Pacto Histórico presentó ponencia alternativa al Presupuesto 2027 con énfasis en inversión social y reducción de deuda

Una propuesta alternativa para el Presupuesto General de la Nación de 2027 fue presentada ante el Congreso de la República por sectores del Pacto Histórico, con el propósito de modificar la distribución de los recursos públicos y otorgar mayor peso a la inversión social y productiva. La iniciativa fue radicada para el primer debate y tiene como coautor al senador Alejandro Ocampo, vicepresidente del Senado.

De acuerdo con el comunicado que acompaña la ponencia, el proyecto contempla un presupuesto de 598,68 billones de pesos, respaldado parcialmente por una ley de financiamiento por 32 billones de pesos, equivalentes al 1,3 por ciento del Producto Interno Bruto. El documento también plantea activar la cláusula de escape de la regla fiscal aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, para el periodo 2025-2027.

Según los autores de la propuesta, esta modificación se realizaría manteniendo los límites previstos para el endeudamiento público. El texto señala que se respetaría el ancla de deuda neta del 55 por ciento del PIB y el techo de deuda bruta del 71 por ciento.

Uno de los principales componentes de la ponencia está relacionado con la destinación de recursos adicionales para atender necesidades sociales y emergencias. Entre las partidas anunciadas se encuentran 20 billones de pesos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto registrado el 10 de agosto en el Valle del Cauca.

La propuesta también contempla 150.000 millones de pesos para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante los efectos asociados al fenómeno de El Niño. A esto se suma 1 billón de pesos adicional para financiar la educación superior, en cumplimiento de la Ley 2568 de 2026.

En el sector educativo, la ponencia plantea además un incremento de 3,51 billones de pesos para el Ministerio de Educación. Para vivienda, propone asignar 8,77 billones de pesos a Fonvivienda, con la intención de ampliar el acceso a soluciones habitacionales para las familias.

El Ministerio del Trabajo también tendría un aumento presupuestal del 12,4 por ciento, recursos que, de acuerdo con el documento, estarían orientados a fortalecer la formación técnica y la generación de empleo.

Como parte de la argumentación para respaldar la iniciativa, sus autores citan resultados que atribuyen a la inversión social realizada durante el cuatrienio anterior. El comunicado sostiene que el gasto social permitió que 2,2 millones de personas salieran de la pobreza monetaria y que un millón superara la pobreza extrema. Estas cifras son presentadas por los promotores de la ponencia como evidencia de los efectos que puede tener el gasto público dirigido a programas sociales.

El documento también incorpora un componente relacionado con la transformación productiva. En ese punto, señala que durante 2025 las exportaciones de café alcanzaron los 5.788 millones de dólares, mientras que las de carbón llegaron a 4.901 millones de dólares. La ponencia interpreta este comportamiento como una señal de cambio en la composición de las exportaciones colombianas y plantea la necesidad de mantener respaldo presupuestal para ese proceso.

Alejandro Ocampo, uno de los autores de la iniciativa, defendió el enfoque durante la presentación de la propuesta y sostuvo que las cuentas públicas pueden combinar control fiscal con mayores recursos para programas sociales.

“Este presupuesto demuestra que sí es posible cuidar las finanzas públicas y, al mismo tiempo, proteger la inversión social”, afirmó el senador. A renglón seguido agregó: “No hay que elegir entre responsabilidad fiscal y bienestar de la gente; esta ponencia prueba que se puede hacer las dos cosas bien”.