Cámara de Representantes deberá adelantar el procedimiento correspondiente para subsanar los vicios señalados por el alto tribunal.

Uno de los principales reparos de Valencia está relacionado con la posibilidad de que los trabajadores puedan decidir libremente entre los diferentes componentes del sistema pensional.

“Esta reforma elimina el derecho legítimo del ciudadano de elegir el sistema pensional en el que quiere estar, el público o el privado”, señaló.

Para la vocera del Centro Democrático, este cambio podría tener consecuencias particularmente importantes para quienes han cotizado durante buena parte de su vida laboral, pero posteriormente pierden su empleo formal y dejan de realizar aportes bajo las mismas condiciones.

“Eso le genera daños a ese trabajador que, habiendo cotizado durante mucho tiempo, después se queda sin trabajo formal y termina teniendo que retirar unos saldos que en el sistema público son irrisorios”, explicó.

La discusión sobre la reforma pensional tendrá así una dimensión que va más allá del debate entre Colpensiones y los fondos privados. Para Valencia, el verdadero impacto debe analizarse desde la perspectiva de los trabajadores que hoy cotizan y de las condiciones que encontrarán cuando llegue el momento de pensionarse.

La reforma contempla un nuevo modelo pensional estructurado alrededor de pilares y mantiene como uno de sus elementos centrales el traslado de una parte de las cotizaciones hacia el componente público. La decisión de la Corte permitió que la estructura general de la reforma continúe adelante, mientras los artículos devueltos deberán ser revisados por el Congreso.

La advertencia sobre el costo para las próximas generaciones

El aspecto que más preocupa a Valencia es el impacto fiscal que, según su análisis, tendría el nuevo sistema sobre las generaciones más jóvenes.

“Lo más grave de todo es que pasa una deuda pensional que ya era una bomba a una bomba atómica pensional, que será impagable para las nuevas generaciones de colombianos”, sostuvo.

La dirigente política insistió en que el país debe discutir el futuro del sistema pensional teniendo en cuenta no solamente las necesidades de quienes actualmente están cerca de la edad de jubilación, sino también la capacidad financiera de Colombia para responder por esas obligaciones en el futuro.

Su advertencia está relacionada con uno de los debates centrales de la reforma: la sostenibilidad financiera del sistema y el costo que las obligaciones pensionales pueden representar para el Estado en las próximas décadas.

Valencia llevó esa preocupación al escenario generacional y puso como ejemplo el comportamiento demográfico del país.

“Los niños tan poquitos que están naciendo hoy van a tener que mantener a una población cada vez más envejecida. No podemos construir un sistema pensional que les haga la vida insostenible a las próximas generaciones”, concluyó.